Este fenómeno no ocurre por generación espontánea; responde a una operación retórica promovida desde el oficialismo. En los últimos años se ha apelado de manera permanente a la figura del “ciudadano”, pero operando en los hechos su pronta neutralización.
Dicho fallo impuso al Estado la obligación de investigar penalmente los hechos, sancionar a los responsables, determinar el paradero de la víctima, adecuar el marco normativo interno y otorgar medidas de reparación integral.
Cuando el exceso de protagonismo, los caprichos del clan y las lealtades mal entendidas dinamitan la estrategia del gobierno central, el impacto no lo pagan los operadores insubordinados, sino la Presidencia de la República.
La batalla iniciada en 2016 con los lineamientos del hoy extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones y resuelta por la Suprema Corte en 2022 dejó clara la fragilidad de la frontera entre tutelar a las audiencias y someter la línea editorial.
Esta situación pone de relieve un problema de origen en el sistema de justicia. Cuando una resolución absolutoria se dicta sin la solidez metodológica y probatoria necesaria para disipar la duda pública, la deficiencia abre una rendija legítima para el cuestionamiento periodístico.
Ante el colapso, la autoridad recurrió una “medida de mitigación”, eufemismo institucional para maquillar una ocurrencia. La acción más significativa, publicada apenas dos días antes de la inauguración, fue decretar el trabajo a distancia.
En México, la praxis política reciente ha provocado una severa distorsión cognitiva al bautizar con esa misma palabra a un modelo de impartición de justicia que opera en sentido opuesto: la llamada “Justicia del Bienestar”.
