El conflicto entre los alcaldes de la Montaña Baja y las autoridades estatales y federales ya no sólo refleja un problema de coordinación institucional, sino una ruptura de legitimidad en la estrategia de seguridad implementada en Guerrero. La salida de nueve presidentes municipales de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz evidencia que, desde el ámbito local, existe la percepción de que el mecanismo gubernamental opera más como un espacio de contención política y administrativa que como una instancia efectiva de resolución de la violencia.
La decisión de los alcaldes ocurre en un contexto particularmente crítico: los ataques atribuidos al grupo criminal Los Ardillos contra comunidades indígenas de Chilapa entre el 6 y el 11 de mayo, que dejaron seis campesinos asesinados y provocaron el desplazamiento forzado de al menos tres comunidades. El hecho de que presidentes municipales de cuatro fuerzas políticas distintas —Morena, PRI, PRD y PVEM— coincidan en cuestionar la eficacia del Estado revela que el deterioro de la seguridad ha superado las divisiones partidistas y se ha convertido en un problema de gobernabilidad regional.
El punto central de la ruptura radica en la acusación de “omisión, indiferencia y falta de respuestas eficaces” por parte de los gobiernos estatal y federal. Los alcaldes sostienen que durante meses documentaron amenazas, ataques armados, desplazamientos y hechos de violencia ante la Mesa de Paz de Chilapa, sin que ello derivara en operativos sostenidos, detenciones relevantes o mecanismos de protección permanentes para las comunidades afectadas. Desde una perspectiva de análisis de seguridad, esta crítica apunta a un problema estructural: la incapacidad institucional para transformar la información territorial y la inteligencia local en acciones operativas concretas.
En sus posicionamientos, los presidentes municipales describen una dinámica de “simulación burocrática”, donde los reportes son trasladados entre dependencias sin producir resultados tangibles. Esta narrativa es significativa porque cuestiona no sólo la efectividad táctica de las autoridades, sino también la funcionalidad del modelo de coordinación interinstitucional. En términos políticos, los alcaldes están señalando que la estrategia de seguridad se ha reducido a una lógica reactiva y administrativa, incapaz de contener la expansión territorial y la capacidad de intimidación de grupos criminales como Los Ardillos.
La respuesta gubernamental refuerza esa percepción de desconexión entre las prioridades oficiales y la crisis de seguridad en la región. Mientras los municipios demandan operativos, control territorial y garantías para el retorno de desplazados, el gobierno estatal ha enfatizado medidas centradas en el “diálogo”, la “participación comunitaria” y actos administrativos como la toma de protesta de comisarios municipales. Aunque estas acciones forman parte de la gobernabilidad institucional, los alcaldes consideran que no atienden el núcleo del problema: la presencia armada y el control territorial de organizaciones criminales.
La controversia sobre la supuesta “mesa de pacificación” ejemplifica esta disputa narrativa. La alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo, desmintió que hubiera existido un proceso de negociación o acuerdos de paz, aclarando que únicamente se realizó un acto protocolario de toma de protesta de autoridades comunitarias. Su pronunciamiento refleja un reclamo político relevante: las autoridades locales acusan al gobierno estatal de intentar proyectar una imagen de avance institucional mientras persisten las condiciones de violencia y desplazamiento.
Otro elemento clave es que los municipios de la Montaña y la región Centro están planteando una defensa conjunta frente a lo que perciben como intentos de aislamiento político. Al subrayar que comparten “una misma realidad social, económica y de seguridad”, los alcaldes están construyendo un frente regional que busca presionar tanto al gobierno estatal como al federal para modificar la estrategia de seguridad.
Esto implica que el conflicto ya no es exclusivamente contra los grupos criminales, sino también contra un modelo institucional que los gobiernos municipales consideran insuficiente.
La adhesión del alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, amplifica aún más la crisis de credibilidad de la Mesa de Paz. Aunque no abandonó formalmente el mecanismo, su señalamiento de que “se firman acuerdos y se anuncian estrategias que luego no se cumplen” confirma que el descontento no se limita a municipios rurales de la Montaña Baja, sino que alcanza a actores políticos de la capital del estado.
Su crítica apunta a una “brecha profunda” entre los acuerdos institucionales y su implementación territorial, lo que en términos de seguridad representa un déficit operativo y de coordinación estratégica.
En conjunto, el episodio exhibe tres problemas centrales en la política de seguridad en Guerrero:
Déficit de capacidad operativa del Estado: los municipios perciben ausencia de acciones contundentes frente a grupos criminales con control territorial y capacidad de desplazamiento forzado.
Desgaste de legitimidad institucional: las mesas de coordinación son vistas como mecanismos de simulación política más que como instrumentos eficaces de seguridad pública.
Fragmentación de la gobernabilidad regional: la ruptura entre alcaldes y autoridades estatales/federales debilita la coordinación institucional y genera un vacío político que puede ser aprovechado por organizaciones criminales.
La crisis en la Montaña Baja muestra que la estrategia oficial continúa privilegiando mensajes de diálogo y administración política del conflicto, mientras las autoridades municipales exigen resultados inmediatos en materia de seguridad, presencia territorial y protección comunitaria.
El riesgo es que, si persiste esa divergencia entre la narrativa institucional y la realidad en campo, aumente la percepción de abandono estatal y se profundice la pérdida de confianza de las comunidades hacia las instituciones de seguridad.