Independientemente de las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos contra nueve políticos mexicanos en el marco del tratado de extradición entre ambas naciones, resulta increíble que el gobierno mexicano proteja a personajes como el todavía hoy senador Enrique Inzunza Cázarez o al gobernador con licencia Rocha Moya.
Enrique Inzunza ya había sido acusado por una jueza por acoso sexual, hostigamiento y violencia. Estas conductas reprobables se dieron por tener actitudes impropias desde su estancia en el Poder Judicial de Sinaloa en 2024.
La jueza sinaloense Ana Karina Aragón Cutiño, sostiene que los hechos comenzaron desde 2018, cuando Inzunza encabezaba el Poder Judicial de Sinaloa como magistrado presidente.
Aunque la jueza presentó las denuncias correspondientes, entre ellas, por amenazas y acoso, nunca sucedió nada. Es evidente que el Senador utilizó su posición de poder para frenar el proceso judicial en su contra.
Pese a estas acusaciones, y un procedimiento instaurado en su contra, Inzunza logró ser electo senador de la República por el partido Morena.
Otro de los señalamientos que se le hacen a este personaje impresentable, es haber tejido toda una red de familiares dentro del Poder Judicial de Sinaloa.
Incrustó familiares en cargos estratégicos con el único fin de favorecer a sus cercanos y seguir influyendo desde el senado en las decisiones de un poder autónomo.
Destacan su sobrina Diana Elide Iribe, sus hermanos Lorena Inzunza Cázarez y Javier Inzunza Cázarez, su esposa Claudia Yuridia Meza Avendaño y su prima Yarely Lizeth Valdez Inzunza.
Al parecer todo esto a nivel interno le hizo lo que el viento a Juárez al senador, quien se sentía hasta hace muy poco intocable. Ahora que Estados Unidos lo investiga por tener presuntamente vínculos con el narcotráfico, parece que la historia será otra.
La acusación no es menor, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo denunció por dar protección presuntamente a “Los “Chapitos”, ligados al cártel de Sinaloa.
El gobierno mexicano tendrá que manejar el asunto con mucho cuidado, cosa que a la fecha no ha hecho. De demostrarse su culpabilidad, daría la sensación de que estaba siendo protegido, no ahorita, sino desde hace mucho tiempo.
Las acusaciones se dan primero cuando era secretario general de Gobierno de Sinaloa y luego como Senador para facilitar la entrada de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas a Estados Unidos.
El discurso de la soberanía nacional cada día se vuelve más obsoleto, ya que la realidad superó al discurso. Además de que la narrativa que antes controlaba el expresidente López Obrador ahora está en manos de Trump y su gobierno.
Habrá que ver si los que antes eran aliados de Morena, no se convierten con el tiempo es sus acérrimos enemigos. Algo parecido a lo que sucede hoy con los continuos chantajes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien amenazó con una huelga nacional.
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