Dos realidades presentes y a la vista de toda persona observadora, incluida quien milita en cualquiera de los extremos de nuestra política: la penetración de la delincuencia organizada más peligrosa -por el recurso normalizado de la violencia abierta contra la sociedad- en los espacios de la elección de titulares de funciones públicas; y la expansión de los intereses de seguridad nacional estadounidense al diálogo y la exigencia de conductas y actuaciones del gobierno mexicano. En la actualización geopolítica del mundo de hoy y el nuevo reparto de zonas de protección y de influencia, la segunda toma a la primera como palanca.
Son el sustrato rearticulado de la polarización gestada a partir de julio de 2018, nutrida con esmero en el período del expresidente López y relanzada por la encargada de la presidencia al practicar la exclusión de lo diverso por la ilusoria comodidad de las mayorías calificadas de la captura y la corrupción.
Con las acusaciones formales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la solicitud de su detención provisional con fines de extradición, así como de nueve personas cercanas a su gestión, se estableció una grave imputación en torno a la connivencia de un gobierno local morenista con el crimen organizado. A los ojos de nuestra sociedad, la deliberación contrastante en el mundo de las ideas sobre cómo ejercer el poder y cómo atender los problemas del país, ha quedado reducida a una dicotomía elemental: estar comprometido con un cartel de las drogas o cumplir con la obligación de combatirlo y sujetarlo a las consecuencias de la ley por sus conductas delictivas. El resultado: la identidad de Morena y los gobiernos emanados de sus postulaciones con la delincuencia organizada y los carteles.
A partir de la solicitud se va articulando la premisa de la intervención indebida; tras el supuesto de ganar tiempo y las pausadas acciones para que la investigación y el eventual enjuiciamiento se efectúen -en todo caso- en México, se arribó al rechazo a la entrega pedida con base en el Tratado de Extradición de 1978 en el discurso de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo el 31 de mayo último en el Monumento a la Revolución con cargo al segundo año de su elección al poder ejecutivo: “…es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas…hay que tenerlo claro: vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México.” Así, quien es electo tiene más derechos y atender la solicitud estadounidense o argumentar la pertinencia de su atención equivale a atentar contra el interés nacional y entregarse al estadounidense.
En la asimetría de la relación bilateral, la encargada del poder ejecutivo mexicano ha escalado las diferencias; osciló luego entre desdecir la inferencia y reprender una modesta invocación del embajador de Washington a privilegiar la cooperación y no hacer política con el tema de seguridad. La acción del vecino del norte tiene todos los componentes del objetivo que se persigue con un método. Acá se aprecia más reacción que otra cosa, aunque el entramado actual haya iniciado con el quebranto de la normativa de seguridad nacional por el Gobierno de Chihuahua y el ánimo de fincar responsabilidades.
¿Qué tenemos? En el frente binacional, hasta ahora, una ausencia de capacidad para procesar las diferencias con el gobierno de los Estados Unidos en torno a la profundidad y tono de las acciones en contra de los carteles de las drogas y la evidencia de la complicidad y la connivencia con personas en posiciones de mando público en un gobierno local, y la admisión implícita de otras en espacios homólogos e incluso de carácter federal que involucran al Estado nacional.
En el frente interno destacan: (i) el acuerdo de los liderazgos de Morena con y sin funciones públicas por cerrar filas y mantener la unidad interna, lo que impregna a todo el movimiento del deber de solidaridad con quienes son señalados por hechos de corrupción e ilícitos graves que los presentan plenos de ambición y carentes de todo comportamiento ético básico; (ii) la renovada confrontación con las oposiciones formales y la generación de opinión crítica en los medios de comunicación, marcándoseles con el rechazo, la descalificación y la exclusión. Quien discrepa, cuestiona y plantea algo distinto es transformado en una persona sin compromiso con la Nación, previa la falaz reducción de ésta a la postura y visión oficial; y (iii) el mayor apoderamiento y control del gobierno federal de las instituciones electorales, diluyéndose aún más la confianza en la integridad, imparcialidad y sujeción a la ley de la mayoría de quienes integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En ese escenario, por razones objetivas sobre el desarrollo y transformación de los votos en espacios de representación popular, incluidas las violaciones a la normativa del gobierno y del partido oficial que quedaron impunes; y subjetivas, que se condensan en la falta de idoneidad y credibilidad de sus dirigencias, las opciones del PAN, el PRI y MC no presentan propuestas ni parecen poder impulsar personalidades con atractivo para los comicios de 2027, aunque por el número de las candidaturas podrían haber excepciones.
En lo interno, por la polarización excluyente y la captura de las instituciones electorales, tampoco se percibe la capacidad necesaria para que los componentes del sistema político procesen los conflictos presentes y del futuro inmediato en una arena de convivencia democrática, sin rupturas que pongan en riesgo la estabilidad política.
Cuando los desacuerdos no se resuelven a través del orden jurídico -y éste se tiene por legítimo- se pone en riesgo el bien público de la estabilidad política. La caída generalizada del Estado de Derecho de génesis democrática, así sea insuficiente y perfectible, abre la puerta a la inestabilidad y los perjuicios para la sociedad: menos seguridad, menos inversión, menos empleo e incapacidad para prever con elementos de razonable certidumbre.
Puede pensar que exagero, pero es un escenario cuando se repasa que vamos a una polarización política más extrema. Hay una severa debilidad institucional por la falta de credibilidad en los árbitros de toda diferencia y particularmente en las electorales; estamos en un estancamiento económico con malas perspectivas; existe demasiada violencia por la voluntad del crimen de controlar sectores económicos y autoridades que deberían evitarlo; está presente el amago de la intervención extranjera sin sustento en los acuerdos suscritos; se aprecia la incapacidad de la dirigencias políticas oficiales y opositoras a dialogar y establecer las bases de cooperación para el funcionamiento del sistema político, y se percibe el umbral de la crisis de legitimidad del régimen.
Todos han ido convocando a la inestabilidad. ¿Incidirá más el gobierno en turno, la Casa Blanca, las oposiciones? O mejor al revés, ¿quién propiciará eludir ese riesgo? Allá no hay estadista, aunque se percibe el método. Acá tampoco han aparecido. El sólo asomo de la inestabilidad política debería mover a la reflexión, los diálogos y las acciones.
N.B. En la siguiente colaboración abordaré de la segunda parte del Autoritarismo Legislativo.