La violencia registrada en la región de la Montaña Baja de Guerrero ha escalado hacia una crisis de seguridad y humanitaria caracterizada por el uso sistemático de drones armados, desplazamientos forzados y disputas por el control político y financiero de los municipios. La confrontación entre las organizaciones criminales Los Ardillos y Los Tlacos ya no responde únicamente a dinámicas tradicionales de narcotráfico o control territorial, sino a una estrategia orientada a capturar estructuras de gobierno local y acceder a recursos públicos federales y estatales, particularmente los vinculados al Ramo 33.
Desde el 6 de mayo, el grupo criminal Los Ardillos intensificó una ofensiva armada contra comunidades nahuas del municipio de Chilapa de Álvarez mediante ataques coordinados con drones cargados con explosivos, armas de alto calibre e incursiones terrestres.
Las agresiones se concentraron principalmente en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, donde, de acuerdo con denuncias del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fueron incendiadas viviendas y se provocó el desplazamiento masivo de población civil.
La escalada de violencia generó una emergencia humanitaria regional. Se estima que entre 800 y mil familias abandonaron sus hogares para refugiarse inicialmente en comunidades cercanas como Alcozacán, donde permanecieron en escuelas y canchas deportivas en condiciones precarias.
Sin embargo, el 11 de mayo esa misma localidad fue atacada nuevamente con drones explosivos, provocando un segundo desplazamiento forzado y evidenciando la capacidad operativa de los grupos criminales para extender el terror sobre corredores rurales completos.
La violencia también dejó indicios de una estrategia de eliminación de estructuras de autodefensa comunitaria. En la carretera Chilapa-Tlapa fueron localizados cuatro cuerpos con impactos de bala, presuntamente integrantes de policías comunitarias que intentaron contener la incursión armada. Paralelamente, colectivos locales reportaron la desaparición de al menos 15 personas en la zona de Xicotlán.
Organizaciones indígenas y de derechos humanos han denunciado una respuesta limitada e insuficiente de las fuerzas federales y estatales. El CIPOG-EZ acusó directamente a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Policía Estatal —integrantes de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI)— de mantener una presencia meramente simbólica en la región. Según sus denuncias, los operativos se limitaron a recorridos mediáticos sin acciones concretas de contención ni detenciones relevantes, pese a que existen destacamentos de seguridad cercanos a las comunidades atacadas.
El gobierno estatal reconoció el desplazamiento forzado de familias provenientes de Xicotlán y Tula, mientras que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre el reforzamiento de la presencia federal en la zona. Asimismo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, realizó visitas de atención a las comunidades afectadas y la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan para facilitar el retorno de las familias desplazadas. No obstante, el reconocimiento oficial de que la violencia responde a una disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos confirma que el conflicto posee una dimensión territorial, política y financiera de alto impacto regional.
La disputa criminal en la Montaña Baja está estrechamente relacionada con el control de los ayuntamientos y de los recursos presupuestales municipales. Para el ejercicio fiscal 2026, los municipios de Guerrero recibirán aproximadamente 11 mil millones de pesos del Ramo 33, particularmente a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).
En este contexto, las organizaciones criminales buscan influir o controlar administraciones municipales para dirigir contratos, obra pública y rutas de comunicación que fortalezcan su presencia territorial y capacidad logística.
Diversos reportes señalan que algunos gobiernos municipales operan bajo presión, infiltración o acuerdos de facto con grupos criminales, permitiendo la construcción de caminos estratégicos, el control de rutas de transporte y la administración indirecta de economías locales. La región de la Montaña Baja representa además un corredor estratégico que conecta la zona Centro con la Sierra y la Costa Chica, lo que incrementa su valor para las organizaciones delictivas en términos de movilidad, abastecimiento y expansión territorial.
En este escenario, el uso de drones explosivos se ha convertido en un componente recurrente de la violencia criminal en Guerrero. Entre 2023 y mayo de 2026, al menos una docena de comunidades rurales de las regiones Sierra, Montaña Baja, Costa Grande y Costa Chica han sido objeto de ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones, consolidando una tendencia de militarización criminal inédita en zonas rurales del estado.
En la Sierra de Guerrero, particularmente en Heliodoro Castillo, comunidades como Nuevo Poblado El Caracol fueron atacadas sistemáticamente en 2023, mientras que en enero de 2024 un ataque en Buenavista de los Hurtado dejó al menos nueve muertos. Posteriormente, en mayo de 2024, habitantes de El Durazno, Carrizal y San Antonio de las Tejas, en los municipios de San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, denunciaron ataques con drones que ocasionaron incendios forestales y destrucción de cultivos y huertos.
La expansión de estos métodos también alcanzó la Costa Grande, donde localidades de Petatlán y Tecpan registraron bombardeos con drones en diciembre de 2024, particularmente en Rancho Nuevo y corredores serranos vinculados a rutas criminales. En abril de 2026, comunidades de la Costa Chica como Encharco, Magueditos y El Charco reportaron enfrentamientos con uso de drones explosivos.
La frecuencia y dispersión geográfica de estos ataques evidencian una transformación en las capacidades operativas de los grupos criminales en Guerrero. El uso de drones ya no constituye un recurso aislado, sino una táctica sistemática de control territorial, desplazamiento poblacional y desgaste psicológico sobre comunidades indígenas y rurales. La combinación entre violencia armada, control político municipal y disputa por recursos públicos perfila un escenario de gobernabilidad fragmentada en amplias zonas del estado, particularmente en la Montaña Baja, donde la presencia institucional enfrenta crecientes desafíos frente a estructuras criminales con capacidad de fuego, financiamiento y control territorial.