Al final de la Primera Guerra Mundial se buscó establecer un orden hábil para evitar nuevos y más fatídicos conflictos. Con esa meta, la Sociedad de Naciones (SdN), surgida del Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919 y que abrevó de la experiencia de esfuerzos de concertación concebidos a partir del equilibrio del poder – como la Santa Alianza y el Concierto Europeo – buscó hacer del Derecho Internacional la principal herramienta para la convivencia armónica y pacífica de los pueblos. No obstante, la salida de Alemania de la SdN, en 1933, alteró el principio articulador del mutilateralismo, es decir, la universalidad de su membresía, la cual debe procurarse incluso cuando algunos de sus integrantes violen los principios constitutivos del organismo o se opongan a decisiones de la mayoría, como ocurrió con el entonces incipiente regimen nazi. La SdN quedó herida de muerte. Luego de esa fatídica experiencia, la Organización de Naciones Unidas (ONU) se erigió en piedra angular de una segunda generación de esfuerzos diplomáticos multilaterales, orientados a garantizar paz y seguridad. Con sus altibajos, la ONU ha logrado mantener el citado principio de universalidad, aunque por razones coyunturales, en tiempos recientes un país decidió salirse de la UNESCO y otro más de la OMS. Por suerte, Naciones Unidas no ha conocido la salida de ningún Estado miembro de sus órganos deliberativos y de gobierno y, gracias a ello, impulsa la gobernanza global desde el arreglo de equilibrio del poder sobre el cual fue diseñada. Vista así, la ONU ha probado su utilidad y puede ser reformada para atender desafíos inéditos.
En este contexto, amerita analizar una pieza del rompecabezas. Me refiero al interés nacional definido en términos de poder. En efecto, ese concepto, que en la arquitectura de la ONU posibilita el frágil equilibrio que debe existir entre las cinco potencias integrantes del Consejo de Seguridad, es desafiado por parte de algunas de esas mismas potencias debido a conductas que infringen sistemáticamente la Carta fundacional de la Organización. El asunto no es menor. Cuando la política de poder se lleva a extremos, los países dejan de actuar con base en su legítimo interés nacional y abrazan la denominada Razón de Estado, es decir, el despliegue de acciones excepcionales y de emergencia para atender, con criterio unilateral, situaciones que identifican como amenazas a su seguridad. Esta conducta, de suyo viciosa, genera incertidumbre en la comunidad de naciones porque recurre a represalias que incrementan tensiones. Aún más delicado, dicho comportamiento se aparta de la idea de coalición (pacto) de la cual surgió la ONU y merma la confianza que se requiere para crear círculos políticos y de cooperación solidarios y virtuosos. Como resultado, la alianza formada por Estados soberanos para mantener objetivos compartidos se desgasta debido al relajamiento de la lealtad de aquellos a las instituciones multilaterales y al orden jurídico. Así las cosas, la posibilidad real de que la post-globalización se traduzca en oportunidad de estabilidad y progreso, se ve amenazada por actores que, en los hechos, han sustituído la legítima defensa de su interés nacional, por la prepotencia que es propia de la Razón de Estado. La senda preocupa porque apunta hacia el desencuentro político y al rearme militar. Inquieta más debido a que una nueva guerra mundial sería catastrófica y probaría lo dicho por Albert Einstein, de que la cuarta sería con palos y piedras, según vaticinó en 1949 en célebre entrevista.
El autor es doctor en Ciencias Políticas e internacionalista.
