Los Derechos Humanos en América Latina: El caso salvadoreño

¿Se puede sostener en el tiempo una paz duradera sin que se respete la democracia?

Mientras escribo esta columna, en El Salvador se respira una tranquilidad alcanzada en pocos años. El país dejó de ser uno de los más violentos, no solo de Centroamérica sino del mundo entero, logrando bajar los índices de criminalidad de manera vertiginosa. Las violentas pandillas ya no imponen sus ordenanzas sangrientas y se han registrado estadísticas delictivas tan bajas que resultan comparables con las de países desarrollados.

Estoy seguro de que el ciudadano salvadoreño siente, al final del día, un cambio evidente que se traduce en la paz social percibida hoy. Los comercios no tienen que cerrar por sufrir extorsiones, los niños juegan en los parques y el turismo está en franco aumento. Este cambio milagroso no llegó por generación espontánea, ni con reformas educativas o económicas, y menos con ayuda internacional; por el contrario, se alcanzó como producto de un violento proceso de choque impuesto por el presidente Nayib Bukele. Es un modelo que no parece sostenible en el tiempo y que enciende las alertas en los organismos de derechos humanos. Así, por ejemplo, en un reciente informe de Amnistía Internacional se señaló lo siguiente:

«El Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a la violencia criminal y de investigar y sancionar los delitos cometidos por las pandillas, pero esa obligación no autoriza la comisión de graves violaciones de derechos humanos»: Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

La verdadera transformación inició aproximadamente en el mes de marzo del año 2022, luego de que las pandillas desataran el caos y desbordaran una locura de violencia que dejó innumerables fallecidos en pocos días.

Las condiciones estaban dadas para que el gobierno respondiera de forma fulminante: se aprobó un «Régimen de Excepción» que suspendió garantías procesales y, por lo tanto, derechos fundamentales de la población. Se tomaron medidas tan drásticas como omitir las razones de una detención, impedir el acceso inmediato a los servicios de un abogado o revisar los teléfonos celulares sin orden judicial. Lo que iba a durar un mes se ha convertido en una regla que lleva años vigente.

El plan fue simple: encierro masivo. Se abandonó la idea de investigar caso por caso y se optó por redadas gigantescas. El ícono de esta estrategia es el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), una megacárcel construida para embodegar a miles de pandilleros bajo un aislamiento total. Las imágenes de miles de presos tatuados, rapados y en ropa interior blanca le dieron la vuelta al mundo, mandando un mensaje claro: el gobierno tiene el control y no tendrá ninguna consideración con los pandilleros.

Al respecto, Amnistía Internacional ha señalado:

«En muchos casos, ya no importa si existe evidencia o no. Basta con que la policía diga que alguien ‘parece pandillero’ para que el sistema lo procese».

Pero ¿cuál es el costo social de esta política criminal? Limpiar las calles ha tenido un tremendo precio que la comunidad internacional mira con preocupación. Al eliminar los controles de constitucionalidad y legalidad en la administración de justicia, la policía y los jueces actúan prácticamente bajo las órdenes del gobierno. Esto ha provocado graves excesos como los siguientes:

Detenciones injustas: Miles de personas inocentes, sin relación con las pandillas, han terminado presas por denuncias anónimas, sospechas o el simple hecho de tener un tatuaje.

Juicios grupales: Se juzga a cientos de personas al mismo tiempo de manera virtual debido a la cantidad de imputados vinculados a proceso, lo que hace imposible una defensa real.

Maltrato en las prisiones: Existen denuncias documentadas de torturas, desnutrición y falta de atención médica que han causado la muerte de cientos de detenidos bajo la custodia del Estado.

Además, el gobierno ha creado un discurso de cero tolerancia a las críticas donde no hay puntos medios: o estás con las políticas del gobierno o estás con los pandilleros. Esto ha provocado que cualquier comunicador, defensor de derechos humanos o crítico sea perseguido o acusado de defender a los criminales, obligando a muchos al exilio. Así lo señala el informe de Amnistía Internacional:

«Esta investigación evidencia que las autoridades salvadoreñas han permitido que su política de seguridad derive en violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad»: Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

¿Es este proyecto de política criminal sostenible en el tiempo?

Mantener tras las rejas a más del 2 % de la población adulta es una tarea difícil y muy costosa para un país del tercer mundo con una economía que depende de la importación de la mayoría de los bienes que consume. Cada dólar que se destina al sistema penitenciario y a la seguridad es dinero que se le resta a la salud, a la educación y, en general, a los programas sociales. En El Salvador existen serios problemas económicos que no se han solucionado y menos arrancado de raíz —como la falta de empleo, una brecha social muy marcada, la pobreza y la desintegración familiar—, lo que convierte a las cárceles en una olla de presión temporal. Aunado a lo anterior, ningún país puede vivir para siempre bajo leyes de excepción sin destruir su propia democracia. El riesgo es que este «populismo punitivo» se vuelva la norma y que otros países de la región, desesperados por la violencia o por razones políticas, lo copien. Esto ya se asoma en Costa Rica con la propuesta de construcción de una megacárcel al estilo CECOT, o en México con las reformas recientes para el nombramiento de jueces por votación popular —lo que pone en duda su calidad e independencia política—, así como la prisión preventiva oficiosa elevada a rango constitucional; una medida por la que México ya ha recibido al menos dos condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no han sido eficaces, pues se ha olvidado cumplirlas.

El Salvador enfrenta un hito histórico. Si bien demostró que al crimen organizado se le puede detener cuando existe voluntad política, devolviendo la paz a millones de salvadoreños, lo hizo aplastando las reglas del sistema democrático y abriendo la puerta a que muchos inocentes terminen sepultados en prisión sin derecho a defenderse. Nadie quiere volver al pasado de terror de las pandillas, cuando muchos fueron extorsionados o cruelmente ultrajados y asesinados. Lo que debe buscar El Salvador es transitar de una guerra contra las pandillas que se ha sostenido temporalmente a una seguridad duradera; una que respete la Constitución y las leyes sin necesidad de suspender los derechos de sus ciudadanos para mantener la paz. La verdadera tranquilidad no se logra embodegando seres humanos —muchos culpables y otros no— ni con más prisiones de muros más altos y celdas oscuras, sino con juicios justos, un desarrollo económico equilibrado y oportunidades para todos.

«La experiencia salvadoreña demuestra el enorme riesgo de normalizar modelos de seguridad que prometen resultados inmediatos bajo un enfoque meramente represivo, sin considerar las salvaguardas del debido proceso ni el respeto a los derechos humanos».

San José, Costa Rica

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