La Ciudad de México, nodo central de una de las agregaciones urbanas más grandes del planeta, enfrenta hoy un dilema que evidencia sus limitaciones estructurales: su infraestructura urbana no está a la altura de los retos que implica recibir un certamen de magnitud global. Este evento; constituye una prueba para los sistemas de movilidad, servicios y planeación de una urbe que opera en estado crónico de contingencia.
El sistema de movilidad esta sobrepasado, intensificado por cualquier anomalía cotidiana o climática. La llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales confirma lo que sus habitantes ya sabemos: la Ciudad vive en un modo de emergencia estructural, donde la capacidad de soporte ha sido rebasada por la demanda coyuntural.
Ante el colapso, la autoridad recurrió una “medida de mitigación”, eufemismo institucional para maquillar una ocurrencia. La acción más significativa, publicada apenas dos días antes de la inauguración, fue decretar el trabajo a distancia. Sin embargo, esta disposición devela una profunda paradoja competencial: al ser una medida de corte administrativo-laboral emitida por la titular del Ejecutivo Federal para los trabajadores de la Administración Pública Federal —con un exhorto a la iniciativa privada—, se pretende mitigar el estrés vial desde una autoridad que carece de atribuciones directas sobre el sistema de movilidad local. Así, el pretendido alivio al transporte metropolitano no surge de un acto formal de planeación urbana, sino como un efecto colateral de una disposición estrictamente laboral. Desde una genuina visión metropolitana, la cual debe gestarse bajo un esquema de gobernanza compartida donde la Federación, los estados y los municipios participen de forma coordinada, esta decisión carece de sustento integral y confirma que la capital depende de paliativos de urgencia para sobrevivir a un evento internacional, ignorando los mecanismos institucionales que exige la gestión de un territorio compartido con el Estado de México e Hidalgo.
La Ciudad de México tuvo más de ocho años para prepararse, pero prefirió esperar al último mes para improvisar. En lugar de una estrategia integral de movilidad e infraestructura regional, se optó por gestos superficiales que buscan proyectar modernidad sin resolver los problemas de fondo. La decisión de pintar de morado banquetas, acotamientos y puentes es el ejemplo más evidente: una acción diseñada y ejecutada desde la ignorancia de la norma, -sin observar las leyes y reglamentos técnicos aplicables en materia de balizaje vial-. Al haber tenido que corregir el desaguisado posteriormente para volver al amarillo reglamentario, se evidencia una flagrante contradicción a los principios de eficacia y eficiencia que deben regir a la administración pública, traduciéndose en una preocupante falta de racionalidad en el gasto y en una duplicidad de costos innecesaria que da pie a responsabilidades por faltas administrativas.
A ello se suma el corredor elevado peatonal en Tlalpan, presentado como vía de acceso al Estadio Azteca mediante bicicletas y patines. Lejos de ser una improvisación, esta infraestructura implicó una considerable inversión en obra civil e implica concesiones otorgadas para la renta de las bicicletas. Sin embargo, el cuestionamiento radica en la viabilidad real de su diseño operativo, el cual depende de un transporte público ya saturado y de un esquema de movilidad claramente insuficiente para la escala de un evento masivo. Más que una alternativa funcional, la obra devela cómo las decisiones de infraestructura se planifican sin considerar factores socioterritoriales y climáticos determinantes —como las lluvias torrenciales y las distancias socioespaciales —que hacen inviable este tipo de alternativas para el traslado seguro de multitudes. Al carecer de una visión integrada que conecte la infraestructura con la realidad del usuario, las deficiencias del modelo se evidencian no por oposición política, sino por los hechos: basta una lluvia intensa para que las vialidades colapsen y la utilidad de la costosa inversión quede paralizada.
La preparación de la capital para esta competencia devela una lógica de planeación cortoplacista. Si bien la región cuenta con proyectos de conectividad masiva recientes —como el Tren Insurgente o la extensión ferroviaria hacia el AIFA—,su operatividad actual cuestiona la facilidad de su conexión. Más que articularse de manera fluida, estas obras evidencian las dificultades de transbordo y la falta de una integración eficiente con los modos de movilidad en las periferias. Se privilegió la creación de proyectos visibles que funcionan como vitrina global, pero que carecen de una articulación simplificada para el usuario. Se construye para la foto, no para la vida cotidiana.
Los mega eventos generan una concentración temporal de riqueza: hoteles, restaurantes y comercios específicos se benefician durante días, pero después la bonanza desaparece. La mayoría de la población no acudirá al estadio ni disfrutará de beneficios económicos directos. En cambio, toda la metrópoli padece las externalidades negativas: congestión vial, encarecimiento de servicios, despilfarro de recursos públicos y un discurso que insiste en que “el mundial se vive en la calle” y sí; cuando la mayoría lo vive como una carga. Además, el impacto trasciende la movilidad: se aceleran los procesos de gentrificación y se provoca el desplazamiento del comercio local, que cede espacio a comercios instagrameables.
¡La Ciudad de México presume su diversidad cultural, y que bueno!; pero carece de la resiliencia que debería acompañar a una metrópoli global. Es patente que el crecimiento demográfico y habitacional no ha sido acompañado de inversión suficiente en infraestructura de soporte: estaciones colapsadas, vialidades insuficientes y sistemas de transporte masivo —como el Metrobús— que enfrentarán su verdadera prueba de fuego ante las aglomeraciones y los retos operativos que impone la delincuencia de baja intensidad, particularmente el carterismo (pickpocketing). Al final, se evidencia una planeación que responde más a las agendas políticas que a las necesidades socio territoriales.
El paso de la justa internacional por la capital mexicana será un espejo incómodo que obliga a reconocer los límites de sostener la metrópoli. El verdadero desafío no radica en superar el torneo sin un colapso visible, sino en transitar hacia un modelo de gobernanza con visión de futuro que garantice no solo los derechos urbanos, sino el Derecho a la Ciudad en su sentido más amplio. Mientras la planeación metropolitana siga supeditada a la improvisación y al cosmético que oculta las desigualdades, la infraestructura continuará operando al límite. Este evento global no revela un tropiezo fortuito, sino la urgencia inaplazable de planear la ciudad para quienes la habitan.
El autor es maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-A.