Basta con tomar el Periférico de la Juventud de sur a norte, girar hacia el Ortiz Mena o subir por La Cantera para entender que en Chihuahua capital ya hay elecciones, aunque el calendario oficial diga lo contrario. Ocho rostros —siete hombres y una mujer, todos con cargo público vigente o reciente— sonríen desde estructuras metálicas de doce, veinte, treinta metros de altura, en una sucesión que un columnista local bautizó con precisión de picadero: «galopada». No hay boleta, no hay campaña constitucional, no hay siquiera candidatura formal del Partido Acción Nacional: lo que hay es un adelanto sostenido por dinero, cuyo origen nadie explica del todo, y por una argucia discursiva que merece ser desmontada con calma porque no es solo un problema de estética urbana, sino un síntoma de cómo se fabrica el consentimiento antes de que exista, siquiera, una contienda.

Ocho perfiles y una plataforma

El 21 de julio cerró, a través de una aplicación dispuesta por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el periodo de registro para quienes aspiran a la candidatura panista por la presidencia municipal de la capital chihuahuense rumbo a 2027. Ocho perfiles de peso político hicieron pública su intención en redes sociales, escalonadamente, entre el 14 y el 21 de julio: el exfiscal general del estado César Jáuregui Moreno, quien dejó el cargo en abril; el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan «el Cabrito» Falomir; la diputada federal Manque Granados Trespalacios; el diputado local Alfredo Chávez Madrid; el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña; y los diputados locales Carlos Olson San Vicente y Jorge Soto Prieto, junto con el exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, quien dejó esa dependencia en julio.

Todos son, en distinta medida, funcionarios en activo o hasta hace unas semanas: un procurador de justicia devenido aspirante, un director de organismo operador de agua, una legisladora federal, un secretario de Gobierno estatal. La coincidencia no es menor: quien aspira a la alcaldía capitalina lo hace, en la mayoría de los casos, desde una posición de poder que administra presupuesto, nómina, obra pública o reflectores institucionales, y esa posición se traduce, casi de inmediato, en visibilidad publicitaria en las principales vialidades de la ciudad.

El propio proceso de registro reveló, además, un tono que la prensa local no dudó en calificar de hípico. El primero en anunciarse fue Jáuregui Moreno, el 14 de julio, con un mensaje que mezclaba entusiasmo religioso y determinación electoral; al día siguiente se sumó Falomir, insistiendo en su experiencia como servidor público; el mismo 15 de julio hizo lo propio Granados Trespalacios, y un día después Chávez Madrid llamó a la unidad interna del blanquiazul, advirtiendo contra las «batallas pírricas» que podrían debilitar al partido de cara a la elección de gobernador. Todos, sin excepción, difundieron sus registros en redes sociales antes de que el PAN estatal emitiera una sola convocatoria pública formal, lo que confirma que la carrera se libra, por ahora, en el terreno de la exposición mediática y no en el de los estatutos partidistas.

Detrás de la lista hay, también, un cálculo de fuerza mayor: la del propio gobierno estatal. Se ha documentado que el equipo de la gobernadora Maru Campos observa con cautela la posibilidad de que el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, se convierta en el candidato panista a la alcaldía, no porque dude de su capacidad de triunfo en la contienda municipal, sino por el temor contrario: que una victoria demasiado holgada en la capital reste margen a la disputa por la gubernatura del estado, donde Morena aparece, en las encuestas más recientes, con una ventaja de entre cinco y ocho puntos sobre Acción Nacional. La alcaldía de Chihuahua, en otras palabras, no se juega solo por sí misma: es una pieza dentro de un tablero mayor donde el exceso de visibilidad de un aspirante puede leerse, paradójicamente, como una amenaza para su propio partido.

El espectacular disfrazado de entrevista

Lo distintivo de esta precampaña no es solamente su anticipación —los procesos internos del PAN para 2027 apenas debían resolverse meses después—, sino el mecanismo retórico que la sostiene. Los espectaculares que tapizan el Periférico de la Juventud, el Ortiz Mena y La Cantera no se presentan como propaganda partidista: se disfrazan de entrevistas, de reportajes, de reconocimientos periodísticos. El rostro del aspirante aparece junto a un logotipo de algún medio local, una cita entrecomillada, un formato que imita la nota informativa. La ficción editorial es la coartada legal: si el espectacular es «cobertura periodística» y no propaganda electoral, escapa —al menos en la letra muerta de la norma vigente— a los topes de gasto, a los tiempos de precampaña y a la fiscalización que corresponde a un proceso interno de partido.

La prensa local ya documentó el fenómeno con nombre y apellido: la ciudad está cubierta de espectaculares con rostros de aspirantes políticos que, disfrazados de entrevistas o de ejercicios periodísticos, sostienen una promoción permanente sin que la autoridad electoral haya reaccionado con contundencia. La pregunta que se sigue de ahí —quién paga realmente esa renta publicitaria, si los medios que prestan su membrete o los propios aspirantes por interpósita persona— motivó ya una petición formal del dirigente estatal del PRI, el diputado federal Alejandro Domínguez, para que se investigue el financiamiento detrás de esos anuncios. El vacío regulatorio, mientras tanto, funciona como refugio: nadie define con claridad si un espectacular con formato de entrevista es información pública protegida por la libertad de prensa o propaganda política encubierta, y esa indefinición es, precisamente, lo que la vuelve rentable.

El mecanismo no es exclusivo de un solo aspirante ni de un solo color partidista: la misma nota que documentó la práctica señaló que la promoción disfrazada de cobertura periodística se concentra, sobre todo, en personajes vinculados tanto al PAN como a Morena, lo que sugiere que no se trata de una anomalía coyuntural sino de una estrategia ya normalizada entre operadores políticos de distintos signos, replicada porque funciona y porque, hasta ahora, no ha tenido costo legal ni reputacional. Ese dato importa: no estamos ante una travesura aislada de ocho aspirantes ambiciosos, sino ante una gramática de la precampaña que el sistema de partidos en su conjunto ha adoptado como práctica común, precisamente porque el Instituto Estatal Electoral no ha fijado un criterio que distinga con claridad la nota periodística legítima de la promoción personalizada disfrazada de nota periodística.

La ciudad como pantalla

Conviene pensar este fenómeno más allá de la nota roja política, porque lo que está en juego es la naturaleza misma del espacio público. En el Periférico de la Juventud no hay debate sobre proyectos de gobierno: hay una acumulación de rostros que ocupan el lugar donde debería estar la deliberación, una sucesión de imágenes que sustituye, minuto a minuto, cualquier ejercicio de rendición de cuentas por parte de quien aspira a administrar la ciudad. Es la vida social convertida en representación, decía Guy Debord hace más de medio siglo al describir las sociedades donde predominan las condiciones modernas de producción: todo lo que antes se vivía directamente se aleja ahora en una imagen. El espectáculo, insistía, no es un conjunto de imágenes sino una relación social entre personas mediada por imágenes, y esa mediación es exactamente lo que ha ocupado, en las avenidas chihuahuenses, el sitio donde debería estar la política.

Esa acumulación, además, no es gratuita: cada metro cuadrado de lona rentado es una inversión de dinero que se transforma, casi de inmediato, en reconocimiento, en notoriedad, en la sensación de que ese nombre ya pertenece al cargo que todavía no se disputa formalmente. Pierre Bourdieu llamó a este mecanismo el funcionamiento del campo político como mercado de bienes simbólicos, donde los agentes compiten por acumular capital —económico primero, simbólico después— mucho antes de que se abra la competencia electoral en sentido estricto. Lo que el sociólogo francés describía como efecto de designación se cumple aquí de manera casi literal: cuando la sola presencia repetida de un rostro y un nombre en el espacio público empieza a operar como si fuera ya un mandato, se consuma una usurpación simbólica de la voluntad ciudadana que todavía no se ha expresado en las urnas.

Transparencia sin crítica

Lo curioso es que esta saturación no ha generado, todavía, un rechazo masivo, y la explicación no es solo el cansancio o la costumbre. El espectacular disfrazado de entrevista no exige del transeúnte un juicio crítico porque se presenta como dato neutro, como cobertura, como algo ya validado editorialmente por un tercero; su eficacia depende, precisamente, de que nadie se detenga a preguntar quién lo pagó. Ese mecanismo coincide con lo que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han ha descrito como la lógica de la sociedad de la transparencia y la psicopolítica contemporánea: el poder ya no necesita ocultarse ni prohibir, le basta con exhibirse de manera constante, positiva y amable hasta volverse ruido ambiental que el ojo deja de procesar como información y empieza a procesar como paisaje. Esa transparencia aparente, advierte Han, es en realidad una forma sofisticada de control, porque elimina la distancia negativa —la sospecha, la pregunta, el «¿y esto quién lo pagó?»— que antes hacía posible cualquier lectura crítica de la propaganda.

Algo semejante ocurre con la gramática visual que usan estos anuncios: rostro sonriente, frase corta, colores corporativos, el mismo formato que cualquier campaña comercial emplea para vender un producto. Al ciudadano que recorre el Ortiz Mena no se le pide deliberar, se le pide reconocer una marca, exactamente la misma operación que las ciudades latinoamericanas —convertidas, según ha documentado el antropólogo argentino Néstor García Canclini, en vitrinas de consumo y en superficies privatizadas donde compiten anunciantes de bienes y de personas con idéntica gramática— aplican de manera rutinaria a cualquier producto en oferta. Lo que García Canclini llamó hibridación se cumple aquí con crueldad particular: el político se disfraza de noticia y la noticia se disfraza de anuncio, hasta que ninguna de las dos categorías conserva su función original.

Hay, finalmente, algo en la temporalidad misma de estas lonas que merece atención: se instalan, saturan, se retiran y se reemplazan por otras sin dejar memoria institucional de la promesa que anunciaban. Ocho aspirantes compiten hoy por metros cuadrados de acero y vinil; en unos meses, cuando el PAN defina candidatura, buena parte de esas estructuras habrá desaparecido como si nunca hubiera existido el compromiso que enunciaban. Zygmunt Bauman describió esa misma lógica de caducidad programada al hablar de la modernidad líquida, un régimen en el que los vínculos, las identidades y también las promesas políticas se vuelven desechables, sustituibles, de vigencia corta pero de renovación constante; en la política líquida, señalaba el sociólogo polaco, nadie rinde cuentas de una promesa que ya fue sustituida por otra imagen.

Contaminación visual, contaminación cívica

Llamar «contaminación visual» a este fenómeno no es solo una figura retórica ambientalista. La saturación de espectaculares en el Periférico de la Juventud, el Ortiz Mena y La Cantera —tres de las vialidades de mayor tránsito diario en la capital— degrada literalmente el paisaje urbano, compite por la atención del conductor con la señalización vial y añade estructuras metálicas a avenidas que la propia prensa local ha señalado como de las más peligrosas y mal planeadas de la ciudad. Pero la contaminación de fondo es cívica: cada espectacular disfrazado de entrevista erosiona un poco más la distinción entre información y propaganda, entre medio y aspirante, entre ciudadano informado y espectador cautivo. Cuando esa distinción se pierde a fuerza de repetición, no hace falta ninguna reforma legal explícita para que el fraude a la ley electoral se consuma: basta con que nadie, ni la autoridad ni el público, sepa ya distinguir dónde termina el periodismo y dónde empieza la campaña.

El Instituto Estatal Electoral tiene ante sí una zona gris que no resolverá con comunicados. Mientras no exista un criterio claro sobre qué constituye promoción personalizada encubierta en formato editorial, cada aspirante seguirá interpretando el vacío legal como licencia, y cada medio que preste su nombre a esos formatos seguirá alegando que ejerce libertad de prensa. La petición del PRI para investigar el financiamiento de estos anuncios es, en ese sentido, más síntoma que solución: revela que ni siquiera los actores políticos rivales tienen certeza sobre las reglas del juego que están jugando.

Vale la pena insistir en que este fenómeno no es privativo de Chihuahua ni novedoso en la historia electoral mexicana: el uso de publicidad exterior para posicionar precandidaturas antes de tiempo es una práctica documentada en procesos internos de todos los partidos a lo largo del país. Lo que distingue al caso capitalino es la sofisticación del disfraz —la imitación deliberada del lenguaje periodístico— y la concentración geográfica del fenómeno en tres corredores viales que concentran buena parte del tránsito cotidiano de la ciudad, lo que multiplica la exposición por repetición: un mismo conductor puede cruzarse con el rostro del mismo aspirante media docena de veces en un trayecto de veinte minutos, sin que medie entre esos encuentros visuales una sola línea de contenido programático, una propuesta verificable o un dato sobre gestión pública.

Ese vacío de contenido es, quizá, el síntoma más revelador. Ninguno de los espectaculares revisados para este texto ofrece una cifra, una promesa concreta o un diagnóstico de los problemas que enfrenta la capital —desde la propia peligrosidad vial del Periférico de la Juventud, señalada por especialistas urbanos, hasta el rezago en infraestructura hídrica que administra la JMAS, o los pendientes en desarrollo social que dejó la salida de Loera Talamantes de su antigua secretaría—. La ausencia de propuesta no es un descuido: es la lógica misma del espectáculo que describía Debord, donde lo que importa no es el contenido de la comunicación sino la persistencia de la imagen en el campo visual del espectador.

Lo que la calle ya decidió sin votar

Hay algo perturbador en que la precampaña más visible de Chihuahua no se libre en mítines, ni en propuestas, ni en debates, sino en la altura de las estructuras publicitarias y en la persistencia con que un rostro puede repetirse en el trayecto diario de cualquier automovilista. Desde tradiciones distintas, la imagen sustituyendo a la deliberación, el capital económico convertido en capital simbólico sin mediación democrática, la transparencia que deja de generar preguntas y la ciudad vuelta vitrina de rostros desechables componen, en conjunto, un mismo diagnóstico: lo que se erosiona no es solamente el paisaje, sino la posibilidad misma de que el ciudadano elija con información real. Chihuahua no ha votado todavía por ninguno de los ocho aspirantes que hoy dominan el Periférico de la Juventud, el Ortiz Mena y La Cantera. Pero cada vez que un automovilista memoriza sin querer un rostro y un nombre, la elección —esa que formalmente no ha comenzado— ya se está jugando una parte de su resultado en el lugar menos democrático posible: la repetición visual sin contrapeso.

Regular ese vacío no es una cuestión estética ni un capricho de urbanistas molestos por el paisaje. Es, en el sentido más literal, una cuestión de salud democrática: mientras la ley no distinga con precisión entre información y promoción disfrazada, la ciudad seguirá siendo el primer campo de batalla electoral, y el ciudadano, sin saberlo, el primer elector de una contienda que todavía no debería existir.

El autor es reportero y escritor. Estudió arqueología en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Su último libro es HÜZÜN. Cuentos, relatos y garabatos.