La conducción reciente de la política monetaria del Banco de México ha reabierto una discusión que, en teoría, parecía resuelta desde la autonomía del banco central: si su mandato es preservar el poder adquisitivo de la moneda, ¿por qué continúa recortando la tasa de referencia en un entorno donde la inflación ha repuntado y sigue por encima del objetivo permanente de 3%? La pregunta no es menor. En marzo de 2026, la inflación general anual se ubicó en 4.6%, su nivel más alto desde octubre de 2024 y en la primera quincena de abril siguió en 4.53%, todavía fuera del rango objetivo de Banxico. Además, Banxico recortó su tasa objetivo a 6.75% el 26 de marzo de 2026, lo que confirma que la relajación monetaria continuó incluso con presiones inflacionarias aún visibles.
La tesis oficial del banco central divulgada en sus minutas es técnicamente defendible: el crecimiento económico se ha desacelerado, la demanda interna pierde tracción y la inflación subyacente ha mostrado una moderación gradual que abre espacio para una normalización monetaria. Bajo esta lógica, reducir la tasa de referencia no implica abandonar el mandato antiinflacionario, sino recalibrarlo. La Junta de Gobierno parece sostener que una parte importante del repunte reciente en precios proviene de componentes no subyacentes —particularmente alimentos y energéticos— sobre los cuales la tasa de interés tiene una eficacia limitada. Sin embargo, la inflación subyacente también sigue presionada: Banxico elevó su pronóstico de inflación general para el cuarto trimestre de 2026 a 3.5% y el de inflación subyacente a 3.4%, desde 3.0% en ambos casos, lo que sugiere que el banco central reconoce que el proceso de desinflación será más lento de lo previsto.
La base del argumento es clara: Banxico no estaría ignorando la inflación, sino distinguiendo entre aquella que puede contener con política monetaria y aquella que requiere instrumentos de oferta, política fiscal o medidas regulatorias. El problema es que esa distinción, aun cuando es válida en el plano analítico, pierde contundencia en la práctica. En una economía abierta como la mexicana, el canal cambiario convierte rápidamente un choque externo en inflación interna. Y ahí es donde la continuidad de los recortes deja de ser una decisión técnica neutra para convertirse en una apuesta con costos potenciales. El hecho de que el tipo de cambio FIX se mantuviera alrededor de 17.27 pesos por dólar en abril de 2026 muestra que el mercado aún conserva fortaleza cambiaria, pero esa estabilidad depende en parte del diferencial de tasas, de la transaccionalidad de la moneda y de la credibilidad de Banxico.
El punto crítico es que Banxico está relajando su postura en un momento en que las expectativas de inflación ya muestran deterioro. Las perspectivas de los analistas se han elevado a 4.20% o más para el cierre de 2026, frente al 4.0% observado al inicio del año. Cuando las expectativas dejan de converger rápidamente a 3%, la política monetaria necesita ser más cautelosa, no menos.
Banxico puede argumentar que el choque inflacionario es externo y transitorio, pero al bajar tasas en ese contexto corre el riesgo de amplificar sus efectos domésticos. El tipo de cambio no es una variable secundaria; es uno de los canales más potentes de transmisión inflacionaria.
La señal que Banxico envía al continuar recortando tasas con inflación aún elevada es que su foco de atención podría estar desplazándose, hacia un mandato dual no reconocido formalmente, pero si operativo: contener la inflación, sí, pero también sostener el crecimiento y aliviar las condiciones financieras del gobierno.
Ese último punto merece atención particular. El recorte de tasas también reduce el costo financiero de la deuda pública interna, que representa la mayor proporción del endeudamiento gubernamental. La SHCP estima para 2026 un costo financiero de 1 billón 572.1 mil millones de pesos, una cifra muy elevada en términos presupuestarios. Además, la deuda interna neta sigue concentrando la mayor parte del financiamiento del sector público: para 2026, se proyecta que represente 84.2% del total. En otras palabras, cuando Banxico baja la tasa, no sólo alivia el costo del crédito privado; también puede reducir la presión inmediata sobre el servicio de la deuda en moneda nacional, que es el componente dominante del endeudamiento federal.
Una política monetaria más laxa no sólo responde a la debilidad económica, sino también a la necesidad de abaratar el costo del financiamiento público. Si bien ello no implica necesariamente subordinación de Banxico al Ejecutivo, sí introduce una sospecha políticamente delicada: que la política monetaria podría estar siendo funcional, aunque indirectamente, a las restricciones presupuestarias del gobierno. Ese es el verdadero dilema político de la política monetaria en 2026. Banxico no enfrenta únicamente una decisión técnica sobre tasas; enfrenta una prueba de credibilidad institucional.
El autor es Presidente de Consultores Internacionales, S.C.®