Costa Rica, la histórica cuna de la paz y la diplomacia, vive hoy una insólita comedia política que —dicho sea de paso— de divertida tiene poco y de peligrosa lo tiene todo. El panorama es claro: el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo (este último blindado por su bancada oficialista en el Congreso) se están enfrentando en un encarnizado ring político donde la diplomacia fue sustituida por el berrinche y los guantes de boxeo.
En una esquina del tablero, con saco, corbata y un pesado mazo de criterios constitucionales, tenemos al Poder Judicial. En la otra esquina, armados con micrófonos, tijeras para recortes presupuestarios y conferencias de prensa aderezadas con comentarios sobre si los magistrados son “feos o guapos” (un tema vital para la Patria, claro está), se plantan la presidenta Fernández y su padrino político. La tradicional separación de poderes se ha transformado, para desconsuelo nacional, en un reality show de prime time.
¿Cómo llegamos a esta novela? Lo que empezó como un debate sobre la eficiencia de los recursos públicos escaló a niveles inéditos. El primer gran detonante fue la negativa de la bancada oficialista para nombrar a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, jugada que amenazaba con paralizar al único tribunal constitucional de la República. Ante el jaque, los magistrados movieron ficha y aplicaron una prórroga provisionalísima a sus nombramientos. La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar: la presidenta Fernández los tildó de “golpistas”. Un golpe de Estado ejecutado con lapiceros y expedientes… ¡Que tiemblen las democracias del mundo!
A partir de ahí, el sainete no ha parado de regalarnos escenas memorables. La bancada de gobierno corrió a los tribunales para denunciar penalmente por prevaricato a cuatro magistrados (el delito de dictar resoluciones a sabiendas de su ilegalidad). Lo curioso es que el oficialismo acudió a denunciar a los jueces ante el propio Poder Judicial que minutos antes tildaba de ilegítimo. Ahora el debate es ver quién mete a la cárcel a quién primero. Como respuesta, la ciudadanía y el gremio judicial respondieron con un plantón multitudinario, pacífico y civilista, recordando la madurez que aún le queda al pueblo. Mientras tanto, el tico promedio mira todo esto con un buen cafecito chorreado, pan con mantequilla y —con suerte— un pedacito de queso tierno, esperando las fiestas de fin de año para sanar los daños emocionales del drama político.
Como en todo divorcio conflictivo, el dinero se convirtió en la batalla más sangrienta. El Ejecutivo, por medio de su ministro de Hacienda, lanzó sus misiles anunciando un agresivo e inédito recorte presupuestario para el Poder Judicial. Las autoridades judiciales no tardaron en advertir que no habrá dinero ni para la gasolina de las patrullas, bromeando (o no) con que los juicios penales se van a tener que resolver jugando “piedra, papel o tijera” o a las “chapitas” en las afueras de los tribunales. ¿Qué será de nosotros, los pobres abogados que vivimos de tan noble profesión?
Para el Gobierno, los jueces son villanos de cuello blanco empeñados en defender “pensiones de lujo” y comodidades dentro de una confortable “zona de confort”. Para la Corte, el Ejecutivo juega a ser el monarca absoluto del Gran Área Metropolitana mediante una embestida dictatorial diseñada para asfixiarlos. El tono del debate ha bajado tanto de nivel que los discursos intelectuales del pasado fueron sustituidos por un intercambio infantil de indirectas, apodos y portazos virtuales. Ya nadie debate sobre el estado de los caminos, la canasta básica o la educación pública; el debate nacional se reduce al morbo de las esposas y los barrotes.
Y es que el Poder Judicial tampoco se ha quedado de brazos cruzados: mantiene abiertas múltiples investigaciones penales contra Rodrigo Chaves, Laura Fernández, varios miembros del gabinete y diputados, por presuntos delitos que van desde la concusión hasta irregularidades en nombramientos policiales.
En medio del fuego cruzado, el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, intentó tender un puente de plata al plantear un eventual diálogo con la presidenta Fernández. El jerarca dejó claro que en la Corte están dispuestos a sentarse a coordinar —especialmente en temas urgentes como la seguridad ciudadana—, pero bajo reglas innegociables: respeto mutuo, agenda previa, buena fe y la absoluta premisa de que la independencia judicial no se negocia en una mesa política. “Se coordina sin que nadie mande sobre nadie. Cada institución llega como igual”, sentenció Aguirre con aplomo constitucional.
Queda por ver si desde la trinchera del Ejecutivo existe una disposición real de recoger el ramo de olivo o si, por el contrario, prefieren mantener encendida la llama del conflicto para alimentar un discurso que suena más a campaña electoral permanente. Lo cierto es que Costa Rica siempre ha presumido de sus profundas raíces democráticas, pero si las principales autoridades siguen resolviendo los asuntos de Estado a punta de corajes en redes sociales y conferencias impulsivas, la famosa paciencia costarricense llegará muy pronto a su límite.
Esperemos que la paz social aguante la bronca, porque si seguimos solucionando los problemas del país a punta de berrinches públicos, la próxima reforma constitucional no la van a redactar los juristas: la va a tener que escribir un terapeuta de parejas. Los tres poderes del Estado deben recordar el arte básico de convivir en la misma casa sin terminar prendiéndole fuego con su paso temporal por el poder.
San José, Costa Rica
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