La seguridad pública ya no es sólo un asunto de gobernabilidad: condiciona costos, consumo, inversión y crecimiento. Los últimos datos oficiales muestran una mejora que no debe minimizarse, pero que tampoco es lo bastante sólida como para declarar que la inseguridad esté realmente cediendo terreno: persisten dudas legítimas sobre la solidez de algunas cifras —señaladas incluso como poco verificables— y la mejora en la percepción exige una lectura más realista, no un festejo anticipado.
La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI registra una mejora, si bien modesta: en junio de 2026, 59.8% de las personas adultas en 91 áreas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad, frente a 61.5% en marzo y 63.2% un año antes; dicho de otro modo, seis de cada diez personas siguen percibiendo su ciudad como insegura. También hay resultados operativos que conviene mirar con cautela, pues provienen de la propia autoridad que los reporta y no de una verificación externa independiente. El gobierno federal, en su reporte de avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, informó que entre octubre de 2024 y julio de 2026 se registraron 63,564 detenidos por delitos de alto impacto, 32,824 armas aseguradas, 518.7 toneladas de droga incautadas y 1,847 detenidos por extorsión en 24 estados; además, reportó una reducción de 51% en el promedio diario de homicidios dolosos desde septiembre de 2024, cifra que especialistas y organizaciones civiles han cuestionado por la dificultad de contrastarla con registros forenses y de procuración de justicia locales.
Si la tendencia llegara a consolidarse, el efecto económico podría ser significativo. La percepción de inseguridad modifica decisiones cotidianas antes incluso que la estadística delictiva. Cuando la población siente que vivir en su ciudad es inseguro, reduce salidas nocturnas y el uso del transporte público, posterga consumo discrecional y desplaza gasto hacia canales menos expuestos e incluso hacia el comercio digital. Ante ello, comercios, restaurantes, servicios y turismo urbano enfrentan menores ventas, rotación de personal y mayores gastos de protección. Para las empresas, la inseguridad encarece la logística y limita la inversión. Por ello, la ENSU también funciona como un indicador adelantado de actividad económica urbana; pero conviene no confundir una mejora todavía incipiente en la percepción con una reactivación consolidada de la confianza.
Ciertamente los indicadores agregados no bastan para declarar resuelto el problema y en algunos casos han sido señalados como más cosméticos que estructurales. Persisten, e incluso se agravan, fenómenos con impacto económico directo que rara vez quedan reflejados en las cifras oficiales: desapariciones, extorsión en transporte, comercio y agroindustria, y cobro de derecho de piso en diversas regiones. Representan un impuesto informal que encarece producir, distribuir y consumir; y que no desaparece por sí solo con decomisos o detenciones. A ello se añade la percepción de tolerancia o inacción del aparato de justicia ante actores políticos señalados por vínculos o permisividad con el crimen. Cuando la justicia parece selectiva, se deteriora la credibilidad institucional, aumenta la prima de riesgo y las empresas acortan sus horizontes: invierten menos a largo plazo, retienen liquidez y exigen mayor retorno.
El problema es también de eficacia operativa institucional. México destina recursos relevantes a seguridad, defensa y procuración de justicia, pero los resultados por peso gastado siguen siendo débiles frente a otros países de la región y buena parte de la evidencia disponible para evaluarlos depende de las mismas dependencias que ejecutan el gasto. Cuando el presupuesto no se traduce en reducción sostenida de delitos de alto impacto, resolución de casos y recuperación de territorios —variables más difíciles de maquillar que los reportes de detenciones o decomisos—, el mensaje para la economía es que el Estado tiene capacidad operativa, pero no necesariamente eficacia institucional verificable. Esa brecha explica que los avances de seguridad todavía no liberen todo el potencial de ventajas como el nearshoring y el T-MEC.
Ese límite se refleja con claridad en las expectativas de los especialistas en economía del sector privado recopiladas por Banxico: según el informe del 3 de agosto, el crecimiento esperado para 2026 pasó de 1.07% en junio a 1.11% en julio, y el de 2027, de 1.76% a 1.79%. El avance existe, pero es marginal y no alcanza para hablar de un cambio de tendencia. En el mismo sentido, la OCDE ha advertido que la incertidumbre jurídica y el debilitamiento del Estado de Derecho frenan la inversión y el crecimiento potencial.
Como se planteó al inicio, bajar homicidios y mejorar la percepción son condiciones necesarias, pero claramente insuficientes: la mejora es real y no debe minimizarse, más no es lo bastante sólida para declarar resuelto el problema, porque buena parte de ella descansa en cifras que el propio Estado produce, interpreta y difunde. La seguridad se convertirá en una palanca económica real cuando vaya acompañada de gasto eficaz, transparencia, verificación independiente y aplicación imparcial, previsible y sostenida de la ley. Sólo entonces el alivio en costos y la recuperación de confianza podrán traducirse en mayor inversión, consumo y crecimiento sostenido.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®