Garantizar la paz, frenar el desplazamiento forzado, restablecer los servicios básicos y reducir la marginación en la Montaña Alta y Baja de Guerrero exige mucho más que desplegar programas sociales o establecer bases de seguridad. La crisis que atraviesa esta región no puede entenderse únicamente como un problema humanitario ni como una suma de comunidades afectadas por hechos violentos.
Se trata de una disputa territorial en la que convergen organizaciones criminales, debilidad institucional, pobreza histórica, ausencia de oportunidades y una limitada capacidad del Estado para ejercer de manera permanente el control efectivo del territorio.
En este contexto debe analizarse el Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, implementado por los gobiernos federal y estatal para atender 19 comunidades prioritarias de los municipios de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán Tablas.
El plan contempla 13 ejes de intervención que incluyen construcción de paz, seguridad, justicia, bienestar, salud, educación, infraestructura, alimentación, vivienda y desarrollo productivo. También contempla apoyos económicos para personas cuyas viviendas resultaron dañadas o fueron destruidas.
La amplitud de los componentes revela que las autoridades reconocen que la crisis no es exclusivamente de seguridad. Sin embargo, el principal problema del Plan Maestro es que buena parte de sus acciones opera sobre las consecuencias de una disputa cuyo origen permanece activo: el control territorial ejercido o disputado por organizaciones criminales.
La crisis humanitaria de mayo de 2026 no surgió de manera espontánea. Los ataques registrados entre el 6 y el 11 de mayo, incluidos aquellos en los que se reportó el uso de explosivos y drones, provocaron el abandono de comunidades rurales y un desplazamiento que inicialmente fue estimado en alrededor de 500 personas.
Las localidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán estuvieron entre las más afectadas por las incursiones violentas. Posteriormente, el diagnóstico institucional llevó a ampliar la intervención hacia otras 12 localidades consideradas en riesgo: Alcozacán, Atzacoaloya, Coatzingo, Huitzapula Norte, Huitzapula Sur, Lucerito, Mexcaltepec II, Nuevo Amanecer, San Jerónimo Palantla, Tlatlauquitepec, Xalpitzáhuac y Zapotitlán Tablas.
El dato oficial registrado en 2026 permite dimensionar parcialmente la emergencia: Segob y autoridades de Guerrero contabilizaron 316 familias desplazadas en los municipios incluidos en el plan. De ellas, 264 habían regresado a sus comunidades con acompañamiento oficial, mientras que 52 decidieron permanecer en otros lugares.
Pero el regreso físico de una familia no equivale necesariamente al restablecimiento de las condiciones que existían antes del desplazamiento.
Éste es uno de los principales desafíos para evaluar el Plan Maestro. Una política de retorno puede ser exitosa en términos administrativos si consigue que las familias regresen a sus localidades; pero puede fracasar en términos de seguridad humana si el retorno ocurre sin garantías de protección, sin recuperación económica, sin servicios públicos suficientes y, sobre todo, sin modificar las condiciones que provocaron el desplazamiento.
La violencia en la Montaña Alta y Baja debe analizarse como una disputa por el territorio y no solamente como una confrontación entre grupos delictivos.
La presencia de organizaciones como Los Ardillos y Los Tlacos ha colocado a comunidades rurales en medio de una pugna por el control territorial. En este tipo de conflictos, controlar una comunidad significa mucho más que ocupar físicamente un espacio: implica controlar movilidad, rutas, actividades económicas, población, información y capacidad de decisión comunitaria.
Por ello, el desplazamiento forzado puede ser interpretado no sólo como una consecuencia de la violencia, sino también como un mecanismo mediante el cual se modifica la composición y el control efectivo de un territorio.
Cuando una comunidad abandona sus viviendas, tierras y actividades productivas por temor a ser atacada, el territorio deja de estar bajo el control efectivo de sus habitantes. El vacío generado puede ser aprovechado por actores que buscan imponer nuevas reglas económicas, sociales o de movilidad.
Ésta es la dimensión que corre el riesgo de quedar fuera de una política centrada fundamentalmente en el retorno, la infraestructura y la atención social.
La discusión sobre los intereses económicos vinculados al territorio también debe formar parte de la investigación. Sin atribuir de manera automática a las organizaciones criminales un interés específico por la explotación de recursos del subsuelo sin evidencia suficiente, sí resulta necesario investigar si la disputa territorial está relacionada con el control de actividades productivas, rutas comerciales, recursos naturales, tierras o cualquier otra fuente de renta económica.
En otras palabras, la pregunta relevante no es únicamente quién está disparando contra las comunidades, sino qué obtiene quien consigue controlar ese territorio.
El Plan Maestro incorpora bases de operación interinstitucional y presencia permanente de fuerzas federales, particularmente de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
Este despliegue puede reducir temporalmente la capacidad operativa de los grupos criminales y generar condiciones para el retorno de las familias. Sin embargo, la incertidumbre expresada por habitantes de la región sobre un eventual retiro de las fuerzas de seguridad revela una de las principales debilidades de la estrategia: la seguridad puede depender más de la presencia extraordinaria del Estado que de la existencia de instituciones locales capaces de garantizarla de manera permanente.
El problema, por tanto, no es únicamente cuántos elementos de seguridad se encuentran desplegados, sino si el Estado consigue construir una capacidad institucional duradera para investigar delitos, detener responsables, proteger a las víctimas, resolver conflictos, garantizar la movilidad y recuperar la confianza de las comunidades.
El Plan Maestro puede estar funcionando como mecanismo de contención y reconstrucción, pero su éxito dependerá de si logra alterar la relación de fuerzas en el territorio y recuperar una presencia estatal sostenible.