El crimen organizado construye una normativa paralela pseudourbana cada vez que controla un territorio para la venta al narcomenudeo, con sujetos que parecen sacados de una cinta cinematográfica de zombis armados. Hemos llegado a un momento histórico en el que las bandas del crimen organizado, además de vender drogas, lavar dinero y tratar de manera sangrienta de controlar territorios, parece que han descubierto las ventajas de imponer sus propias reglas en lo que a planificación urbana se refiere: ahora también administran el tránsito y hasta cobran peajes.
Mientras nuestros países intentan avanzar en infraestructura vial construyendo carreteras, trenes eléctricos, puentes de varios carriles y sistemas modernos de transporte público, las organizaciones narco decidieron innovar de otra manera: cerrando las carreteras y cobrando sus propias tarifas de peaje a quienes ellos deciden que pueden pasar. Pero no se trata de cualquier cierre. El narcobloqueo se convierte en una especie de Ministerio de Obras Públicas y Policía de Tránsito combinado: con mucho presupuesto —mayor que el de los entes públicos—, sin cabezas visibles y, desde luego, sin conferencias de prensa, pero con una capacidad inexorable para decidir cuándo podemos llegar al trabajo, si regresamos a casa y hasta si nos alcanza el tiempo para tomar un vuelo.
Es la gobernanza del crimen. Salimos temprano, tomamos cafecito tranquilos, hasta revisamos en el noticiero el estado del tráfico y, muy a gustito, vemos que vamos a llegar puntuales. ¡Qué mundo hermoso nos anuncia un día perfecto! Qué lindo, hasta saludamos cordialmente al insoportable vecino mientras subimos al auto. Comenzamos a conducir y, a poquita distancia, descubrimos a un grupo de malnacidos que resolvieron modificar la agenda y no dejarnos pasar, con lo que todas nuestras expectativas quedan ahora por el suelo.
Bienvenido al narcobloqueo y a sus agentes, quienes, con la visión fálica de las armas, sienten que algo les crece mientras amenazan y disparan a diestra y a no tan diestra manera. Quedamos enganchados en una especie de socialismo involuntario: todos somos iguales y estamos igualmente atascados con los hijos ignorantes de la vecindad.
El juez que debe realizar una recepción de prueba, la sanitaria que debe llegar al hospital, el emprendedor que sí labora y necesita abrir su actividad, el estudiante que quiere aprender, la madre que va por su hijo al colegio y el abuelito que simplemente iba a comprar pancito para tomar café comparten un mismo riesgo: la muerte, un secuestro o el despojo de sus bienes.
¡Qué parodia de Estado de derecho es esta que nos manifiesta, con lenguaje campanudo, que vivimos bajo el decreto de la ley! Hay delincuentes capaces de convertir una carretera pública en propiedad privada durante varias horas, sin importar que sean bienes demaniales y, lo peor, sin hacer estudios de impacto ambiental ni pedir permisos municipales, pero con resultados mucho más eficientes. El crimen organizado paraliza una ciudad con pasmosa capacidad, mientras algunas instituciones del gobierno central o municipal se llevan semanas en ponerse de acuerdo sobre quién debe levantar un derrumbe o tapar un simple hueco.
Desde luego que no estoy defendiendo el narcobloqueo; es todo lo contrario. La ironía sirve para revelar lo absurdo. Estamos hablando de poder. De quién puede decir «por aquí nadie pasa» y conseguir que, durante un período, esa orden sea obedecida.
Una vía pública no es una frontera controlada por delincuentes. Los puentes no son aduanas manejadas por canallas. Cuando el crimen organizado controla el libre tránsito y la circulación, deja de ser únicamente un problema de seguridad para convertirse en una violación de Derechos Fundamentales.
Durante años, Costa Rica ha sido un país de paz, democracia, respeto a la separación de poderes y Estado de derecho. Precisamente por eso debemos preocuparnos cuando alguien logra sustituir temporalmente la autoridad estatal por una empalizada. La democracia no desaparece únicamente cuando alguien secuestra un parlamento o quiere modificar la Constitución Política; también se deteriora cuando un ciudadano tiene miedo de utilizar una carretera.
El Estado de derecho no consiste solo en tener normas, leyes, tribunales y fiscales. Consiste, además, en que esas normas tengan verdadera eficacia para proteger a los ciudadanos. Es como tener un parasol jurídico durante un huracán y descubrir un pequeño detalle: está hecho de papel.
El narcotraficante tiene una ventaja que no deberíamos minimizar: no necesita ganar todas las batallas, le basta con demostrar que puede alterar la vida cotidiana. El ciudadano no necesita ser víctima directa de un disparo para sentirse amenazado; a veces basta con saber que existe la posibilidad. La bravata social funciona así: no necesita tocar a todos, necesita que todos sepan que puede tocar a cualquiera. Ese es el verdadero efecto multiplicador. Un bloqueo puede durar unas horas, pero la calzada se cuartea y el temor permanece. Entonces, lo peligroso es acostumbrarnos: «Eso ya es normal». Normalizamos la violencia.
El narcobloqueo pretende demostrar que el crimen tiene el poder. Por eso hay que recuperar carreteras, rescatar barrios, libertar la tranquilidad social perdida y, sobre todo, recuperar la idea de que el ciudadano no tiene que pedirle permiso a nadie para transitar por su propio país.
El narcobloqueo es mucho más que una carretera cerrada: es la indicación de que el abuso organizado está dispuesto a intervenir en la vida habitual. Y cuando el crimen empieza a organizar la vida cotidiana, el Estado debe reaccionar antes de que alguien termine suponiendo que esa organización forma parte del paisaje. Ese sería el triunfo definitivo del narcotráfico: no solo controlar las actividades, sino nuestras vidas.
No obstante, y pensándolo bien, quizá siempre podamos encontrarle el lado positivo. En un país donde todo el mundo se queja de los trancones de tránsito, al menos los narcobloqueos han conseguido algo extraordinario: han logrado que todos llegáramos tarde exactamente al mismo lugar.
Y si algún día llegamos a suponer eso como algo corriente, quizá ya no tengamos solamente una o varias sendas bloqueadas. A lo mejor asumamos algo muchísimo peor: que nuestro país se asimile a vivir atascado.
San José, Costa Rica
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