I.- La Constitución y las elecciones
La Constitución Política Mexicana mandata que los poderes públicos que gobiernan México deberán elegirse mediante procesos electorales limpios y transparentes. Así, los Artículos 41, 50, 51, 80, 81 y 108 de la Carta Magna establecen que los cargos de representación popular deben designarse por votaciones democráticas libres, justas y seguras, sin distinción de género, raza, religión o condición social, garantizando el ejercicio de la soberanía popular en el país.
De este modo, las elecciones son los procesos sociales mediante los cuales se renuevan las rectorías nacionales que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y ahora más recientemente a partir del 2025, el Poder Judicial. En el Poder Ejecutivo se restaura el cargo de Presidente de la República; en el Legislativo a los miembros del Senado de la República y de la Cámara de Diputados; y en el Poder Judicial de la Federación a los jueces y magistrados de múltiples niveles, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Siguiendo el orden constitucional, los comicios federales y regionales son organizados en su totalidad por el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano autónomo, administrado por un Consejo Ciudadano que está obligado a actuar con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad para garantizar que los plebiscitos se efectúen de manera democrática. Tales dinámicas se ejecutan a través del voto ciudadano de acuerdo con los postulados que dispone la Constitución Política y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el fin de realizar comicios autónomos, auténticos y periódicos.
II.- La radio y la televisión en las elecciones
Sin embargo, no obstante que dentro de este contexto político-social el ecosistema mediático de la República ha sufrido una vertiginosa transformación hacia la digitalización de la sociedad, la radio y la televisión siguen siendo instituciones decisivas para ejecutar con eficacia las elecciones federales en el país. Esto debido a que pese que el ecosistema digital creció aceleradamente, los medios electrónicos permanecen siendo los únicos organismos regulados constitucionalmente para la participación política, los más fiscalizados por el INE y los que pueden garantizar cobertura nacional uniforme, debido, entre otras, a las siguientes seis razones:
1.- Son los únicos recursos con acceso obligatorio y equitativo para todos los partidos. La Constitución establece a través de su Artículo 41 que el INE administra todo el tiempo del Estado en radio y TV. Tal ordenanza garantiza distribución equitativa de spots, imposibilidad de compra privada de espacios por partidos, control centralizado de pautas y transmisiones, convirtiendo a la radiodifusión en el piso parejo más sólido del todo el sistema electoral mexicano.
2.- Continúan siendo los canales con mayor alcance nacional. Aunque las redes sociales se expanden con gran ímpetu en la vida cotidiana, la radio y la televisión mantienen cobertura en más del 95% del territorio nacional, concentran audiencias masivas en todo el territorio, especialmente en zonas las rurales y urbanas, y a diferencia del internet, aportan acceso a la información colectiva a personas sin la red o con conectividad limitada. Por ello, con la enorme brecha digital que prevalece en nuestras comunidades, estos canales siguen siendo la superestructura de difusión más extensa para recibir la propaganda la electoral, formarse su opinión y ejercer su voto.
3.- Permiten fiscalización precisa y verificable. La acción propagandista efectuada por la radio y televisión le permite al INE registrar cada spot transmitido, verificar el cumplimiento de pautas normativas, sancionar omisiones o alteraciones cometidas y auditar tiempos y contenidos utilizados. Dicho aspecto es crucial para evitar la difusión de propaganda financiada por los carteles u otros poderes fáticos que envenene la atmosfera electiva. Aspectos de nivel de control que ninguna plataforma digital ofrece, por lo que la radio y la TV son la columna vertebral de la fiscalización electoral.
4.- Influyen en la agenda pública a través de noticieros. La regulación establecida sobre los medios electrónicos obliga al INE a monitorear la cobertura noticiosa, el tono de las notas, y el equilibrio entre actores políticos. Tal situación es esencial, pues los noticieros prosiguen siendo los formadores de la opinión clave, especialmente para personas mayores de 40 años y que muy probablemente se traduce en el tipo de voto que otorgan en las urnas.
5.- Son esenciales para garantizar elecciones libres y equitativas. Su importancia radica en que a diferencia de otras herramientas de comunicación política, estos medios reducen la posibilidad de manipulación informativa, aseguran acceso igualitario a la publicidad política, permiten supervisión institucional, y evitan que el dinero se convierta en el factor que determine la visibilidad de un candidato o partido. En cambio, en el ámbito de las redes sociales la publicidad depende del presupuesto y de algoritmos opacos que no transparentan sus intenciones políticas.
6.- Su importancia coyuntural. Su rol es muy estratégico debido a tres razones: Pese a que exista alguna regulación sobre las plataformas digitales, la radio y la TV seguirán siendo el estándar regulatorio. Los medios tradicionales continuarán funcionando como contrapeso frente a la creciente fragmentación informativa y la desinformación digital que proviene del espacio público digital. Finalmente, en un escenario plural, los spots serán decisivos para posicionar mensajes claros, lo cual impacta en la creciente competencia política.
En este sentido, la radio y la televisión serán instrumentos fundamentales para la consolidación de los comicios, ya que el Estado a través de ellos deberá garantizan equidad informativa, asegurar cobertura nacional, permitir fiscalización estricta, influir en la agenda pública y reducir riesgos de desinformación y alteración.
III.- Los lineamientos de la comunicación política
Derivado de la notabilidad del peso que ejercen los medios electrónicos el Estado mexicano tiene la obligación irrenunciable de definir con suma precisión cuáles son y que características deben contener los lineamientos informativos de los medios electrónicos antes de realizarse los plebiscitos federales en México. Tal acción normativa es crucial de consumarse de forma escrupulosa, pues en última instancia, no es el Instituto Nacional Electoral quien se pronuncia ante esta necesidad de gobernabilidad, sino que es el mismo Estado mexicano el que actúa institucionalmente a través de tales lineamientos para establecer una política pública ante la libertad de expresión y la construcción de la democracia nacional.
De aquí, que el Estado, vía el INE, está forzado a garantizar la existencia de reglas claras, equitativas y obligatorias para todos los actores políticos, los funcionarios estatales y los concesionarios de medios, evitando que impere la discrecionalidad, la maña, la trampa y el abuso electoral que dañarían lo que tendrían que ser dinámicas electorales transparentes, pulcras y verificables.
La relevancia de tales directrices es tal que debe asegurar, entre otras, la existencia de por lo menos, los siguientes derechos comunicativos democráticos básicos:
1.- Garantizar equidad en la contienda. Las directrices deben establecer cómo se distribuye el tiempo en radio y televisión entre partidos, autoridades electorales y candidaturas, evitando ventajas indebidas. Definir criterios de asignación, distribución y duración de los promocionales. Sin reglas claras, los partidos podrían disputar tiempos, saturar espacios o presionar a concesionarios, ocasionado que la información electoral responda más a intereses políticos o comerciales, que al interés público.
2.- Obligar a los concesionarios a cumplir reglas uniformes. Los lineamientos son de orden público y de observancia obligatoria para todas las estaciones de radio y TV, partidos, candidatos y autoridades. Esto evitara arbitrariedades, manipulación de pautas o incumplimiento en la transmisión de mensajes oficiales. Sin criterios previos sería imposible evaluar objetivamente si la cobertura fue equilibrada o sesgada.
3.- Evitar el uso patrimonialista de la comunicación. Impedir rigurosamente que los funcionarios públicos utilicen recursos del Estado para realizar propaganda partidista de cualquier signo, pues esto desequilibraría la competencia política, convirtiendo al aparato estatal en una herramienta de simulación para boicotear la pulcritud electoral.
3.- Organizar y fiscalizar la propaganda electoral. El INE debe administra el tiempo del Estado en medios electrónicos desde precampañas hasta la jornada electoral. Por ello, las normas deben delinear, entre otros aspectos, la duración de los spots, los periodos de transmisión, las pautas y órdenes de transmisión, los sistemas de entrega y recepción de materiales. Todo ello es imprescindible implementarlo para fiscalizar gastos y cotejar que los partidos no rebasen límites legales.
4.- Reducir riesgos de litigios y nulidades. Cuando las reglas no están definidas o se publican tardíamente, aumentan las impugnaciones por inequidad, los conflictos entre partidos y concesionarios, la polarización política, los riesgos de anulación de pautas o incluso de etapas del proceso. En este contexto de irregularidades, el INE debe emitir normas adicionales como los de notificación electrónica para cumplir sentencias del Tribunal Electoral, lo cual desgatará la democracia.
5.- Facilita el monitoreo de contenidos noticiosos. Las pautas deben detectar sesgos o cobertura desigual, para lo cual se deben fijar criterios que permitan establecer metodologías de monitoreo, delimitar obligaciones de los medios y transparentar resultados al público. Sin ordenamientos rigurosos y tangibles, el monitoreo sería inconsistente o jurídicamente débil.
6.- Crear certeza jurídica a partidos, medios y ciudadanía. Los preceptos deben forman parte del marco normativo electoral y su publicación oportuna permitirá que todos conozcan las reglas antes de que inicien precampañas y campañas para observarlos respetuosamente de forma institucional.
En suma, la creación de dichas directrices sobre el comportamiento de la radio y la televisión es un política esencial que debe construir el Estado mexicano, pues contribuirá a asegura equilibrio, garantizar su cumplimiento forzoso, fiscalización efectiva, regulación del comportamiento de los funcionarios públicos, reducción de conflictos legales, fortalecer la transparencia y cimentar la confianza pública. En conjunto, todo ello, colaborará a crear elecciones más asépticas y certeras que edifiquen democracia y paz social, ya que sin la reglamentación virtuosa de tales actividades de comunicación política, se alimentará la trampa, el abuso, la desconfianza, el cochinero y la anarquía que dañarán mortalmente la democracia de la República.
IV.- Las elecciones de 2027
La construcción de este marco prescriptivo es crucial de efectuarse de forma impecable, ya que en los comicios que se consumarán en 2027 en México, serán una “mega elección” o “super elección” que estará conformada por la disputa más de 4,000 cargos federales de elección federal en todo la República, e incluso una cifra mayor si se contabilizan los puestos judiciales sometidos a votación. Así, se nombrarán 500 diputaciones federales de la Cámara de Diputados (300 por mayoría relativa en distritos uninominales y 200 por representación proporcional, plurinominales); 17 gubernaturas regionales; más de 1,000 diputaciones locales; 2,000 presidencias municipales, ayuntamientos y alcaldías; y si se mantiene el calendario vigente, 1,000 cargos judiciales federales y locales. Es decir, se erigirá una parte medular de la arquitectura del Estado mexicano.
Por ello, de no contar con reglas mínimas probas la exposición mediática, tanto de una orientación política u otra, podría convertirse en un factor decisivo que sustituya el debate democrático, distorsione la voluntad popular, impulse mayor discrecionalidad editorial, incremente los conflictos electorales; erosione la confianza pública en los resultados; deteriore la legitimidad democrática y finalmente, alimente el autoritarismo. En una idea, se resquebrajará la calidad de la democracia y las bases civilizatorias de nuestra nación.