A partir de la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, entonces gobernador en funciones de Sinaloa, y su difusión publica, no sólo ha tomado un nuevo derrotero la relación entre Palacio Nacional y la Casa Blanca, sino que la cuestión domina el espacio de la deliberación pública nacional y sus posibles desenlaces permean toda reflexión y consideración de los factores políticos, económicos y de seguridad sobre las eventuales decisiones que pueden adoptarse y sus consecuencias.
A las tensiones provenientes de la determinación estadounidense de subordinar los vínculos binacionales a la consigna de “Make America Great Again” y de la revisión calendarizada del T-MEC, se agrega la imputación de la connivencia del poder ejecutivo sinaloense en funciones a partir del 1 de noviembre de 2021 con la facción dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera en el Cartel de Sinaloa.
Para algunas personas ha resultado sorpresiva la decisión y para otras el momento, pero quizás para nadie ajeno al gobierno y atento a los acontecimientos políticos ha resultado siquiera novedoso el señalamiento del nexo entre el principal imputado, colaboradores y aliados políticos con los llamados “Chapitos”: la participación de integrantes de ese grupo en el proceso electoral local de 2021 para asegurar la victoria de Rocha Moya y el subsecuente clima de impunidad para realizar sus actividades delictivas en la entidad federativa. La actuación del cartel en las semanas previas a la jornada comicial y en ésta fue ampliamente denunciada y reseñada en los medios de comunicación. También se documentó la intimidación en contra de muchas personas agraviadas para que se abstuvieran de proceder legalmente. Esos antecedentes han revestido de verosimilitud las imputaciones hechas por la Fiscalía de los Estados Unidos de América en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Es el escenario básico de la solicitud, que para las autoridades de nuestro país sí parecería haber generado sorpresa por la modificación del planteamiento del vecino; no la negociación de los términos de la relación en algún tema, tampoco los componentes de la cooperación en alguna materia relevante, sino la detención provisional de personas indefectiblemente identificadas y vinculadas con el expresidente López, la encargada de la presidencia de la República y el movimiento político en el cual militan.
Es una acusación políticamente letal que aporta contenidos a cualquier memoria: la liberación de Ovidio Guzmán en 2019, los bajísimos resultados de las acciones contra la delincuencia organizada en Sinaloa y la presencia y expansión del cartel en distintas zonas del país, así como las poco explicadas acciones y reacciones presidenciales del periodo anterior en asuntos relacionados con quienes fueron identificados como las cabezas de esa organización criminal. El peso de la imputación es enorme y también su acción expansiva: para acceder al gobierno, Morena y liderazgos reconocidos del movimiento colocaron el poder público al servicio del Cártel de Sinaloa. El efecto ya se produjo; unos intentarán atemperarlo y otros potenciarlo. Es el primer saldo político de las acusaciones.
Los otros estarán por verse, empezando por el debate -¿falso?- entre la solicitud de detención con fines de extradición y su intencionalidad política. Resulta curioso que en gestiones públicas donde se ha despreciado el orden jurídico por considerar que sus disposiciones entran en conflicto con las ideas de quienes ejercen el poder en nombre de la mayoría del pueblo, desde el atril presidencial de la conferencia matutina se planteen las limitaciones constitucionales y del tratado bilateral de extradición a la solicitud estadounidense y se reclamen las posibles diferencias de interpretación sobre el alcance de sus preceptos con una pretensión de injerencia política en México.
Tal vez sea útil recurrir a Perogrullo: toda extradición -para el Estado requirente y para el Estado requerido- es un acto político. En la modernidad y el Estado constitucional de derecho el cauce de la política es la ley. No viene al caso pretender que el medio sustrae de su carga política a la voluntad de las partes. Se plantea o se recibe, se sustenta o se analiza, se tramita o se resuelve y, al final, la Parte requerida decide. La prueba es el texto del artículo 9 (Extradición de Nacionales) del Tratado de 1978: “1. Ninguna de las dos Partes Contratantes estará obligada a entregar a sus nacionales pero el Poder Ejecutivo de la Parte requerida tendrá la facultad, si no se lo impiden sus leyes, de entregarlos si, a su entera discreción, lo estima procedente. 2. Si la extradición no es concedida en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, la Parte requerida turnará el expediente a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando dicha Parte tenga jurisdicción para perseguir el delito”.
Al final, la decisión recae en el criterio discrecional de la jefatura del Estado. No parece que será la letra como se actuará, pero sí el espíritu: investigar aquí para resolver extraditar o no. Ciertamente que en el presente periodo presidencial observamos la paradoja de la concentración del poder con el empequeñecimiento de esa jefatura y la debilidad del Estado. Recurrir a la soberanía nacional como discurso y resonancia retórica no trasciende las conferencias de prensa y las tribunas para la oratoria a modo con auditorio cautivo, aún con el megáfono del aparato de propaganda del régimen, porque (i) la vertiente interior de la soberanía ha sido gravemente fracturada por el control de partes del territorio en manos de la delincuencia organizada y la penetración y captura de estructuras gubernamentales, y (ii) la pertinaz polarización entre la mayoría (59 por ciento de quienes votaron en 2024 para la presidencia) y quienes disienten y por ello son estigmatizados como enemigos del pueblo, al tiempo que lo nacional se usa para defender a quien la mayoría de la sociedad considera corrupto.
En tanto se presentan otras acusaciones con solicitudes de detención para fines de extradición, como se percibe en el ambiente, las decisiones parecerían poner a Morena y sus dirigentes e integrantes en puestos públicos antes que al Estado Mexicano como ente representativo de la organización y ejercicio del poder sujeto a la ley para beneficio de la sociedad.
Las licencias tienen la pretensión del fuego de artificio. No se otorgará la detención, se “realizarán” las investigaciones, se exonerará a los imputados -sin descartar algún chivo expiatorio- y se buscará restañar en lo posible la imagen del régimen y de quienes lo representan con mayor amplitud.
En el horizonte de los procesos electorales 2026-2027, que enfrentarían la idea de la mayoría popular y los programas sociales contra la diversidad política y la crítica a la ineficiencia y la corrupción gubernamentales, ahora se agregarán dos componentes poderosos: la soberanía nacional o “a los nuestros sólo nosotros los enjuiciamos”, contra la colusión del régimen morenista con el crimen organizado. En el trasfondo el factor estadounidense. Mayor confrontación y mayores riesgos para la Nación.