La novela del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, es digna de los melodramas de la televisora de San Ángel. Las autoridades mexicanas, principalmente a través de la fiscalía general de la República (FGR), ya salieron a defender y exonerar al mandatario.
La protección que hasta el día de hoy se le ha dado al funcionario y amigo de López Obrador es imposible de ocultar. El departamento de Justicia estadounidense tiene documentado como en su campaña rumbo a la gubernatura, fluyó el dinero, y de cómo se amenazó y secuestró a candidatos de oposición para no hacerle sombra.
Estas denuncias fueron presentadas durante su campaña a la gubernatura, lamentablemente nunca les dieron atención, seguimiento y, mucho menos, resolución alguna. Hoy queda claro el porqué.
Si bien es cierto, el Gabinete de Seguridad a cargo de Omar García Harfuch rechazó las versiones que señalan que Rocha Moya se encuentra resguardado por el Ejército en instalaciones militares, hay quien asegura que se encuentra en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación de ese tipo en el país.
Según la presidenta Claudia Sheinbaum, el “señor” esta en su casa, es más no cuenta con protección federal. De acuerdo con la primera mandataria la postura es que Estados Unidos entregue las pruebas de la supuesta colaboración entre el gobernador de Sinaloa y los cárteles del narcotráfico.
Incluso, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, aseguró que la institución sí está investigando al gobernador con licencia, sin embargo, a la fecha no cuenta con pruebas suficientes que acrediten los hechos que Estados Unidos le imputa.
Es una autentica burla, una tomadura de pelo, por decir lo menos, si nunca pudieron investigar al Senador Enrique Insunza Cázarez, que podemos esperar ahora con Rocha Moya, amigo del expresidente.
No hay que ser muy inteligente para deducir que la protección a Rocha Moya deriva de que, si el cae, también lo hará López Obrador. Pues no decía el exmandatario que en este país no se podían hacer grandes negocios sin que estuviera enterado el presidente de la República en turno.
De hecho, la FGR reservó por cinco años, es decir, hasta 2031, las preguntas del cuestionario que se le hizo en mayo pasado a Rocha Moya.
El pretexto, otra de sus argucias legales y explicaciones ridículas: el hacer públicas estos datos podría exponer las líneas de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación.
Ya sabemos y lo hemos corroborado, como que eso de la transparencia no es el fuerte de la cuarta transformación. Lo realmente importante en este caso es ver la reacción de los Estados Unidos a todo este espectáculo, ya que es evidente y lo sabe nuestro vecino del norte, no se lo van a entregar.
Nada más que no se confíen, habría que recordarles el caso de Nicolás Maduro y el ¡venga por mi cobarde!, ¡aquí lo estoy esperando! No tuvo que esperar mucho, hoy está preso en la ciudad de New York.
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