Hay una diferencia, casi imperceptible pero decisiva, entre equivocarse e insistir. La primera admite corrección; la segunda se convierte en doctrina. Ruth Sánchez Hernández no se equivocó una sola vez: construyó, en dos actos sucesivos, un edificio argumental cada vez más sólido en su propia lógica y cada vez más insostenible frente a la evidencia. El primer acto ocurrió en su programa de internet «De Voz en Voz», donde Sánchez —integrante del Consejo Consultivo de Perspectiva Familiar del Gobierno Municipal de Chihuahua y representante de la iglesia Palabra Viva A.C.— cuestionó abiertamente el sentido de la placa que honra a Marisela Escobedo frente al Palacio de Gobierno. «Me revienta ver la placa enfrente de Gobierno de la señora… cuando ella misma permitió que su hija menor de edad estuviera con su propio agresor», dijo, para luego rematar con la frase que debería, por sí sola, obligar a una relectura completa de su discurso: de haber «tenido el mismo coraje de arrebatar a su hija menor de las garras de ese asesino, no hubiera tenido que morir ella». Sánchez precisó, con una prudencia tardía, que no buscaba eximir de responsabilidad a las autoridades; pero la precisión llegó después de haber dicho, sin matices, que Marisela Escobedo no tuvo el coraje suficiente y que esa carencia —no el feminicidio de Rubí Frayre, no la liberación judicial del asesino confeso, no el propio crimen que acabó con la vida de la activista— es lo que explica su muerte.

El segundo acto llegó el 15 de julio, cuando ante el rechazo social generado por esas primeras declaraciones, Sánchez tuvo la oportunidad de rectificar y eligió, en cambio, blindarse. «No me tengo que disculpar con nadie. No dije nada que fuera ofensivo», sostuvo en su programa radiofónico, para después añadir que «como papás somos responsables de lo que pasa con nuestros hijos» y que existe, a su juicio, un «delito de omisión de cuidados para los padres que no cuidan a sus hijos». Cerró con una sentencia que resume todo lo demás: «para mí no es un héroe una persona que dejó a su hija menor de edad con un agresor». Léase la secuencia completa y no sólo su fragmento más citado: primero le reprochó a una madre asesinada no haber tenido «coraje»; después, ante la indignación pública, elevó ese reproche a la categoría de tipo penal —«delito de omisión de cuidados»—. No hubo matiz ni disculpa, hubo una segunda vuelta de tuerca, más precisa y por eso mismo más grave, sobre el mismo argumento.

Conviene detenerse en la mecánica de esa secuencia antes de discutir su contenido moral, porque la mecánica es, en realidad, el contenido. Sánchez no dijo, en ninguno de los dos programas, que lamentaba lo ocurrido a Rubí Frayre. Dijo que Marisela Escobedo careció de coraje y, después, que pudo haber cometido un delito. El desplazamiento es total, de la violencia ejercida por un hombre contra una menor, a la presunta negligencia de la madre que la buscó, la denunció y terminó asesinada por exigir justicia. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), en su respuesta pública, lo describió con precisión: la activista «llegó a atribuir a Marisela Escobedo la posible comisión de un delito —la omisión de cuidados—, imputándole así una responsabilidad penal por la violencia que otro ejerció contra su hija».

Sánchez habla, además, desde dos lugares distintos que su discurso funde deliberadamente en uno solo, y esa fusión merece un examen propio. Como representante de Palabra Viva, tiene el derecho —amparado por la libertad religiosa— a predicar cualquier doctrina sobre la crianza que su fe le dicte. Pero Sánchez no habló solo desde el templo: habló también, y lo hizo explícitamente en el primer programa, como integrante del Consejo Consultivo de Perspectiva Familiar del Gobierno Municipal de Chihuahua, es decir, desde un cargo de representación otorgado por una autoridad civil que, en un Estado laico, no debería prestar su investidura a un juicio moral sobre la responsabilidad penal de una víctima de feminicidio. La pregunta que el episodio deja abierta no es únicamente si Sánchez tiene derecho a pensar lo que piensa —lo tiene—, sino si el gobierno municipal de Chihuahua puede seguir sosteniendo, sin costo político ni institucional, a una consejera cuya doctrina privada se ha convertido en agravio público hacia una de las víctimas más emblemáticas de la lucha contra el feminicidio en el estado.

Ese desplazamiento tiene nombre en la sociología de la violencia de género y no es nuevo. La antropóloga argentina Rita Segato ha mostrado que la violencia feminicida funciona como un lenguaje dirigido a un auditorio, no sólo como un ataque a la víctima inmediata: es una «pedagogía de la crueldad» que enseña, a quien observa, cuáles cuerpos pueden ser dañados y bajo qué condiciones ese daño se vuelve tolerable. Cuando una figura pública convierte a la madre de la víctima en la responsable moral del crimen, no comenta el caso, más bien, reproduce esa pedagogía, porque enseña —a otras madres, a otras hijas— que el cuidado exigido nunca es suficiente y que la culpa, ante la duda, recae siempre sobre quien fue atacada.

El argumento de Sánchez tampoco es original en su estructura, aunque ella lo presente como sentido común parental. Es, palabra por palabra, el razonamiento que sostiene la exculpación del agresor en cualquier expediente de violencia sexual o feminicida: «se lo buscó», «no debió estar ahí», «algo hizo». El CEDEHM lo señaló sin rodeos: esa lógica «no es ajena a la violencia: es el mismo que la sostiene». Lo relevante, desde la teoría social, es que culpar a la víctima no resuelve un caso concreto, enuncia un principio general. Y un principio, por definición, no tiene fronteras si sirve para reprochar a una madre lo ocurrido a su hija, sirve exactamente igual para reprochar a cualquier persona cualquier violencia que haya sufrido, incluida —dicho sea de paso— la propia Sánchez o alguna de las mujeres que hoy la escuchan como una voz de autoridad moral.

Aquí conviene traer al análisis la figura que Howard Becker llamó «emprendedor moral», aquel actor social que no se limita a sostener una convicción privada, sino que trabaja activamente para que esa convicción se convierta en norma pública, con la fuerza simbólica —y a veces jurídica— de una regla compartida. Sánchez no habló como una ciudadana cualquiera dando su opinión sobre un caso mediático; habló desde una organización con vocería pública, en un espacio radiofónico propio, ante una audiencia que la reconoce como autoridad en temas de familia. Esa posición no es incidental al daño causado, lo multiplica. Un juicio de valor privado se disuelve en la conversación cotidiana; el mismo juicio, pronunciado por quien ocupa un lugar de autoridad moral reconocida, se instala en el espacio público con la apariencia de doctrina.

La dimensión religiosa de esa autoridad no puede omitirse, porque explica en buena medida su tono inapelable. Sánchez es, según ha trascendido en la cobertura local, vocera y congregante de la iglesia evangélica Palabra Viva en Chihuahua, una institución que ha sido señalada reiteradamente por su activismo antiderechos —oposición frontal a la interrupción legal del embarazo, al matrimonio igualitario y a la educación sexual integral— y por su intervención directa en la vida legislativa del estado. Max Weber distinguió la autoridad carismática de la autoridad legal-racional precisamente por su fuente: la primera no se legitima en procedimientos ni en evidencia, sino en la convicción de que quien habla posee un don o una verdad que trasciende la discusión ordinaria. Cuando esa autoridad carismática de origen religioso se traslada, sin mediación, al terreno de la política pública y del juicio sobre casos judiciales concretos, el resultado es un discurso que se percibe a sí mismo como incuestionable —de ahí la negativa explícita a disculparse— aunque contradiga tanto la evidencia forense del caso como el consenso de las organizaciones especializadas en violencia de género.

Erving Goffman ofrece otra clave complementaria: la del estigma como atributo que descalifica moralmente a quien lo porta, independientemente de sus actos. Sánchez no evalúa lo que Marisela Escobedo hizo —buscar a su hija, denunciar al agresor, exigir justicia frente al Palacio de Gobierno hasta ser asesinada por ello—; evalúa lo que, según su relato, Escobedo no hizo antes: no haber ejercido una vigilancia materna suficiente. Es el mecanismo clásico del estigma trasladado: la víctima carga, de antemano, con una sospecha de responsabilidad que ningún acto posterior de heroísmo cívico logra disolver. El CEDEHM lo dijo con una economía verbal que merece citarse: «no es un juicio sobre un hecho concreto, sino la afirmación de un principio».

Ese principio, además, tiene un destinatario colectivo que trasciende el caso individual de Marisela Escobedo. Chihuahua es, desde hace más de dos décadas, uno de los territorios donde el feminicidio y la desaparición de mujeres han producido un movimiento social de madres buscadoras cuya legitimidad se ha construido, precisamente, contra el discurso oficial y extraoficial que las responsabiliza por lo ocurrido a sus hijas. Marcela Lagarde, quien acuñó el concepto jurídico de feminicidio en México, insistió siempre en que la impunidad no es solo la ausencia de sentencia penal contra el agresor, sino también la persistencia de un relato social que traslada la carga moral del crimen hacia el entorno de la víctima —la madre que no cuidó, la mujer que no debió estar ahí—. El CEDEHM articula exactamente esa preocupación cuando advierte que su llamado no protege solo la memoria de una mujer asesinada hace más de una década, sino a «las madres y familias» que hoy acompañan, «quienes, día con día, cargan con el reproche de no haber protegido a sus hijas e hijos desaparecidos o asesinados, como si el deber de cuidarlos hubiera recaído en ellas y no en los agresores y en un Estado que les falló».

Pierre Bourdieu llamó violencia simbólica a aquella que se ejerce con la complicidad —muchas veces inconsciente— de quien la padece, precisamente porque se presenta revestida de sentido común, de moral compartida, de preocupación legítima por la infancia. Nadie que escuche a Sánchez percibe, en el momento de escucharla, un acto de violencia: percibe a una mujer preocupada por la responsabilidad parental, un tema sobre el cual, en abstracto, pocos discreparían. Ahí radica la eficacia del mecanismo: la violencia simbólica no necesita presentarse como agresión para funcionar como tal; le basta con naturalizar, bajo la forma de consejo o de reflexión moral, una atribución de culpa que ninguna evidencia sostiene y que ningún tribunal ha establecido.

El desenlace institucional de este episodio importa tanto como su contenido discursivo. El CEDEHM anunció que emprenderá las acciones legales correspondientes y llamó a las instituciones públicas y privadas donde Sánchez ostenta representación a no tolerar una postura que, en palabras de las propias madres del colectivo acompañante, «no solo no abona a la paz, sino que la obstaculiza». Ese llamado plantea una pregunta que excede el caso individual: qué margen de intervención pública debe tener una organización civil —con financiamiento, vocería mediática y capacidad de convocatoria callejera, como quedó de manifiesto en la reciente «Marcha por la vida y la familia» que la propia Sánchez ayudó a convocar en Chihuahua— cuando su discurso, lejos de mantenerse en el terreno de la controversia moral legítima sobre el aborto o la familia, se traslada al terreno de la imputación penal informal contra una víctima ya asesinada.

Hay, además, una dimensión mediática que merece atención propia, porque ambas declaraciones ocurrieron ante audiencia y con vocación de repercusión, no en una conversación privada. Jesús Martín-Barbero advirtió que los medios no son canales neutros de transmisión, sino espacios de mediación donde el sentido común de una comunidad se construye y se disputa; lo que se dice desde un micrófono con audiencia fija no compite con una opinión cualquiera, compite —y casi siempre gana— contra la explicación técnica, más lenta y menos emocional, que ofrecen las organizaciones de derechos humanos. Por eso el CEDEHM no se limitó a responder con un comunicado privado: exigió a los medios y a quienes generan contenido en plataformas digitales «ejercer una comunicación responsable, libre de violencia de género». La exigencia reconoce que el daño no se agota en la frase de Sánchez, sino en la caja de resonancia que la amplifica y la vuelve, para parte de la audiencia, sentido común aceptable.

El régimen discursivo de Sánchez tiene, todavía, un componente que Michel Foucault describió con particular agudeza: el poder pastoral, ejercido no mediante la coerción directa, sino mediante la conducción moral de las conciencias, típico de las instituciones religiosas que se arrogan la función de guiar la vida íntima de sus fieles —la crianza, la sexualidad, el matrimonio— bajo la promesa de salvación o de orden. Cuando ese poder pastoral se traslada del templo al espacio radiofónico y de ahí al debate público sobre un caso de feminicidio, no pierde su lógica de origen: sigue funcionando como confesión y juicio, solo que ahora la confesante forzada es una mujer que ya no puede hablar por sí misma. Sánchez no juzga un expediente judicial con pruebas y garantías procesales; pronuncia, desde su pastoral radiofónica —y desde su asiento en el Consejo Consultivo municipal—, una sentencia moral que ninguna instancia le pidió y que ninguna víctima puede refutar.

Conviene, en este punto, situar el caso en su genealogía local, porque Chihuahua no es un escenario cualquiera para esta clase de declaraciones. Marisela Escobedo se convirtió, tras su asesinato el 16 de diciembre de 2010, en un ícono nacional de la exigencia de justicia frente al feminicidio, precisamente en el estado donde el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez había marcado ya, desde la década de 1990, la agenda de derechos humanos del país. El movimiento de madres buscadoras que hoy acompaña el CEDEHM es heredero directo de esa historia: mujeres que, ante la inacción o la complicidad de las autoridades, asumieron ellas mismas la investigación de la desaparición o el asesinato de sus hijas, y que han pagado ese activismo con hostigamiento y desprestigio público. Robert K. Merton hablaría aquí de una función latente del discurso de Sánchez que excede su intención manifiesta: aunque ella diga hablar solo de responsabilidad parental, el efecto objetivo de sus palabras es desalentar precisamente ese activismo materno que Chihuahua ha necesitado durante más de dos décadas para que los feminicidios no queden impunes.

Nada de lo anterior exige censurar la discusión pública sobre la responsabilidad parental o sobre cualquier otro tema que Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia quiera plantear en el debate democrático chihuahuense. Exige, en cambio, distinguir con precisión entre debatir ideas y culpar víctimas; entre exponer una convicción, incluso desde un cargo público, y convertirla en sentencia sobre un caso judicial ajeno. Marisela Escobedo no necesita que se le rescate del olvido: su nombre está grabado en una placa frente al Palacio de Gobierno precisamente porque el Estado que debía protegerla no lo hizo, y porque ella respondió a esa falla con una búsqueda que le costó la vida. Ruth Sánchez tiene, como cualquier ciudadana, derecho a sus convicciones sobre la crianza y la familia. Lo que no tiene —lo que ninguna autoridad moral, religiosa o civil debería reclamar para sí, y menos aún desde un consejo consultivo del gobierno municipal— es el derecho a convertir el asesinato de una madre en evidencia de su propia culpa. Ese es, exactamente, el argumento que sostiene toda violencia que se disculpa a sí misma.

El autor es reportero y escritor. Estudió arqueología en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Su último libro es HÜZÜN. Cuentos, relatos y garabatos.