Cuando se habla del costo de la corrupción, lo primero que nos viene a la mente es al ciudadano obligado a pagar un soborno para agilizar un trámite, evitar una sanción o acceder a un servicio que debería recibir sin obstáculos. Es una visión correcta, pero incompleta. La corrupción no sólo se expresa en la “mordida” del ciudadano; también se manifiesta a nivel institucional cuando se establecen contratos y servicios con empresas proveedoras con sobrecostos o sobornos, en la negligencia y malversación administrativa y en la tolerancia frente a fenómenos que erosionan el bienestar colectivo. En términos económicos, la forma más costosa de corrupción puede ser, precisamente, la que no deja recibo.
En lo que se refiere a corrupción que enfrenta los ciudadanos, los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI ofrecen una fotografía preocupante si bien muy parcial. El 84.1% de la población considera frecuentes los actos de corrupción, mientras que 15.6% de quienes realizaron trámites, pagos o tuvieron contacto con autoridades reportaron haber experimentado directamente algún acto corrupto. El costo económico estimado de estas prácticas ascendió a 17 mil 707 millones de pesos en 2025, con un promedio de 3 mil 865 pesos por víctima y representa un impuesto informal, adicional a los legales, pero profundamente regresivo.
A esta cifra a la que habría que incluir los costos difíciles de dimensionar asociados a los actos de corrupción administrativa y al peculado a nivel de todos los órganos y niveles de gobierno, lo que tiene un efecto multiplicador. La cifra mencionada en campaña de hace algunos años de 500 mil millones de pesos anuales de ahorro por combatir la corrupción puede tomarse como una referencia de donde partir, pero incluso puede quedarse corta. Más allá del costo directo de la corrupción administrativa surge el costo de la corrupción entendida como omisión institucional. Así surge el otro gran pasivo económico del país: la violencia.
El Índice de Paz México 2026 del Institute for Economics en Peace, estima que el impacto económico de la violencia alcanzó cuatro billones de pesos en 2025, equivalentes al 11% del PIB nacional. Dicho de otro modo, el costo económico de la violencia fue más de 220 veces superior al costo directo de los actos de corrupción reportados por la ENCIG.
Ciertamente no toda la inseguridad es producto de la corrupción, pero cuando la violencia prospera en entornos de impunidad, fragilidad judicial, captura institucional o abandono deliberado de funciones esenciales del Estado, la frontera entre ineficiencia y corrupción se vuelve difusa. Resulta difícil ignorar que desde 2015 el gasto en seguridad pública cayó 31.8%, mientras el gasto en justicia retrocedió 8.4%, en un país que apenas cuenta con alrededor de dos jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, —muchos de ellos producto de una elección dudosa y cuya capacidad ha quedado en entredicho. La consecuencia es predecible: acumulación de expedientes, baja capacidad sancionatoria y debilitamiento del Estado de Derecho.
Desde el punto de vista económico, esto tiene efectos multiplicadores. La inseguridad no sólo implica pérdidas humanas irreparables; encarece seguros, transporte, logística y operación empresarial. Obliga a las empresas a invertir en protección privada, desalienta inversión productiva y reduce competitividad regional. Un país donde el costo de hacer negocios incorpora corrupción, violencia e incertidumbre estructural simplemente compite en desventaja.
La corrupción no debe medirse únicamente por el dinero que cambia de manos en un trámite público o los acuerdos con proveedores del gobierno. Su costo real incluye el deterioro de las instituciones encargadas de garantizar seguridad, justicia y certidumbre económica. La corrupción visible es un impuesto oculto y a la vez conocido por todos e impacta a toda la economía.
México no sólo pierde dinero por funcionarios corruptos; pierde crecimiento por instituciones que no cumplen plenamente su función. Y esa puede ser, con mucho, la factura más cara.
El autor es Presidente de Consultores Internacionales, S.C.®