Muy cierta la afirmación del Editorial de Siempre de la semana anterior; la provocación estadounidense de exhibir en un museo de Nuevo México la aeronave en la cual fue trasladado de Culiacán a ese estado de la Unión Americana la entonces cabeza de la estructura criminal del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, tuvo consecuencia inmediata en la encargada de la presidencia de la República. “Se gancha con facilidad”, dirían en mi tierra.

Fuera de tiempo y con una supuesta estrategia para motivar la reacción en contra del intervencionismo estadounidense en los asuntos que competen al Estado Mexicano en sus funciones de procurar e impartir justicia, con base en la investigación de los delitos, terminó de tajo con el impasse del Campeonato Mundial de Fútbol para reubicar en primera línea el caso Rocha Moya y las imputaciones contra él y nueve aliados y colaboradores políticos y policiales por haberse connivido —que proviene del latín conivēre (cerrar los ojos o hacer la vista gorda)— con ese Cartel para asegurar su acceso al poder local y condiciones para su ejercicio, a cambio de protección y espacios de operación de ese grupo de la delincuencia organizada.

Se regresó al 26 de julio de 2024 y la reclamación al gobierno estadounidense sobre el traslado de Zambada a ese país y la información sobre la participación de sus agencias en una acción violatoria de la soberanía mexicana, al tiempo de señalar como carentes de veracidad las declaraciones del entonces embajador Ken Salazar sobre la ausencia de intervención de alguna oficina de su país.

Hubo algunos saltos mortales sin red de protección: (i) Zambada ha aceptado su culpabilidad en la comisión de múltiples ilícitos y la acumulación de una cuantiosa fortuna derivada del comercio ilegal de drogas, a cambio de una condena por el resto de su existencia en una prisión de menor severidad relativa; (ii) la posesión de la aeronave y su exhibición no acreditan que el FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) haya llevado a cabo la “extracción” del delincuente, sino el arresto en suelo estadounidense y la incautación del avión; y (iii) Joaquín Guzmán López, a quien los hechos y sus violentas consecuencias en Sinaloa señalan como el responsable de engañar a Zambada y entregarlo a la justicia estadounidense, es también un delincuente confeso que coopera con ese sistema penal, habiéndose podido establecer su vinculación con el piloto de la aeronave, Mauro Alberto Núñez Ojeda, quien también se halla sujeto a la acción del aparato de justicia de nuestro vecino del norte.

En otras palabras, hay tres vacíos enormes de información en el arrebato sobre la verdad del 25 de julio de 2024 en Culiacán: ¿qué información entregó o confirmó Zambada? ¿Cómo ingresó al patrimonio estadounidense la aeronave? ¿Qué información ha aportado o confirmado Guzmán López a partir de asumir que fue él quien privó de la libertad a Zambada y lo trasladó a Santa Teresa, Nuevo México, para entregarlo y entregarse a su sistema de procuración de justicia?

En la línea del tiempo hay otro asunto relevante para tratar de dilucidar la determinación política detrás de las imputaciones estadounidenses contra Rubén Rocha Moya y las demás personas sobre quienes se solicitó su detención provisional, donde cabe considerar que el General Gerardo Sánchez Mérida, ya en retiro, se entregó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en condiciones que sólo se conocerán al finalizar su enjuiciamiento. Me refiero al precedente del General Salvador Cienfuegos, quien fungió como secretario de Defensa Nacional en 2012-2018.

Este asunto puede identificarse como el origen de la decisión de las acusaciones del 29 de abril último contra el entonces gobernador de Sinaloa y su abierta publicidad. Sin recapitular más que lo esencial, Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles el 15 de octubre de 2020 y devuelto a México el 18 de noviembre siguiente para que la investigación sobre su colaboración con la delincuencia organizada en el Estado de Nayarit se efectuara en México por las autoridades competentes. El 14 de enero de 2021 -sólo 57 días después- la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer la acción penal por no encontrar elementos que indicaran su participación en los hechos delictivos investigados primero por los Estados Unidos y, al día siguiente, publicó el expediente remitido por los EUA, como una forma de dar “transparencia” a las deficiencias de las pesquisas estadounidenses.

Hubo varios motivos de reflexión para el gobierno de ese país, que acá no parecen haberse tomado en cuenta: (a) el caso Cienfuegos generó un severo daño a la credibilidad política, jurídica y policial mexicanas por la inusitada y enorme celeridad de la investigación, la ausencia de una indagatoria amplia, pública y contrastada con las imputaciones; la descalificación del entonces presidente López a los EUA al señalar que las imputaciones originarias eran “fabricadas”, y la publicación de la información entregada, bajo condiciones de reserva, por las consecuencias para otras investigaciones y la integridad de las personas involucradas;

(b) la consideración de Washington sobre la defensa corporativa mexicana de las Fuerzas Armadas en un contexto de militarización de múltiples responsabilidades del ámbito civil, incluida la seguridad pública; la subordinación política de la cooperación judicial mexicana, y la transgresión de la reserva de la información con la pretensión de generar un daño reputacional a la DEA (Agencia de Ejecución contra las Drogas, por sus siglas en inglés); y

(c) el establecimiento de criterios trans-cuatrienios presidenciales: detención y devolución de Cienfuegos durante la primera presidencia de Donald Trump -esta última ya con la contienda presidencial decidida, pero no aceptada-; detención de Zambada en el operativo controvertido bajo la presidencia de Joe Biden; e imputaciones contra Rocha Moya et al y provocaciones al calce durante el segundo mandato de Trump.

Y ante todo esto, en las conferencias de Palacio Nacional el argumento es que del gobierno estadounidense “negocia” con delincuentes. Sólo por decir lo más evidente: es diferente la imputación de utilizar a un grupo de la delincuencia organizada para amedrentar adversarios electorales y otorgar la información y protección para su actuación ilícita a cambio de dinero, que concertar la cooperación de los imputados por la comisión de delitos y su aceptación en ellos para perseguir a otras personas responsables de esos ilícitos, sin dejar de procesarlos como culpables. Colusión de personas servidoras públicas frente a aportación de información para la persecución criminal y su enjuiciamiento. No son equiparables.

El asunto Rocha Moya es complejo, especialmente cuando se ha abierto un escenario de cambio de referentes en la relación de los EUA con el mundo y, específicamente, con México, y en el contexto de la coyuntura del plazo para decidir sobre la renovación de otros 16 años del T-MEC o su vigencia hasta 2036 con las revisiones anuales pactadas, con la determinacion que confirma la hipotesis anterior.

La Dra. Claudia Sheimbaum Pardo ha sido consistente en desplazar el asunto del procedimiento diplomático-judicial a la defensa del imputado como sinónimo de la defensa del gobierno a su cargo y de Morena y pretender que lo hace por México. Así se desprende de la ausencia de una resolución judicial pública sobre la insuficiencia de la solicitud de detención provisional, la carencia de información sobre la actuación de la FGR, la reserva de las comunicaciones diplomáticas del caso por cinco años, la protección institucional —abierta y encubierta— de las personas imputadas y las declaraciones políticas que anticipan conclusiones exoneratorias.

Imposible no pensar en que blandir la soberanía cuando hay forma de hacerla respetar sin quebrantar la ley, obedece a razones que consideran no pueden hacerse públicas.