La protección de Sheinbaum a Rocha Moya la convierte en un problema de seguridad para el país.
Sheinbaum no se está conduciendo como Presidenta de México. Se comporta como encubridora de un imputado por narcotráfico.
Si insiste en no detenerlo, Washington utilizará todos los recursos que tiene al alcance para cercar a su gobierno y provocar su caída.
A Trump le sobran ganas, pretextos y maneras de derrocar a un régimen que, ha dicho, representa un riesgo para la seguridad nacional del hemisferio.
Basta con que desde la Casa Blanca se ordene cancelar las exportaciones de gas para que en tres días quede paralizada la economía mexicana y con ello inicie el derrumbe de la “invencible” 4T.
De acuerdo a Código Magenta, para los órganos de inteligencia norteamericanos Sheinbaum no es una mujer confiable.
Y efectivamente no lo es. No lo es para Estados Unidos y tampoco para México. No lo es porque gobierna sólo y exclusivamente para proteger los intereses del proyecto político que la llevó al poder.
Un proyecto político que llegó a la cima y se mantiene en ella gracias al dinero del crimen organizado. Sin el dinero sucio de los cárteles, López Obrador no podría haber ganado las elecciones en el 2018, Morena no se habría llevado la mayoría de las gubernaturas en el 2021 y tampoco habría triunfado en el 2024.
La Presidenta, entonces, considera que su lealtad y gratitud debe estar del lado de quienes la catapultaron. Entre ellos, Rocha Moya, la bisagra que une al Cártel de Sinaloa con el sistema político de la “Cuarta Transformación”.
Las acusaciones en contra de Rocha Moya por parte de una fiscalía de Nueva York han develado un hecho que ayuda a entender por qué México está bajo el control del crimen: Cuando López Obrador —siendo candidato en el 2018— soltó la temeraria frase “si me hacen fraude tendrán que amarrar al tigre”, no se refería a la gente, sino a sus aliados, los narcotraficantes.
México está bajo el control de gobernantes espurios. La campaña presidencial de López Obrador en 2018, las gubernaturas de Sinaloa, Sonora, Michoacán, Nayarit, Baja California, Guerrero, en 2021, la de Tamaulipas en 2022 y la campaña federal en 2024 recibieron financiamiento de los cárteles y eso los convierte en gobernadores y presidentes ilegítimos.
La 4T nació en una cuna ilegal e inmoral y eso se sabe en Washington. A Estados Unidos no solo le interesa llevar a juicio a Rocha Moya. Busca poner en el banquillo a todo un régimen. La Estrategia Nacional de control de Drogas que acaba de presentar la administración Trump puede resumirse como un ultimátum al gobierno de Sheinbaum para que defina de qué lado está.
La 4T sabe que se hunde en su propio fango. Recurren a la retórica nacionalista para hacer creer que las acusaciones contra Rocha Moya son un acto de intervencionismo. Son tan inmorales y mediocres que para ellos defender a un narco gobernador es sinónimo de defender a la patria.
Los traidores a la patria son quienes han entregado el destino de la nación al narcotráfico. Los traidores a la patria son quienes a través de reformas a la Constitución han debilitado al Poder Judicial para garantizar impunidad a los delincuentes. Los traidores a la patria son quienes compran con dinero del crimen los votos que necesitan para preservarse en el poder.
Sheinbaum nos dice todos los días de qué lado está. Es lo único en que es sincera. Está con los Rocha Moya, con López Obrador, con lo más oscuro de un proyecto que nació para destruir a México.
Por eso ella ya no debe estar. Por eso debe pedir licencia. Por eso su permanencia resulta un riesgo para la nación.