Hay una frase, entre las declaraciones cruzadas de estos días en Chihuahua, que debería quedarse fija en el centro de la discusión: «la salud no tiene colores, no tiene partidos». La dijo el subdelegado médico del ISSSTE, Marcelo Ramírez Flores, en respuesta a la campaña de espectaculares que el Comité Directivo Estatal del PAN reivindicó como propia. No es una frase menor ni una salida diplomática de funcionario prudente: es, en rigor, un principio de teoría social que merece tomarse en serio, y que este episodio ilustra con una nitidez poco frecuente.

Las sociedades modernas, escribió alguna vez el sociólogo alemán Niklas Luhmann, funcionan como conjuntos de sistemas diferenciados, cada uno con su propio código binario: el sistema jurídico distingue entre legal e ilegal, el económico entre pago y no pago, el sanitario entre curar y no curar. La política, por su parte, opera con el código gobierno-oposición, poder-no poder. El problema no es que estos sistemas coexistan —lo hacen siempre, en toda sociedad compleja— sino cuando uno coloniza el código del otro: cuando una decisión sanitaria empieza a comunicarse con la lógica de quién gana y quién pierde una elección, en lugar de con la lógica de quién recibe atención y en qué tiempos. Eso es, exactamente, lo que un espectacular con la leyenda «el IMSS y nada es lo mismo» termina por producir, más allá de la intención con la que se colocó: traduce un problema de gestión hospitalaria al lenguaje de la disputa partidista.

Conviene decirlo con precisión, porque no se trata de cuestionar la legitimidad del reclamo. Que Chihuahua aporte en cuotas patronales más de lo que recibe en infraestructura de salud, que el hospital del ISSSTE en la capital cumpla ya sesenta años de operación, son datos verificables que cualquier dirigencia política —del color que sea— tiene derecho, incluso obligación, de señalar. El asunto no es si el PAN puede o no exigir mejores servicios federales de salud para los chihuahuenses; el asunto es con qué instrumento se hace esa exigencia. Y aquí resulta útil la distinción que trazó el politólogo italiano Giovanni Sartori entre la política del argumento y la videopolítica, esa sustitución progresiva del razonamiento por la imagen que impacta y se retiene sin necesidad de ser procesada. Una lona colgada sobre una avenida no explica tiempos de espera ni compara presupuestos; instala una emoción —el abandono, la desconfianza— que circula más rápido que cualquier cifra y que, por diseño, invita a la reacción antes que a la verificación.

Algo semejante describió el politólogo francés Bernard Manin con su idea de la democracia de audiencia: un régimen en el que la comunicación política ya no se dirige a electores que deliberan sobre programas, sino a públicos que reaccionan a gestos. Bajo esa lógica, hasta un tema tan poco espectacular como el abasto de medicamentos o la disponibilidad de especialistas puede convertirse en materia de campaña permanente, presente en el paisaje urbano incluso fuera de temporada electoral. No es una acusación dirigida a una persona en particular: es una descripción de cómo funciona hoy buena parte de la comunicación pública en México, y vale la pena nombrarla sin necesidad de convertirla en juicio contra quien apenas está usando las herramientas que el sistema pone a su disposición.

Hay, además, una distinción clásica de la sociología —la que el estadounidense Robert K. Merton estableció entre las funciones manifiestas de una acción social y sus funciones latentes— que ilumina bien este caso. La función manifiesta de un espectacular que denuncia deficiencias en el IMSS es, se puede aceptar de buena fe, informar a la ciudadanía; su función latente, la que opera sin necesidad de declararse, es de posicionamiento electoral. Ninguna de las dos es ilegítima por sí sola; el problema aparece cuando la primera se usa como fachada de la segunda, porque entonces el ciudadano recibe un mensaje que dice ser información sanitaria y en realidad es estrategia de posicionamiento, sin que se le avise del cambio de código.

El reto de la dirigencia panista a que los simpatizantes de Morena se atiendan públicamente en el IMSS o el ISSSTE ilustra, casi como manual de texto, lo que el sociólogo canadiense Erving Goffman llamó actuación dramatúrgica: un gesto pensado para el público, no para resolver nada en la parte de atrás del escenario, donde ocurre la gestión real de citas, quirófanos y medicamentos. El reto es efectivo como pieza de comunicación y, al mismo tiempo, no aporta un solo dato sobre la calidad de la atención; es teatro, y como todo teatro, cumple su función mientras el público no le pida que además sea diagnóstico clínico.

Frente a esta lógica, la respuesta del ISSSTE ofrece un contraste que vale la pena subrayar en sus propios términos. Marcelo Ramírez Flores no respondió con otro espectacular, ni con un reto simétrico; respondió con cifras: 372 mil 958 consultas otorgadas hasta el mes pasado, 3 mil 526 cirugías realizadas como parte de la estrategia para abatir el rezago quirúrgico, un abasto de medicamentos cercano al 97.2%. Es, en el fondo, el tipo ideal que el sociólogo alemán Max Weber llamó dominación racional-legal: la autoridad que se legitima no por carisma ni por tradición, sino por el apego a reglas y por la posibilidad de que sus resultados sean verificados. Es, precisamente, el modelo de comunicación que la salud pública necesita y que rara vez recibe en el ciclo noticioso mexicano, más acostumbrado al golpe de efecto que a la tabla de indicadores.

El reconocimiento del propio subdelegado sobre los rezagos de infraestructura —el hospital de seis décadas, la necesidad de un proyecto conjunto entre Federación, estado y municipios— añade algo que merece destacarse: no está a la defensiva ni niega el problema, lo sitúa en su escala correcta. No es un fallo del modelo de atención, es un pendiente de inversión pública que requiere coordinación entre órdenes de gobierno, no confrontación entre ellos. Es, para volver a Luhmann, exactamente la separación que conviene respetar: un problema técnico de infraestructura no necesita resolverse en clave partidista para poder discutirse con seriedad.

El comunicólogo colombiano Jesús Martín-Barbero, pensando en clave latinoamericana, advertía que los medios y las estrategias de comunicación pública no solo transmiten información, sino que producen «mediaciones»: marcos de sentido que la ciudadanía usa después para interpretar cualquier hecho nuevo, incluidos los de salud. Cuando la mediación dominante sobre el sistema de salud federal pasa a ser «el gobierno federal abandona a Chihuahua», cualquier dato posterior —bueno o malo— se lee a través de ese filtro, incluidas las cifras que el propio ISSSTE ofrece para mostrar avances. Ese es el costo silencioso de la politización: no solo distorsiona el mensaje de quien la practica, sino que dificulta que el mensaje de quien intenta responder con datos sea escuchado sin sospecha.

Nada de esto exige que la política deje de vigilar al sistema de salud; al contrario, la vigilancia partidista sobre el desempeño de instituciones públicas es parte legítima del juego democrático, y sería ingenuo pedirle a ningún partido que renuncie a señalar carencias reales. Lo que el episodio chihuahuense permite argumentar, con el respaldo de la teoría social, es algo más modesto y más útil: que existe una diferencia de fondo entre exigir resultados y fabricar un clima de opinión, y que esa diferencia se nota, sobre todo, en el tipo de evidencia que cada actor está dispuesto a poner sobre la mesa.

Conviene añadir una precisión sobre el propio programa estatal, porque el argumento aquí desarrollado no busca ponerlo en entredicho. MediChihuahua responde a una necesidad real: la de miles de chihuahuenses que hoy carecen de seguridad social y requieren una opción de atención médica accesible. Dicho de otro modo, la distinción mertoniana entre funciones manifiestas y latentes también puede leerse en positivo: promover un programa estatal de salud es una función legítima y necesaria de cualquier gobierno, y nada impide construir esa promoción exactamente con el mismo lenguaje de cifras verificables que el ISSSTE aplicó a su propia defensa. El estándar racional-legal que Weber describió no le pertenece a una sola institución; puede —y quizá debería— ser también la vara con la que se mida y se comunique el desempeño de MediChihuahua.

Hay, además, una dimensión práctica que suele perderse en medio de este debate y que merece un lugar propio: la salud pública funciona mejor cuando se piensa en clave de coordinación entre órdenes de gobierno que cuando se piensa en clave de competencia entre programas. El propio subdelegado lo dijo sin rodeos al mencionar el convenio de colaboración entre el ISSSTE y la Secretaría de Salud estatal para servicios subrogados: MediChihuahua y el sistema federal no son necesariamente marcas rivales que se disputan clientela, sino piezas complementarias de una misma red de atención que un derechohabiente puede necesitar usar de manera combinada a lo largo de su vida. Ganaría todo mundo —empezando por el paciente— si esa complementariedad, ya existente en los hechos, se comunicara con la misma claridad con la que hoy se comunica la confrontación.

Al final, el mérito de la postura del ISSSTE no está en que haya «ganado» el round comunicacional —no era ese el objetivo declarado— sino en haber ofrecido, frente al lenguaje del espectacular, el lenguaje de la cifra verificable y la disposición a la coordinación interinstitucional. Es exactamente el ethos de la administración racional que describió Weber, y es también, sin necesidad de más adjetivos, la actitud que cualquier ciudadano debería poder exigirle a quienes gestionan su salud: no que dejen de hablar de sus carencias, sino que hablen de ellas con los instrumentos que la salud pública merece, y no con los del ciclo electoral.

Queda, entonces, una tarea pendiente que no es exclusiva de ningún partido ni de ninguna institución: construir un criterio compartido sobre qué se puede discutir en clave política y qué debería quedar reservado al terreno técnico de la gestión sanitaria. No es una frontera fácil de trazar, y probablemente ningún actor la respetará siempre con la misma disciplina. Pero nombrar el principio —la salud no tiene colores— y sostenerlo como criterio de evaluación, más allá de quién lo haya pronunciado primero, es ya una forma modesta de exigir que la próxima disputa sobre hospitales y consultorios en Chihuahua se libre con cifras, no con lonas.

El autor es reportero y escritor. Estudió arqueología en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Su último libro es HÜZÜN. Cuentos, relatos y garabatos.