Con profunda preocupación veo cómo Washington les cancela la visa de ingreso a la Unión Americana a algunos miembros de la política latinoamericana. La actual administración de los Estados Unidos ha decidido atentar directamente contra una de las tradiciones culturales más importantes para la dirigencia de nuestros países: el derecho fundamental del político a ir de compras a Miami. Lo que los voceros de la Casa Blanca anuncian en Washington con la mayor severidad como una «ofensiva implacable contra la impunidad» y una «retirada estratégica de visados a actores sospechosos de actividades ilícitas» —es decir, a sinvergüenzas corruptos—, se trata, en realidad, de un golpe directo al clóset y a la tarjeta de crédito que se paga con fondos públicos. Nos están dejando sin el final feliz de toda narrativa respetable.
Durante mucho tiempo, el funcionario público malicioso seguía una danza perfecta, prácticamente poética. Nos sorprendía con un ascenso vertiginoso al poder; de seguido venían las licitaciones públicas concedidas a empresas de amigotes; no podía faltar el show mediático de la investigación legislativa que, apropiadamente, nunca llegaba a nada; y, finalmente, unas merecidas vacaciones en las playas de Florida, costeadas con el sudor de los ciudadanos. Lograr una visa estadounidense era un certificado de impunidad internacional, una medalla de honor que evidenciaba que, sin importar cuántos millones faltaran en las arcas del erario, para el Departamento de Estado seguían siendo ciudadanos ejemplares por consumir hamburguesas y visitar parques temáticos.
Al impulsar esta política de revocación tan amplia, la administración estadounidense ha destruido este hermoso entorno, convirtiendo el visado en un arma de destrucción masiva de egos gubernamentales. Es el drama de la vida sin centros comerciales.
El político en cuestión se despierta, revisa su teléfono mientras toma cafecito con unos huevitos y pan, y ve un correo electrónico del consulado que le informa que sus privilegios han sido revocados.
Para entender la gravedad de esta tragedia humanitaria en los pasillos de nuestros congresos y palacios de gobierno, debemos recordar que el político latinoamericano promedio no le teme a la justicia de su propio país; eso se soluciona con una llamada telefónica a un juez amigo que le debe algún favor o por medio de una eficaz innovación constitucional votada en la madrugada sin testigos. A lo que en realidad sí le teme y mucho es a perder la visa, pues eso significa la inexorable muerte civil definitiva. En los círculos del poder para un político de carrera, que sea acusado por lavado de activos, narcotráfico, capitales emergentes que no se pueden justificar, aumento desmedido de capital o inclusive terrorismo, es casi una parte del oficio, un riesgo calculado, una medalla de oro a la valentía en la batalla electoral que demuestra que estás en las grandes ligas del poder. Pero que la embajada te envíe una notificación diciendo que tu visa ha sido cancelada bajo la sección de «sospechas de socavar la democracia» es una humillación de la que ningún asesor de imagen te puede salvar. Es el equivalente diplomático a que te expulsen del club de tenis por robarte las bolas.
La actual administración estadounidense ha eliminado incluso el derecho al berreo. No hay un vidrio blindado en la embajada donde el familiar de algún expresidente pueda gritar: «¿Usted sabe quién soy yo?». Para el consulado, el sospechoso de desviar fondos de salubridad o de fondos de educación pública es procesado con la misma frialdad con la que se rechaza la solicitud de un estudiante universitario que no tiene propiedades a su nombre ni arraigo familiar. Esta democratización del rechazo es una suprema humillación directa a las altas jerarquías del poder latinoamericano.
Al verse desposeídos del acceso a la Gran Manzana o a los parques de Disney, los políticos sancionados invocan de inmediato y con fuerza un patriotismo repentino, declarando que la decisión es un «ataque intolerable a la soberanía nacional» y que, de todos modos, ni querían ir de shopping. Es conmovedor: el nacionalismo del político latinoamericano empieza justamente en el mismo punto donde termina su visa norteamericana y punto final sin nada que agregar.
El verdadero drama de esta tragedia no se vive solo en los despachos ministeriales, sino en las altas esferas sociales, donde las esposas, hijos y nueras de la élite política acaban de darse cuenta de que la justicia norteamericana no tiene consideración con el buen gusto. Para la familia de un ex dignatario, ir a Miami no era un viaje; era una prerrogativa y la forma válida de ratificar su estatus frente a las vecinas del condominio. El ciclo de la moda dependía enteramente del flujo migratorio: si el esposo aprobaba el presupuesto para un nuevo puente (que oportunamente costaría el triple de lo proyectado), la primera dama de la institución procedía de inmediato a programar una «misión oficial».
Hoy sufrimos el trauma de la maleta vacía. Madres de familia que deben explicarles a sus hijas adolescentes que este año no habrá viaje de compras para el vestido de graduación, y que tendrán que conformarse con el diseñador local, enfrentan un severo golpe a la dignidad de la alta sociedad. ¿Será que Washington pretende que las familias de nuestros expresidentes pasen sus años de retiro en tiendas locales, compartiendo con los mismos votantes a los que les pavimentaron mal las carreteras? Eso no es justicia; es un acto cruel.
La administración estadounidense ha subestimado el poder del resentimiento matrimonial. Un político latinoamericano puede resistir con valentía las sanciones de la ONU, los titulares de la prensa y las manifestaciones de la oposición en la plaza pública; pero jamás, por más corrupto que sea, estará preparado para sobrevivir al desayuno diario con una esposa enfurecida porque la tarjeta de crédito preferencial ya no puede ser deslizada en las tiendas de diseño de Orlando. Washington ha trasladado la verdadera fiscalía anticorrupción directamente al dormitorio principal de nuestros gobernantes. A partir de hoy, la patria no se lleva en el corazón; se padece en el rancho.
San José, Costa Rica
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