Más allá de la idea de que en política ciertas actuaciones no son mera coincidencia, cuando la narrativa gubernamental profundizaba la exigencia de responsabilidades del gobierno de Chihuahua y su titular por la participación de miembros de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en una operación para incautar y destruir un laboratorio de drogas sintéticas en esa entidad federativa, en la Fiscalía del Sur de Nueva York se hicieron públicas las acusaciones por la comisión de cinco conductas delictivas vinculadas al tráfico de drogas del Cartel de Sinaloa en agravio de la sociedad estadounidense, que tienen como presunto responsable al todavía gobernador de esa entidad federativa, Rubén Rocha Moya, ocho funcionarios de su administración en diversas tareas y un presidente municipal, incluido Enrique Inzunza Cázares, actual integrante del Senado.

Como preámbulo a la información pública, el gobierno estadounidense hizo la solicitud formal para que esas personas sean detenidas con fines de extradición, a la luz de los acuerdos de colaboración suscritos en la materia. Una tarde-noche y una mañana para valorar el contenido y el tono de la respuesta del gobierno mexicano. Ciertamente no un espacio generoso para procesar la decisión de Washington, pero suficiente para superar el discurso de la ausencia de conocimiento.

En la reacción gubernamental inmediata -Secretaría de Relaciones Exteriores y Fiscalía General de la República- no se enfatiza el principio de la presunción de inocencia, sino el señalamiento de la ausencia de elementos para acreditar la vinculación entre las personas imputadas y la comisión de los delitos materia de enjuiciamiento. Una especie de no descalifico, pero tampoco avalo, para buscar tiempo.

Los presuntos responsables con micrófono -Rocha e Inzunza- parecerían reclamar el cumplimiento del compromiso de unidad interna que ha dejado apreciar la conducción de la encargada de la presidencia de la República al no actuar en contra de los liderazgos regionales y las figuras con tareas gubernamentales relevantes que han sido objeto de señalamientos por la participación en ilícitos penales. Parecería que asumieron una realidad de su relevancia para el partido en el poder y los gobiernos federal y locales emanados de sus postulaciones, distinta a su peso específico en el movimiento; al menos en una valoración razonable, a no ser que asuman una ponderación distinta del significado del enclave de las instituciones públicas sinaloenses a partir de los comicios locales de 2021.

Sólo como componente novedoso para un escenario muy denunciado en los análisis de la situación contemporánea de Sinaloa en términos de presencia, control territorial y acciones de la delincuencia organizada en esa entidad federativa, el cartel que de ahí toma su denominación fue declarado como una organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado el 20 de febrero de 2025, en seguimiento de la Orden Ejecutiva presidencial del 20 de enero anterior en la materia. Esto implica que la acción de la justicia estadounidense contra el Cartel de Sinaloa adquiere un alcance territorial ampliado (se procede contra conductas fuera de los EUA), tiene sanciones económicas severas, acarrea consecuencias migratorias y puede justificar el uso de la fuerza por razones de seguridad nacional.

En otras palabras, las acusaciones contra Rocha Moya lo implican como copartícipe en la comisión de delitos cuya planeación, ejecución y resultados son atribuibles a una organización terrorista extranjera en términos del orden jurídico estadounidense. Y, por si fuera poco, son grotescas por sus implicaciones para la descomposición del proceso de acceso al cargo: el apoyo de los llamados “Chapitos” para asegurar su triunfo, mediante el robo de urnas con votos a favor de sus competidores y el secuestro e intimidación de personas candidatas y sus colaboradores a cambio de comprometer el respaldo del futuro gobierno local para las operaciones de tráfico de drogas del cartel.

¿Le parece a usted que los elementos fundamentales para formular las imputaciones y solicitar las detenciones y extradiciones vengan de Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín, ambos sujetos a proceso en los EUA, habiéndose declarado culpables de cargos por narcotráfico y delincuencia organizada y suscrito acuerdos de colaboración con la justicia de ese país para aminorar la penalidad previsible por esos ilícitos? Agreguemos el conocimiento del acuerdo del año pasado para la entrega voluntaria al Departamento de Justicia de nuestro vecino del norte de 17 familiares de los hermanos Guzmán López.

¿Se trata de una conspiración estadounidense contra la llamada Cuarta Transformación? Eso dice el principal imputado. El gobierno federal afirma que hará las investigaciones derivadas de las solicitudes estadounidenses. Encima de constituir la salida inmediata, parece algo indispensable. ¿No conocieron nada las autoridades federales en materia de seguridad entre 2021 y este año? ¿No afloró ninguna información digna de indagarse a partir de septiembre de 2024, cuando se escinde el Cartel de Sinaloa por la entrega de Ismael Zambada a la justicia estadounidense por parte de Joaquín Guzmán López? ¿Nada supieron ni actuaron a partir de tomar la responsabilidad de pacificar Sinaloa con la actuación coordinada federal, estatal y municipal?

Si no lo detectaron e investigaron, es muy preocupante; si lo detectaron e investigaban sin arribar a la culminación para hacer lo necesario, otros los rebasaron, y si lo conocieron y no actuaron, habría responsabilidades por omisión que deberían deslindarse. Debe mover a la actuación inmediata el hecho de que el General retirado Gerardo Mérida Sánchez, quien fungió como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, sea uno de los acusados; es decir, no era un civil con participación en el teatro de los comicios locales de 2021. Entonces, ¿quiénes fungieron como comandantes de la Novena Zona Militar (Sinaloa) y la Tercera Región Militar (Durango y Sinaloa) entre 2021 y el momento presente? ¿Dónde están ahora? ¿No se enteraron de lo que hoy se señala como base para abrir juicios en tribunales de Nueva York? A la descomposición política que apuntan las acusaciones hechas públicas se agrega la necesidad de indagar si ha permeado a las estructuras de la seguridad militarizada en Sinaloa.

El factor estadounidense se ha hecho presente en la planeación política de Palacio Nacional para ir a los comicios de 2027 con la aspiración de refrendar el privilegio de no rendir cuentas al contrapeso constitucional. En el fondo está la concepción del Estado y su significado y función para la sociedad mexicana. ¿Jefatura de Estado que subordine cualquier otro interés o confusión del interés de la mayoría con lo pertinente para la Nación? Es reto y es oportunidad. Veremos.