En la primavera de 1848, el gobierno de Prusia envió a un joven médico a la región de Alta Silesia para investigar una epidemia de tifus que se extendía entre las comunidades más pobres. Esperaba un informe sobre bacterias, tratamientos o medidas de higiene. Lo que recibió fue un diagnóstico profundamente político. Rudolf Virchow regresó convencido de que el origen de aquella tragedia no se encontraba únicamente en la enfermedad, sino en la pobreza, la desnutrición, el abandono institucional y la desigualdad. “La medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en gran escala”, escribiría poco después, dejando una de las reflexiones más influyentes de la medicina moderna. Más de siglo y medio después, aquella frase conserva una vigencia incómoda para cualquier gobierno que deba decidir cuánto vale proteger la vida de sus ciudadanos.

La discusión volvió a instalarse en Chihuahua tras el anuncio del secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, de que el estado enfrentará un recorte cercano a los 300 millones de pesos derivado de una reducción de recursos federales destinados al sector. La noticia ocupó titulares por un día y después comenzó a diluirse entre la velocidad del ciclo informativo. Sin embargo, detrás de esa cifra existe una pregunta que trasciende la coyuntura presupuestal y alcanza la naturaleza misma del Estado: ¿qué significa, en términos políticos y éticos, reducir el financiamiento de un servicio cuya materia prima es la vida humana?

El propio Baeza ofreció la respuesta más clara al explicar el alcance de la disminución presupuestal. “Hubo un recorte como de 300 millones. Implica algo de medicamento, implica algo de personal, implica algo de programas”, reconoció. Más adelante añadió una frase que debería convertirse en el punto de partida de cualquier discusión sobre política sanitaria: “Se recorta el presupuesto, pero siguen existiendo las necesidades”. La afirmación parece elemental, pero encierra una verdad que con frecuencia desaparece entre porcentajes, balances y tecnicismos hacendarios. Las enfermedades no conocen ejercicios fiscales. Un infarto no espera la aprobación de una modificación presupuestal; el cáncer no distingue entre competencias federales y estatales; una epidemia no suspende su avance porque la Federación decidió reducir transferencias.

La historia de los sistemas de salud demuestra que las enfermedades rara vez son exclusivamente biológicas. Virchow entendió que el tifus prosperaba allí donde el Estado había fracasado en garantizar condiciones mínimas de existencia. Un siglo después, Michel Foucault explicaría que los gobiernos modernos dejaron de ejercer el poder únicamente mediante las leyes o el monopolio de la fuerza para comenzar a administrar la vida de las poblaciones. Hospitales, campañas de vacunación, registros epidemiológicos, políticas de prevención y presupuestos públicos forman parte de esa tecnología del poder que denominó biopolítica. Gobernar también consiste en decidir cuánto invertir para que una sociedad viva más, enferme menos y tenga acceso oportuno a la atención médica.

Vista desde esa perspectiva, la discusión sobre los 300 millones de pesos deja de ser un asunto reservado para economistas o secretarios de Hacienda. Los presupuestos no son simples hojas de cálculo; son documentos políticos que revelan las prioridades de un gobierno con mayor claridad que muchos discursos. Cada partida aprobada expresa una decisión sobre el tipo de sociedad que se pretende construir, y cada peso retirado obliga a redefinir aquello que el Estado considera indispensable proteger.

El médico y antropólogo Paul Farmer dedicó buena parte de su vida a demostrar que la enfermedad también tiene causas sociales. Mientras trabajaba en Haití, Ruanda y otros países marcados por la pobreza, observó que miles de personas morían por padecimientos perfectamente tratables. No era la medicina la que había fracasado; eran las estructuras económicas y políticas incapaces de hacer llegar esa medicina a quienes más la necesitaban. A esa realidad la llamó violencia estructural: una forma de violencia que no deja cadáveres en las calles ni escenas del crimen, pero que condena silenciosamente a quienes viven donde el Estado llega tarde, llega mal o simplemente no llega.

México conoce bien esa paradoja. Durante décadas construyó uno de los sistemas de salud pública más ambiciosos de América Latina y, al mismo tiempo, uno de los más desiguales. El acceso a la atención médica terminó dependiendo del lugar donde se trabaja, del tipo de empleo que se tiene o de la entidad donde se reside. La desaparición del Seguro Popular, el accidentado paso por el Insabi y la posterior consolidación de IMSS-Bienestar son parte de una búsqueda todavía inconclusa por construir un modelo capaz de garantizar el derecho a la salud sin reproducir las brechas históricas entre regiones y sectores sociales. En ese escenario debe entenderse el anuncio realizado por el secretario Gilberto Baeza: no como una cifra aislada, sino como un episodio dentro de una transformación mucho más amplia del sistema sanitario mexicano.

Por eso el debate abierto en Chihuahua merece ir más allá de la coyuntura. Los 300 millones de pesos representan una cifra importante para cualquier presupuesto público, pero el verdadero problema no radica únicamente en el monto del recorte. La cuestión de fondo consiste en preguntarse qué ocurre cuando las necesidades sociales crecen al mismo tiempo que disminuyen los recursos disponibles para atenderlas. Allí aparece la prueba más exigente para cualquier gobierno: decidir qué proteger cuando no alcanza para todo.

Un hospital con medicamentos suficientes, personal capacitado y capacidad para atender oportunamente a quien lo necesita representa mucho más que una institución eficiente: expresa la voluntad de una sociedad de cuidar a sus integrantes cuando atraviesan el momento de mayor fragilidad. En cambio, un sistema incapaz de responder a esa exigencia revela las fisuras del pacto que une a los ciudadanos con el Estado.

Las democracias suelen evaluarse por la limpieza de sus elecciones, la fortaleza de sus congresos o la independencia de sus tribunales. Pero existe otra medida, menos visible y quizá más profunda: la tranquilidad de una persona que cruza la puerta de un hospital con la certeza de que recibirá atención sin importar su condición económica o el lugar donde nació. Allí, donde el dolor deja de ser una estadística y adquiere un nombre, el presupuesto deja de ser un documento técnico para convertirse en una decisión ética.

Virchow tenía razón. La medicina sigue siendo una ciencia social y la política continúa siendo medicina en gran escala. Cada presupuesto sanitario termina respondiendo la misma pregunta que acompañó al viejo médico alemán desde Silesia hasta el final de su vida: ¿qué tan dispuesto está un Estado a proteger la vida de quienes lo sostienen?

El autor es reportero y escritor. Estudió arqueología en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Su último libro es HÜZÜN. Cuentos, relatos y garabatos.