Es increíble que, dada la situación del país y la economía nacional, todavía se maltrate a proveedores no pagándoles en dependencias y entidades del gobierno federal, problema que empieza a ser recurrente.
Hoy es el caso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) quien está a punto de llevar a la quiebra a algunas de las empresas que le prestan servicios.
La administración de operación de recursos y servicios, zona “3”, encabezada por Evelyn Carreón Montes de Oca adeuda a proveedores cantidades exorbitantes. Tal es el caso de la empresa IFL, que desde el ejercicio fiscal de 2024 no se le paga alrededor de seis millones de pesos, además de los ejercicios 2025 y 2026.
A la empresa Green Mamba (GM), tras más de dieciséis meses de prestar servicios de limpieza tampoco ha recibido pago alguno, con lo cual el adeudo asciende a más de quince millones de pesos. Según los contratos firmados, los pagos deben hacerse a los diecisiete días de presentada la factura correspondiente.
La excusa y argumentos de Carreón Montes, abogada de profesión, es que si las empresas no tienen solvencia, que no liciten, que no participen en este tipo de concursos en el SAT. Es obvio que no le queda claro a la funcionaria que ninguna empresa puede subsistir tanto tiempo sin recibir los pagos a que tiene derecho y seguir manteniendo una carga laboral tan pesada. Seguramente ella nunca ha sido empresaria.
Esta forma de conducirse de algunos servidores públicos, quienes, de manera soberbia, prepotente y con muy poca sensibilidad social tratan a algunos empresarios, es lo que ha provocado que, de acuerdo con calificadoras internacionales, la inversión en nuestro país este disminuyendo sensiblemente.
Al final, seguramente la abogada dirá que no le vengan con que la ley es la ley, ya que le importa poco o nada el cumplimiento de los contratos firmados con las empresas afectadas.
Esto que sucede en el SAT parece ya un problema generalizado y no de un área en particular, ya que, en la misma administración de operación y recursos, pero ahora zona “7”, a cargo de Arnaldo Ugartechea Rivera, sucede exactamente lo mismo.
En esta administración a cargo de Ugartechea se adeudan importes superiores a los diez millones de pesos a la misma empresa IFL, así como a la empresa Eos Limpieza (ESL), quienes durante más de un año no han recibido pagos por los servicios contratados.
Queda claro que ambos administradores son incompetentes y con ello afectan la credibilidad del SAT y el trabajo de la administradora general de recursos y servicios, Paloma Rachel Aguilar.
A estos casos se suma la empresa contratada para el servicio de luminarias, que durante mas de año y medio sin recibir sus pagos, tienen a su dueño en el hospital con un derrame cerebral.
Además de quebrar empresas, también con estas conductas se está provocando que se atente contra la salud de gente que arriesga su patrimonio a fin de prestar un servicio y obtener una ganancia licita.
Andarán muy preocupados en el SAT con problemas nacionales o persiguiendo a empresarios para cobrarles impuestos aparentemente inexistentes, pero por qué jugar con el patrimonio de las empresas que ganan licitaciones legalmente con los empleos que estas generan.
Ojalá pronto las máximas autoridades del SAT tomen cartas en el asunto y se ponga en orden a estos dos administradores de dudosas conductas, ya que además amenazan con rescindirles los contratos de seguir presionando con su pago, mismos que en algunos casos ya vencieron en 2024.
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