La ONU, agotada, es testigo silente de lo que pudo ser. Por ello, la comunidad de naciones no atina a definir rutas de convivencia que estimulen el desarrollo con justicia, seguridad y paz. A la fecha, no se avizoran ni su reforma estructural ni el mecanismo multilateral que la sustituya y actualice las metas que se propuso tras la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Así, por temor o prudencia, ningún país da pasos certeros para asumir el liderazgo requerido a fin de acometer esa ambiciosa tarea. Ante tales circunstancias, la mayoría de los estados se limita a observar y a practicar una política exterior acomodaticia, llena de narrativas edificantes y principistas, pero vacuas en temas que exigen definición frente al poder. Otro es el caso de las potencias dominantes, que se benefician del caos para procurar su interés nacional y preservar su hegemonía. Paradójicamente, tales potencias también invocan la necesidad de preservar un orden global regido por normas. No obstante, su lógica es deshonesta porque disfraza su meta de avanzar agendas particulares y cierra los ojos a la triste situación de las periferias que explotaron, colonizaron y luego abandonaron.

Es probable que la madre de los males del mundo sea la pretensión de la ONU de homologar, a escala planetaria, un modelo de organización política ajeno a realidades históricas no occidentales. Tal es el caso emblemático del Estado, que dicho sea de paso, es el actor central de las relaciones internacionales. En efecto, en la realidad afroasiática y como resultado de la descolonización, fue impuesto para definir fronteras y arraigar un patrón liberal de contrato social que obvió usos y costumbres locales y sirvió a propósitos neocoloniales. Algo similar aconteció antes en las Américas, donde los confines estatales se cimentaron atendiendo pautas exógenas e intereses oligárquicos, que violentaron las demarcaciones geográficas y las tradiciones de los pueblos indígenas. El resultado es claro; en la región tricontinental del Sur Global, los rezagos son vergonzosos y afectan a los sectores sociales que siempre han sido excluidos. El traslado de estas prácticas a nivel mundial muestra el carácter vertical del Estado y el relativismo cultural de conceptos como democracia, legalidad, justicia y buen gobierno. El tema subyacente ha sido la inveterada falta de respeto a la multiculturalidad de la sociedad de naciones. Ciertamente, las políticas de identidad y las normas impulsadas por el sistema multilateral y el Derecho Internacional, han fracasado en su vocación universalista y en su objetivo de unir a los pueblos con base en valores que, por definición, discriminan. Ocurre entonces reconocer que, a lo largo de la historia, tales valores y sus agentes, han visualizado a las periferias como fragmentos perdidos de una humanidad cuya viabilidad está sujeta a la adopción acrítica de los protocolos de Occidente. Para revertir esta falacia y lograr un nuevo orden mundial, se tiene que ofrecer justicia a los desheredados y descartar la idea de que algunos pueblos son superiores a otros. La tarea apremia. Tempus edax rerum.

Doctor en Ciencias Políticas e internacionalista.