El 29 de junio, 614 Noticias publicó una respuesta a la discusión sobre el reconocimiento del pueblo apache como quinto pueblo indígena de Chihuahua que merece, antes que una réplica de fondo, una disección de método: no responde, evade. El texto no refuta un solo argumento histórico, lingüístico o jurídico de los que se han puesto sobre la mesa; ni lo intenta. En su lugar, sustituye la pregunta por el sueldo de quien la formula. Mancera-Valencia gana 290 mil pesos al mes, dice, y por tanto su escepticismo sobre la continuidad histórica y cultural del pueblo Ndé es una «crueldad metodológica» ejercida desde el privilegio. No es un argumento, sino una cortina de humo con cifras, el equivalente periodístico de gritar más fuerte para no tener que responder. No dice nada sobre si la evidencia existe o no existe. Sólo dice cuánto gana quien la pide, y apuesta —con razón, a juzgar por su éxito habitual— a que eso bastará para que nadie note la ausencia de argumento.

Conviene separar dos preguntas que la nota de 614 Noticias deliberadamente confunde. Una es si los apaches merecen reparación histórica, memoria pública y un lugar digno en la narrativa del estado; la respuesta, como ya se ha dicho aquí en Siempre!, es sí, sin matices. La otra es si el instrumento jurídico específico —el reconocimiento como pueblo indígena diferenciado, con las consecuencias normativas, patrimoniales y de representación que eso conlleva— está sostenido por la evidencia que la propia ley exige. Son preguntas distintas, y la segunda no se resuelve apelando a la indignación legítima que provoca la primera. Cuestionar el instrumento no es cuestionar la deuda.

La nota dedica buena parte de su espacio a la palabra «forrajeros», presentada como evidencia de un «reduccionismo colonial» que mediría la dignidad de un pueblo por su grado de sedentarismo. Vale la pena decir con precisión qué es ese término, porque el malentendido no es casual, es el corazón de toda la operación retórica del texto.

Forager —forrajero, en su traducción más extendida al español académico— es una categoría analítica de la arqueología y la antropología económica, no un juicio de valor sobre la sofisticación de una cultura. La distinción se sistematizó sobre todo a partir del trabajo de Lewis Binford, quien en 1980 propuso el modelo forager-collector para clasificar estrategias de subsistencia y movilidad entre sociedades cazadoras-recolectoras: los grupos forrajeros se desplazan hacia los recursos y los consumen en el lugar, con campamentos de corta duración y baja diferenciación de tareas; los grupos «recolectores» organizan logísticamente el territorio, transportan recursos hacia bases residenciales más estables y despliegan partidas especializadas. Ninguna de las dos categorías es superior a la otra; ambas son respuestas adaptativas a condiciones ecológicas concretas, y un mismo pueblo puede moverse entre ambas estrategias según la estación o el siglo. El término no nació para medir el derecho de nadie a la tierra: nació para describir patrones de asentamiento detectables en el registro arqueológico.Usar «forrajero» para describir la movilidad estacional apache no es, entonces, un eco del prejuicio decimonónico que veía en el nomadismo una forma inferior de vida. Es, en todo caso, el vocabulario técnico exacto que la disciplina ha construido para estudiar precisamente ese patrón de movilidad sin presuponer su jerarquía frente al sedentarismo agrícola. Que el término incomode no lo vuelve impreciso, y que 614 Noticias lo lea como insulto dice más sobre la voluntad de encontrar agravios donde hay categorías descriptivas que sobre la intención de quien lo empleó.

También la nota invoca el caso de los «Ojos del Chuvíscar» como precedente que validaría, por analogía, el camino seguido en el Congreso. La analogía no sostiene el peso que se le quiere dar: un amparo que protege un sitio sagrado a partir de la autoadscripción de una comunidad específica, ante un poder judicial que evalúa un caso concreto con sus propias pruebas, es un instrumento jurídico distinto —con estándares probatorios distintos— al reconocimiento legislativo de un pueblo indígena completo como categoría jurídica permanente del estado. Equiparar ambos procesos como si fueran la misma operación de justicia restaurativa es, de nuevo, sustituir el análisis por la analogía emotiva.

Hay, además, un problema de fondo en el criterio implícito que propone 614 Noticias: que la autoridad para opinar sobre un asunto técnico se mide por la nómina de quien opina. Llevado a sus últimas consecuencias, ese criterio invalidaría también a cualquier antropólogo, lingüista o historiador que cobre un sueldo universitario digno y se atreva a pedir evidencia documental antes de avalar una categoría jurídica nueva. El rigor metodológico no es un privilegio de clase, es una exigencia que se le hace por igual al funcionario estatal, al especialista independiente y al legislador que vota. Negarle legitimidad a la pregunta porque la formula alguien con buen sueldo es, paradójicamente, el mismo gesto que el artículo dice combatir, es decir, sustituye el argumento por la posición social de quien lo enuncia, sólo que en sentido inverso.

El guion, por lo demás, no es original. Es el mismo libreto con el que el discurso de la austeridad como virtud moral —convertido en doctrina oficial por el «Movimiento» que hoy gobierna el país— ha aprendido a sustituir el argumento por la cifra: cualquier objeción técnica se neutraliza señalando cuánto gana quien la enuncia, como si la pobreza del salario fuera garantía de la verdad de un enunciado y la riqueza, prueba automática de su falsedad. 614 Noticias no inventó el truco; lo heredó. Es un ejercicio cómodo, casi perezoso, pues no exige leer una sola fuente etnohistórica, ni revisar un padrón lingüístico, ni llamar a un solo arqueólogo para preguntarle qué significa «forrajero» antes de escandalizarse con la palabra. Exige nada más una cifra de la Plataforma Nacional de Transparencia y un adjetivo. Eso no es periodismo de investigación: es contabilidad moral disfrazada de crítica decolonial.

Y conviene decirlo sin eufemismos: quien redactó esa nota no entiende de lo que habla, en ningún registro. No entiende de argumentación, porque confunde una falacia genética —descalificar al mensajero en vez de refutar el mensaje— con una crítica de fondo. No entiende de arqueología, porque toma un término técnico de manual de licenciatura, «forrajero», y lo lee como insulto racial sin haber abierto jamás a Binford ni a Lee. No entiende de antropología, porque no distingue —ni parece sospechar que existe la distinción— entre autoadscripción étnica y continuidad histórico-cultural verificable, dos conceptos que cualquier estudiante de segundo semestre de la disciplina maneja sin esfuerzo. No entiende de lingüística, porque ni siquiera menciona el único tipo de evidencia —la continuidad de una lengua viva o documentada— que más pesa en este debate. Y no entiende de legislación, porque equipara sin matiz un amparo judicial sobre un sitio sagrado con el reconocimiento legislativo permanente de un pueblo indígena, dos figuras jurídicas que no comparten ni el procedimiento ni el estándar probatorio. Lo que sobra en indignación, falta en lectura. Es la nota de alguien que jamás se ha sentado en un seminario de las cinco disciplinas que pretende invocar, y que confía en que el escándalo cubra el vacío. No lo cubre: lo expone.

Esa pregunta —la que sí importa— sigue intacta: si los 16 foros impulsados por la diputada Palma distribuyeron poder real en la deliberación o simplemente legitimaron, con el ritual de la consulta, una decisión que ya estaba encaminada. El Comité Técnico de Patrimonio Cultural reconoció no haber sido consultado. Ningún sueldo, escandaloso o no, responde eso. 614 Noticias prefirió no tocarla, pues es más fácil indignarse con una nómina que leer un dictamen.

La identidad y la dignidad de un pueblo originario, como bien dice 614 Noticias, no se borran por el plumazo de un funcionario. Tampoco se construyen por el plumazo de una votación que no resolvió las dudas que la propia academia —no sólo la burocracia— sigue teniendo sobre la continuidad documental, lingüística y cultural del quinto pueblo indígena de Chihuahua. Esa es la conversación pendiente, y seguirá pendiente cuando se haya olvidado el número 290,021.96. Se le puede pedir cuentas a un funcionario por su sueldo; lo que no se le puede pedir a un argumento es que desaparezca porque incomoda a quien lo escucha. 614 Noticias resolvió el dilema de la manera más barata posible: en vez de refutar la pregunta, le puso precio.

El autor es reportero y escritor. Estudió arqueología en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Su último libro es HÜZÜN. Cuentos, relatos y garabatos.