I.- La construcción pacífica de la democracia
La edificación equilibrada de la democracia en México demanda el ejercicio incuestionable de contar con procesos electorales pacíficos para recibir con seguridad e integridad la voluntad de la población expresada en las urnas. Por ello, es indispensable que dentro de los “Lineamientos Generales de Comunicación Política” para el periodo federal electoral 2026-2027 los actos de violencia política queden considerados como un tema prioritario, debido a que la agresión contra precandidatos, candidatos, funcionarios electorales, periodistas y actores políticos constituye una amenaza directa para la democracia, la libertad política, el equilibrio de los comicios y el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos.
En este sentido, se requiere que los canales de comunicación informen en sus noticiarios sobre las amenazas o agresiones dirigidas contra las personas contendientes a cargos de representación popular.
II.- El drama nacional
Lo anterior cobra extrema relevancia democrática nacional ya que el álgido contexto político mexicano convirtió al país en una entidad altamente salvaje, donde los últimos procesos electorales registraron un enorme volumen de amenazas, coerciones, atentados y homicidios sobre la competencia política. Hay que recordar que los dos pasados periodos electorales nacionales se transformaron en los plebiscitos más violentos de la historia moderna de México, pues el avasallamiento político experimentó un drástico panorama generalizado de ataques directos contra actores electivos.
Así, en las elecciones de 2018, la consultora Etellekt contabilizó un total de 774 acometidas globales contra postulantes (incluyendo conminaciones, atentados y secuestros), de los cuales 152 en total fueron figuras políticas asesinadas. Dentro de esta cifra se incluyó a los 48 candidatos y precandidatos masacrados ese año. Para las elecciones federales de 2024, Organizaciones como Data Cívica documentaron cerca de 750 ataques políticos, mientras que el Laboratorio Electoral enumeró más de 330 incidentes de violencia política y 37 aspirantes/candidatos asesinados. Complementariamente, informes de la consultora Integralía registraron 34 candidatos asesinados y cientos de embates a personalidades políticas. En ambos procesos la violencia se concentró principalmente en el ámbito local y municipal de la República, afectando de manera desproporcionada a candidatos que lidiaban por alcaldías, regidurías y sindicaturas.
III.- La renovación
Debido a ello, resulta indispensable que los medios de comunicación informen de manera responsable y sistemáticamente sobre estos duros acontecimientos tempestuosos con el fin de contribuir a la visibilización del problema, fortalecer la cultura de denuncia y promover la exigencia de condiciones de seguridad para la participación política ciudadana.
Sin embargo, la cobertura de estos hechos requiere un tratamiento periodístico especializado, ético y profesional, pues una difusión inadecuada generaría riesgos adicionales para las víctimas, impactaría investigaciones en curso o se convertiría involuntariamente en un mecanismo de amplificación de la violencia. De esta forma, la difusión de este tipo de hechos exige especial cautela por parte de los medios para no revelar datos personales ni otro tipo de información que pueda exponer a las víctimas a un mayor riesgo u obstaculizar las investigaciones correspondientes.
IV.- Modificación de inercias
Ante tal crisis democrática alarmante se deben transformar, entre otros, los siguientes tres aspectos dentro de los “Lineamientos Generales de Comunicación Política” 2026-2027:
1.- Limitación de la denuncia inmediata. Aunque la denuncia es importante, actualmente la cobertura es muy limitada. Debe evolucionar hacia una perspectiva más amplia de prevención, seguimiento y rendición de cuentas, pues de lo contrario la problemática no se atacará desde sus raíces.
2.- Ambigüedades sobre la protección de víctimas. Se requiere sustituir formulaciones generales sobre las víctimas por protocolos más específicos que orienten la actuación periodística en situaciones de riesgo.
3.- Visión centrada en medios tradicionales. La regulación convencional se concentró en los canales habituales de transmisión masiva, por lo cual ahora tiene que actualizarse, ya que gran parte de la violencia política y su difusión contemporánea ocurre a través de insultos y advertencias bárbaras, vía plataformas digitales y redes sociales virtuales.
V.- Nueva perspectivas
Para enfrentar dicha situación aterradora es necesario realizar, entre otras, las siguientes siete transformaciones normativas:
1.- Ampliar la definición de violencia política. La concepción actual se concentra principalmente en amenazas o ataques contra candidaturas, por lo cual es imperioso ampliar el concepto para incluir violencia física, violencia psicológica, violencia digital, violencia simbólica, violencia económica y violencia institucional con la finalidad de detenerlas. Tal formulación permitiría lograr una comprensión más integral de este virulento fenómeno disruptivo.
2.- Fortalecer el enfoque de derechos humanos. La cobertura debe orientarse no sólo a informar sobre los hechos violentos, sino también a visibilizar derechos vulnerados, obligaciones del Estado, mecanismos de protección e impactos democráticos del salvajismo en estas fases de interacción social.
3.- Acotar la espectacularización de la violencia. Se debe evitar el uso de imágenes excesivamente explícitas, contenidos sensacionalistas, difusión innecesaria de escenas agresivas y enfoques que conviertan la violencia en espectáculo mediático para toda la familia.
4.- Reconocer la violencia política digital. Los lineamientos están obligados a contemplar expresamente las nuevas modalidades de violencia política que actualmente tienen una presencia creciente en los plebiscitos, como son amenazas mediante redes socio digítales, campañas de hostigamiento digital, acoso coordinado en plataformas, difusión masiva de mensajes intimidatorios, ataques cibernéticos contra candidaturas, divulgación ilícita de información personal, etcétera. Esto debido a que la violencia política contemporánea ya no se manifiesta únicamente mediante agresiones físicas, sino también mediante ataques simbólicos, igualmente perjudicantes.
5.- Reglas diferenciadas para violencia política contra mujeres. La agresión política en razón de género presenta características particulares que ameritan atención específica. Las medidas deben contener recomendaciones para identificar y cubrir amenazas sexistas, violencia digital de género, campañas de desprestigio basadas en estereotipos, intimidaciones dirigidas a limitar la participación política de las mujeres.
6.- Alteración de contenidos mediante inteligencia artificial. Las nuevas pautas deben contemplar fenómenos emergentes como videos falsificados, deepfakes, audios manipulados, simulaciones digitales utilizadas para amedrentar o desacreditar candidaturas electorales.
7.- Capacitación especializada para periodistas. Es indispensable promover la formación profesional sobre cobertura de violencia política, seguridad periodística, protección de víctimas, manejo ético de información sensible y derechos humanos, con objeto de realizar una supervisión más profesional de este perturbador fenómeno político en la República.
VI.- Secuelas del escapismo
Desde los marcos de la lógica de comunicación electoral, los derechos de las audiencias, la prevención de violencia política y la edificación de la democracia nacional, si no se contemplan tales criterios sobre la cobertura de actos de violencia política, se produciría un vacío comunicativo grave, porque tal práctica disfuncional repercute directamente sobre el ejercicio de los derechos político-electorales y la integridad de la competencia democrática.
De esta negligencia, se derivarían, entre otras, las siguientes cinco consecuencias estructurales:
1.- Normalización mediática de la violencia política. Los noticiarios podrían cubrir agresiones, amenazas, intimidaciones o ataques como simples “hechos policiacos”, “sucesos morbosos”, o “conflictos partidistas”, sin explicar la dimensión democrática, electoral e institucional que esto conlleva.
2.- Revictimización de candidatos, militantes o funcionariado electoral. Sin criterios editoriales precisos, los medios podrían difundir datos personales, imágenes sensibles, rumores, acusaciones no verificadas o narrativas que culpen a las víctimas de forma ilegítima.
3.- Distorsión del voto libre e informado. La ciudadanía quedaría expuesta a recibir noticias fragmentadas o sensacionalistas, sin contexto sobre quién agrede, a quién se violenta, como se ataca, con qué finalidad y qué consecuencias electorales tiene para la equidad de la contienda.
4.- Mayor riesgo para periodistas y medios. Sin protocolos firmes y claros, los reporteros pueden quedar más expuestos a amenazas, presiones de actores políticos, grupos criminales y campañas digitales de hostigamiento. Ello ocasionará que la libertad de expresión quede mermada o acorralada.
5.- Deterioro de la confianza ciudadana. Si los medios no distinguen entre violencia común, conflicto político y violencia político-electoral, se incrementa la percepción de impunidad, desorden institucional y fragilidad democrática, creando un clima de desconfianza civil sobre la dinámica electoral.
VII.- Luchar contra la violencia electoral
Es vital que la cobertura de actos de violencia política forme parte medular de los “Lineamientos Generales de Comunicación Política” del INE para los comicios de 2026-2027. No incluir dichos aspectos en tales directrices provocaría que los noticiarios carezcan de principios mínimos para informar con responsabilidad, proporcionalidad, perspectiva de derechos humanos, enfoque de género, protección de víctimas y preservación de la equidad electoral. En términos democráticos, esto admitiría que la violencia en los plebiscitos no fuera tratada como una amenaza para el proceso electoral y se redujera a un mero hecho noticioso aislado o casual, debilitando el voto libre, la pluralidad política y la legitimidad de las elecciones de 2027.
Continuará …