I.- El contexto infodémico
La cimentación de la democracia en México requiere contar con condiciones de transparencia y fidelidad informativa para que los ciudadanos conozcan lo más objetivamente posible la crítica realidad de su país y optar por sus preferencias políticas que posibiliten las diversas soluciones.
Sin embargo, las noticias falsas, la desinformación y la manipulación informativa son un mal de la modernidad comunicativa arraigado extensamente en la vida cotidiana de la nación que producen grandes desajustes sociales, especialmente en las fases electorales. La difusión de información deliberadamente falsa puede desacreditar injustificadamente a candidaturas y autoridades; trastocar la formación de la voluntad ciudadana; deteriorar la confianza en las instituciones contendientes; quebrar las condiciones de equidad entre las fuerzas políticas; provocar violencia y debilitar la legitimidad de los resultados.
A diferencia de los plebiscitos realizados anteriormente en la República Mexicana, actualmente, con el avance del mundo digital, la información colectiva circula de manera instantánea a través de plataformas digitales, redes socio digítales, servicios de mensajería, sistemas automatizados y herramientas de inteligencia artificial, lo cual incrementa significativamente la velocidad, el alcance y el potencial impacto social de los contenidos deformados o manipulados sobre los receptores.
Debido a ello, durante el próximo periodo federal electoral 2026-2027 se requiere mantener y fortalecer en los “Lineamientos Generales de Comunicación Política”, la regulación de la infodemia como uno de sus ejes estratégicos prioritarios, ya que constituye uno de los principales desafíos para la integridad de las dinámicas democráticas contemporáneas. Pese a tal relevancia estratégica regular la infodemia, esta acción no debe implicar censurar opiniones, críticas, sátiras o investigaciones periodísticas, sino la intervención debe orientarse a prevenir, transparentar, verificar, rectificar y, en los casos expresamente previstos por la ley, sancionar conductas dolosas que produzcan daños electorales demostrables.
II.- Necesidad del cambio
No obstante la gran importancia de dicha acción, en la actualidad existen diversos impedimentos conceptuales e institucionales que obstaculizan el avance en la regulación de la infodemia en nuestro país. Entre los principales obstáculos destacan los tres siguientes en el terreno de conceptualizaciones, regulación y avances tecnológicos:
1.- Definiciones simplificadas de noticias falsas. Las descripciones actuales sobre dicha realidad tienden a presentar la desinformación como un fenómeno relativamente sencillo. Hoy sabemos que existen formas mucho más sofisticadas de manipulación informativa que requieren definiciones más rigurosas, pero no se han incorporado a las regulaciones y marcos jurídicos.
2.- Dependencia exclusiva de la autorregulación. Aunque la autorregulación periodística es importante, se requiere que los lineamientos se complementen con monitoreo especializado, observación académica, mecanismos de transparencia y rendición pública de cuentas.
3.- Enfoques limitados a la verificación manual. La escala actual de la desinformación exige incorporar herramientas tecnológicas avanzadas para detectar contenidos manipulados, especialmente aquellos generados mediante inteligencia artificial, ya que aunque siempre ha existido la manipulación informativa, hoy día, la infodemia se anida más en el ecosistema publico digital.
III.- Modificación de directrices
Debido a su gran trascendencia para mantener un clima de sanidad político-democrática esta responsabilidad debe ejercerse respetando plenamente la libertad de expresión, el pluralismo informativo y el libre debate democrático, pues de lo contrario se podría terminar imponiendo censura. Entre las principales directrices que deben transformarse figuran las diez siguientes en el ámbito de perspectivas conceptuales, actualización de realidades, responsabilidades mediáticas y cooperación institucional:
Perspectivas conceptuales
1.- Sustituir el concepto de “fake news” por “desinformación”. El término “fake news” ha sido ampliamente cuestionado en la literatura académica porque resulta ambiguo y puede utilizarse para desacreditar información legítima. En consecuencia, es más apropiado utilizar categorías como desinformación, información manipulada, información fabricada, información engañosa, contenido sintético falso. Estas expresiones permiten una mayor precisión conceptual.
2.- Ampliar el enfoque más allá de la falsedad absoluta. La desinformación contemporánea no siempre consiste en contenidos completamente falsos. También puede manifestarse mediante el empleo de información verdadera presentada fuera de contexto, manipulación parcial de datos, edición selectiva de declaraciones, imágenes auténticas utilizadas de forma engañosa y omisiones deliberadas de información relevante.
En este sentido, la expresión fake news puede ser imprecisa por lo cual es indispensable que los Lineamientos oficiales distingan entre información errónea: contenido falso difundido sin intención comprobada de engañar. Desinformación: contenido falso o manipulado producido o difundido deliberadamente para engañar. Información descontextualizada: datos auténticos presentados fuera de su contexto para inducir una conclusión equivocada. Propaganda encubierta: comunicación pagada o concertada presentada como información periodística independiente. Suplantación informativa: uso indebido de la identidad o apariencia de un medio, periodista, autoridad o candidatura.
Tal diferenciación evitará que cualquier error periodístico sea tratado como una infracción electoral y permite concentrar las respuestas institucionales sobre operaciones coordinadas, dolosas y potencialmente dañinas.
Actualización de realidades
3.- Incorporar el fenómeno de las campañas coordinadas de desinformación. Se requiere incluir referencias específicas a las redes automatizadas de difusión, las granjas de bots, las campañas de amplificación artificial, las operaciones coordinadas de manipulación informativa. Tales prácticas tienen una creciente relevancia electoral.
4.- Fortalecer la dimensión digital. Los lineamientos actuales fueron concebidos principalmente desde la lógica de los medios tradicionales. La actualización debería incorporar expresamente plataformas digitales, redes socio digítales, aplicaciones de mensajería, ecosistemas algorítmicos de distribución de contenidos que es el espacio donde más proliferan.
5.- Regulación específica sobre inteligencia artificial y deepfakes. La principal ordenanza necesaria, ahora consiste en incorporar expresamente fenómenos que prácticamente no existían cuando se diseñaron las versiones anteriores de los lineamientos, tales como: deepfakes audiovisuales, clonación de voz, imágenes sintéticas, videos manipulados mediante inteligencia artificial y contenidos automatizados generados por sistemas de IA. Estos recursos pueden utilizarse para difundir información falsa con altos niveles de credibilidad y capacidad de viralización.
Responsabilidades mediáticas
6.- Protocolos de verificación electoral. Para fortalecer la calidad del periodismo electoral es indispensable que los medios de comunicación cumplan con su responsabilidad primordial de identificar noticias falsificadas y propaganda dirigida a desinformar. Para ello, deben adoptar procedimientos mínimos de verificación relacionados con autenticidad de fuentes, validación documental, corroboración de declaraciones, verificación audiovisual, contrastación de información digital y difundir contenidos sustentados en evidencia verificable.
7.- Mecanismos de corrección rápida. Los lineamientos deben incluir procedimientos ágiles para rectificar errores, aclarar información inexacta, corregir contenidos falsos, informar a las audiencias sobre modificaciones realizadas. La rapidez de la corrección es esencial en contextos electorales.
8.- Transparencia sobre contenidos en proceso de verificación. Cuando una información relevante no haya podido ser plenamente corroborada, podría recomendarse informar explícitamente a los públicos sobre dicha circunstancia con objeto de no colaborar a crear confusiones.
Cooperación institucional
9.- Alfabetización mediática y digital. Los medios podrían desarrollar iniciativas para fortalecer las capacidades ciudadanas en materia de identificación de noticias falsas, verificación básica de información, reconocimiento de contenidos manipulados y análisis crítico de fuentes. La mejor defensa frente a la desinformación, es una ciudadanía informada.
10.- Cooperación con organismos especializados en verificación. Para mayor efectividad en esta tarea se requiere fomentar la colaboración con universidades, centros de investigación, observatorios ciudadanos, organizaciones de fact-checking y especialistas en análisis digital. Esta cooperación contribuiría a elevar los estándares de verificación para tener comicios más limpios en el país.
IV.- Higienizar el ambiente electoral
La prevención de la desinformación debe consolidarse como uno de los ejes centrales de los Lineamientos Generales en las elecciones 2026-2027, pues representa uno de los mayores riesgos para la calidad democrática de los procesos electorales contemporáneos. Su relevancia radica en que protege la libertad sustantiva del voto, la equidad de la competencia, el derecho a la información, la integridad de las candidaturas, la certeza institucional y la legitimidad de los resultados.
El camino constitucional correcto no consiste en crear un “ministerio de la verdad”, sino en edificar un sistema plural de integridad informativa electoral, basado en transparencia, verificación, rectificación, réplica, trazabilidad tecnológica, alfabetización mediática, debido proceso y responsabilidades posteriores. La desinformación debe combatirse mediante procedimientos democráticos y con más información comprobable, no mediante controles discrecionales sobre el debate público. Empero, una regulación ambigua y punitiva también sería peligrosa, pues podría transformarse en acción mordaza.
No regular tal álgida realidad dejaría un vacío susceptible de ser ocupado por campañas clandestinas, contenidos sintéticos, propaganda encubierta, poderes económicos fácticos, estructuras gubernamentales o intereses delictivos. Tal abandono dañaría sustantivamente los plebiscitos nacionales, pudiendo causar su anulación, y con ello, se alimentaría más la descomposición de la raquítica democracia existente en México.
Continuará …