El reciente avance de gobiernos de derecha en América Latina llama al debate sobre un posible cambio ideológico en la región. Sin embargo, los análisis más objetivos sobre la experiencia latinoamericana sugieren que la explicación se encuentra menos en las preferencias sobre el espectro político de los electores y más en el desempeño de las economías y más recientemente de la seguridad. En otras palabras, los ciudadanos salen a votar con una mano en el bolsillo y la otra en su tranquilidad.
Durante la última década, América Latina ha enfrentado un prolongado período de bajo crecimiento económico. Tras el impacto de la pandemia, la recuperación ha sido insuficiente para compensar la pérdida de ingresos, el aumento de la inflación y el deterioro de las expectativas de millones de hogares. La percepción ciudadana continuó marcada por la sensación de estancamiento económico y menor movilidad social.
Los datos son claros, mientras las economías emergentes de Asia han mantenido tasas de crecimiento superiores al 4% anual, América Latina apenas ha logrado expandirse por debajo del 2% en promedio en los últimos años. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL coinciden en que la región enfrenta uno de los ritmos de crecimiento potencial más bajos del mundo en desarrollo, resultado de problemas estructurales como la baja productividad, la escasa inversión y la debilidad institucional.
En este contexto, varios recientes procesos electorales pueden interpretarse como expresiones de descontento sobre el desempeño económico. El caso más claro es Argentina; la elección de Javier Milei en 2023 estuvo precedida por una inflación del alrededor del 160%, una prolongada pérdida del poder adquisitivo y un fuerte deterioro social; su triunfo en las urnas más que una adhesión colectiva al “ideario libertario”, fue un reflejo del agotamiento de una parte importante parte de la población frente a años de inestabilidad económica. Situación similar que los analistas atribuyen al triunfo del actual régimen en México en 2018: un agotamiento de la sociedad.
Fenómenos similares, si bien con características propias, lo representan Ecuador, donde el deterioro de las condiciones económicas y de seguridad favoreció opciones políticas más orientadas al mercado, así como en Chile, donde el entusiasmo inicial por el cambio político dio paso a una creciente preocupación por el crecimiento, la inflación y la seguridad pública. En todos estos casos, los resultados electorales parecen estar más asociados a la evaluación del desempeño gubernamental que a una mayor concienciación ideológica.
Estas experiencias confirman una de las hipótesis más robustas de la economía política: los votantes suelen premiar o castigar a los gobiernos según los resultados que perciben en variables que afectan directamente su bienestar, como el empleo, los salarios, la inflación y la seguridad.
Ahora bien, esta realidad ofrece lecciones relevantes para gobiernos de izquierda o que se asumen de izquierda como el de México. La primera es que la estabilidad política de largo plazo depende de la capacidad para generar crecimiento económico sostenido, lo que se está perdiendo lamentablemente. Los programas sociales pueden reducir vulnerabilidades y contribuir a mejorar la distribución del ingreso, pero difícilmente sustituyen la creación de empleos productivos y el aumento de la productividad.
La segunda lección es que la inflación sigue siendo una variable políticamente sensible. Aun cuando la tasa general ha disminuido respecto a los máximos observados tras la pandemia, los consumidores continúan enfrentando niveles de precios considerablemente más altos que los de hace algunos años.
Una tercera enseñanza es que la seguridad pública ha tomado relevancia como variable económica. La violencia afecta además del bienestar de las familias, a la inversión privada, lo que reduce las oportunidades de desarrollo.
El aparente retorno de la derecha en América Latina refleja el descontento de amplios sectores frente a economías que han sido incapaces de generar la prosperidad que se prometió. Para México, la advertencia es clara: ningún proyecto político puede sostener indefinidamente el respaldo ciudadano si no logra traducir en estabilidad las aparentes mejoras anunciadas a la población. Ya veremos.
El autor es Presidente de Consultores Internacionales, S.C.®