Hay preguntas que la historia formula una y otra vez, con distinto rostro y distinto idioma, pero con la misma raíz inquieta. Una de ellas es esta: ¿qué significa ser soberano cuando la vida misma —el agua que se bebe, que riega la tierra, que sostiene a las comunidades— depende de un conocimiento que no siempre se origina dentro de las propias fronteras? Esa pregunta, que parecía relegada a los manuales de historia o a los discursos de otra época, ha vuelto a tomar forma en Chihuahua a partir de un episodio que, en apariencia, era de naturaleza meramente administrativa.

Cuando el director de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata Carrasco, salió a defender el convenio de cooperación hídrica firmado con organismos israelíes, probablemente esperaba zanjar un asunto técnico. Lo que no pudo anticipar —y quizá tampoco quienes lo cuestionaron— es que la discusión terminaría convirtiéndose en algo más: un debate sobre soberanía, tecnología y democracia que trasciende, con mucho, los límites de un acuerdo de cooperación.

El convenio, impulsado por el Gobierno de Chihuahua como parte de su estrategia frente a la crisis hídrica, contempla cooperación técnica en áreas como la reutilización de aguas residuales, la tecnificación del riego y la eficiencia en la distribución del agua. Sus defensores sostienen que se trata de aprovechar experiencias desarrolladas en uno de los países con mayores avances en gestión hídrica del mundo. Sus críticos, en cambio, cuestionan tanto la relación con instituciones israelíes como la creciente dependencia de soluciones tecnológicas externas para resolver problemas que consideran, ante todo, políticos y sociales.

Más allá de quién tenga razón —y la razón, en estos casos, rara vez es absoluta—, la polémica resulta reveladora porque obliga a formular una pregunta que casi nunca aparece en el debate público: ¿qué significa la soberanía cuando un recurso vital como el agua depende, cada día más, del conocimiento técnico?

Esa pregunta adquiere un peso particular en Chihuahua. La entidad enfrenta una de las crisis hídricas más severas de su historia reciente. La disminución de lluvias, la sobreexplotación de los acuíferos y los efectos del cambio climático han colocado al agua en el centro de la conversación pública. Y no es casual que los conflictos relacionados con este recurso despierten emociones profundas: en el norte del país, el agua no es únicamente una cuestión ambiental o económica, sino también una cuestión de identidad y de supervivencia.

La relación entre agua y soberanía tiene, en México, raíces que se hunden en la memoria colectiva. Durante buena parte del siglo XX, la cultura política nacional vinculó la defensa de la soberanía con el control de los recursos estratégicos. El petróleo fue el símbolo más evidente de esa narrativa: la expropiación de 1938, con Lázaro Cárdenas al frente, quedó inscrita no solo como un acto de política económica, sino como un gesto fundacional de la identidad nacional, una afirmación de que México podía decidir sobre lo suyo. En regiones áridas como Chihuahua, el agua ocupa hoy un lugar semejante en el imaginario colectivo. Cuando aparecen actores externos en la discusión sobre un recurso escaso, resurgen inevitablemente las preguntas sobre autonomía, dependencia y capacidad de decisión que parecían pertenecer a otro siglo.

Y, sin embargo, ahí reside la paradoja de nuestro tiempo. La crisis hídrica es un problema global que exige conocimientos especializados, desarrollados en distintos lugares del mundo, frente a los cuales ningún gobierno posee, por sí solo, todas las respuestas. La cooperación internacional aparece entonces como una necesidad práctica, casi ineludible. La discusión ya no consiste únicamente en quién controla el agua, sino en quién posee los saberes para administrarla.

Esta situación recuerda una de las reflexiones centrales del filósofo francés Michel Foucault. Para él, el poder moderno no se ejerce solamente mediante leyes o instituciones, sino también —y de manera quizá más decisiva— a través del conocimiento. Quien define qué saberes son válidos, qué soluciones son razonables y qué problemas merecen ser tratados como técnicos antes que políticos, adquiere una posición privilegiada para orientar las decisiones colectivas, muchas veces sin que la sociedad lo advierta.

Desde esta perspectiva, el debate sobre el convenio con Israel no gira exclusivamente alrededor de un recurso natural. También gira alrededor de la autoridad técnica: de quién tiene la legitimidad para hablar sobre el agua y de qué lenguaje se considera válido para hacerlo. Cuando las autoridades defienden la cooperación internacional, apelan precisamente a esa legitimidad del conocimiento especializado. La escasez se presenta entonces como un problema de eficiencia, de innovación, de experiencia acumulada por expertos; un problema, en suma, que parece resolverse mejor cuanto más se aleja de la deliberación pública.

Pero esa misma lógica genera interrogantes legítimas, y de fondo. ¿Quién decide qué tecnologías deben implementarse? ¿Qué papel desempeñan los ciudadanos en esas decisiones? ¿Hasta qué punto los problemas públicos pueden delegarse en especialistas sin debilitar, en el camino, la propia idea de democracia?

Aquí resulta inevitable recuperar la obra de Ivan Illich, ese pensador austríaco que dedicó buena parte de su vida a observar, desde Cuernavaca, las trampas de la modernidad. Illich advirtió que las sociedades modernas tienden a depositar una confianza excesiva en los sistemas expertos y en las instituciones especializadas. Su crítica no estaba dirigida contra la tecnología en sí misma —Illich no era un nostálgico del atraso—, sino contra la dependencia que esa tecnología puede generar cuando desplaza la capacidad de las comunidades para intervenir en los asuntos que afectan directamente sus propias vidas. Para Illich, una sociedad verdaderamente libre era aquella capaz de mantener sus herramientas bajo control humano, y no al revés.

La advertencia de Illich conserva, hoy, una vigencia casi incómoda. Frente a problemas complejos existe la tentación —comprensible, pero peligrosa— de pensar que toda dificultad puede resolverse mediante una solución técnica. Sin embargo, la escasez de agua no es únicamente un desafío de ingeniería. También involucra decisiones sobre el modelo de desarrollo urbano, los patrones productivos, el consumo, la distribución de los recursos y las prioridades colectivas. Una planta de tratamiento o un sistema de reutilización pueden mejorar, sin duda, la eficiencia; pero no responden por sí mismos a la pregunta de quién debe beneficiarse del recurso, ni bajo qué criterios debe distribuirse entre quienes lo necesitan.

Por ello, incluso si el convenio con Israel aporta herramientas útiles para mejorar la gestión hídrica —y todo indica que así es—, la discusión no debería agotarse en la evaluación de su eficacia técnica. Es necesario, también, preguntarse quién participa en la definición de las políticas públicas y bajo qué criterios se toman decisiones que, al final, afectan a toda la sociedad.

La polémica surgida en Chihuahua no demuestra, por sí misma, que exista una amenaza a la soberanía nacional. Tampoco prueba que la cooperación tecnológica sea, automáticamente, la solución a la crisis del agua. Lo que revela —y esto es lo verdaderamente importante— es una tensión característica de nuestro tiempo: la necesidad de aprovechar conocimientos especializados sin renunciar, en el proceso, a la participación democrática.

En el fondo, la discusión trasciende a Israel, trasciende al convenio, trasciende incluso a Chihuahua. La pregunta de fondo es cómo gobernar los bienes comunes en una época marcada por la incertidumbre ambiental y por una complejidad técnica que crece más rápido que nuestra capacidad de comprenderla. La soberanía del siglo XXI, quizá, ya no dependa únicamente de quién controla los recursos, sino de la capacidad colectiva para decidir —de manera informada, deliberada y democrática— qué hacer con ellos.

La sed que hoy enfrenta Chihuahua es, ante todo, una realidad material: la tierra que no produce, los pozos que se agotan, las familias que cuentan cada litro. Pero el debate que esa sed ha provocado pone de manifiesto otra carencia, menos visible pero no menos urgente: la falta de espacios donde la sociedad pueda discutir, más allá de consignas y sospechas, el destino de un recurso indispensable para la vida. Tal vez, en tiempos de escasez, esa conversación —la posibilidad misma de tenerla— sea tan importante como el agua que la origina.

El autor es reportero y escritor. Estudió arqueología en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Su último libro es HÜZÜN. Cuentos, relatos y garabatos.