Hace unas jornadas —10 de septiembre actual— el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el resultado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 (ENVIPE 2026), que compila sus hallazgos estadísticos del 2025 en la materia. Hay datos relevantes: (i) durante ese año, 28.5 por ciento de los hogares del país reportó al menos una víctima de delito; (ii) se registraron 23,743 víctimas por cada 100 mil habitantes; (iii) se estimó la comisión de 33.8 millones de delitos, asociados a 23 millones de víctimas; (iv) se encontró que los delitos más frecuentes son el fraude, la extorsión y el robo en la calle o el transporte público, y (v) la cifra negra o de los ilícitos penales no denunciados o sobre los cuales no se abrió una carpeta de investigación fue de 93.4 por ciento. No se omite señalar que con respecto al año precedente hay una ligera disminución de 0.5 por ciento en el reporte de víctimas y una percepción de inseguridad más baja.
En una información seriada y consistente, el gobierno de la República había presentado dos días antes un dato importante sobre la caída en la medición del homicidio doloso en el país, pues se redujo en un 53 por ciento entre septiembre de 2024 y agosto del año en curso.
Es evidente que la reducción significativa del homicidio doloso, aún con las diferencias de los registros del INEGI y el gobierno federal por el sustento distinto de su información, no va aparejada de la mejoría de la percepción social sobre la inseguridad. Pueden reducirse sustancialmente los homicidios dolosos y continuar elevada la percepción de inseguridad, porque las personas no forman esa percepción preguntándose exclusiva o aisladamente cuantos asesinatos hubo, sino a partir de su condición de víctimas de un delito y del conocimiento de información directa o indirecta en la cual confían, sobre los delitos que han padecido o de los cuales tienen conocimiento por otras personas.
Si tomamos, por ejemplo, por un lado, los delitos de extorsión, fraude y robo en la vía pública o de transporte público, identificados como los de mayor incidencia en la ENVIPE 2026 y, por otro, el homicidio doloso, las desapariciones de personas, el secuestro y del robo de vehículo con violencia, podríamos observar que estos últimos merecen atención especial en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en tanto que de los primeros solo tiene esa atención la extorsión. La percepción se forma con relación a ciertas conductas delictivas que buscan identificar a la víctima, en tanto que el esfuerzo gubernamental -entendible- se concentra en los delitos de mayor gravedad para la integridad física y psicológica de las personas, así como a un bien material que puede ser utilizado para cometer otros delitos y que casi siempre se denuncia.
En la información nacional sobre homicidio doloso el avance es apreciable. También lo es con respecto al secuestro y al robo de vehículos con violencia, con disminuciones de 2019 a 2025 cercanas al 70 por ciento y al 33 por ciento, respectivamente. Las excepciones son la extorsión, con un descenso marginal de 2.8 por ciento entre agosto de 2024 y agosto de 2025, para mostrar el mejor número, y las desapariciones de personas, con un registro dinámico que continúa al alza.
Coloquemos otro componente del análisis de la cuestión; primero como solución temporal extraordinaria (2019-2024) y luego como decisión política en la Constitución (reforma de 2024), las Fuerzas Armadas, con el Ejército habiendo normalizado a la Guardia Nacional como parte de su integración de fuerza, tienen a su cargo participar en la prestación del servicio federal de seguridad pública. Durante la segunda fase de esa participación (septiembre de 2024 a septiembre actual) se ha producido una sensible reducción del homicidio doloso y se mantienen a la baja el secuestro y robo de vehículos con violencia, en tanto que la extorsión y la desaparición de personas continúan como expresiones sin la contención ni los resultados adecuados; tampoco la presencia militar en la seguridad pública arroja resultados en contra de las víctimas de fraude y de robo en la vía pública y el transporte público.
Son, desde luego, consideraciones de carácter nacional, pues el análisis por entidad federativa introduciría elementos propios de apreciación particular. Sinaloa tendría que observarse a la luz de la confrontación de la partición del cartel que allí surgió y Colima, por ejemplo, muestra resultados contrarios a la baja nacional en la tasa de homicidios por 100 mil habitantes y también una tasa elevada en extorsión con 18.5 ilícitos por 100 mil habitantes.
A partir de la información disponible, si durante el periodo de consolidación legal de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública la extorsión disminuye apenas 2.8 por ciento y la desaparición de personas continúa al alza y, en cambio, hay reducciones extraordinarias de homicidios dolosos, secuestros y robo de vehículo con violencia, puede señalarse que hay rendimientos conforme a la naturaleza de los ilícitos, lo que debería llevarnos al análisis de las capacidades del Estado Mexicano para hacer frente a delitos donde el despliegue territorial y la fuerza de reacción es intrínseca y, también, para enfrentar ilícitos en los cuales se requieren mayores capacidades de inteligencia, investigación, protección de quien denuncia y de quien busca, servicios periciales y sentencias que hagan perceptible el resultado de procurar e impartir justicia.
Una vertiente es el control de la violencia delictiva donde se presentan resultados positivos, y otra el control de la criminalidad donde las capacidades no se basan en la fuerza armada y su exhibición y despliegue. Puede colegirse que hay una brecha amplia entre el avance con relación a ciertas expresiones de violencia criminal abierta y la ausencia de dinámica similarmente positiva ante otras cuya disminución se basa en la conformación y fortalecimiento de capacidades institucionales para investigar redes de extorsionadores y defraudadores, localizar personas desaparecidas, identificar su paradero y, en los casos más lamentables, de sus restos, así como para hacer mella en la criminalidad al presentar imputados y lograr condenas.
El tema es la recuperación de la seguridad pública, tanto a través de la reducción de la violencia directa -letal y contra la libertad física y el patrimonio-, como mediante una cadena virtuosa contra los delitos basados en el control de zonas de actividades ilícitas por la delincuencia, mediante la intimidación y amenaza, de tal suerte que se es la víctima o se les conoce, así como los agravios sufridos, al grado de modificar hábitos y rutinas.
Salvo a la delincuencia, a nadie conviene que no se avance en el restablecimiento de condiciones de convivencia ajenas a la violencia y la coacción ilegal. Valdría la pena profundizar tres cuestiones: (a) la inversión en las Fuerzas Armadas ha mejorado capacidades para combatir ciertos delitos, pero no ha reducido otros ni trae aparejada la construcción de instituciones policiales civiles locales para la generación de condiciones que hagan innecesaria la participación militar en las tareas a su cargo; (b) la percepción ciudadana sobre inseguridad, basada en su propia experiencia, es estrictamente racional, no obstante la disminución sensible de las tasas de homicidio, secuestro y robo de vehículos con violencia, y reclama atención; y (c) la política de seguridad pública no alcanza su objetivo cuando disminuye la violencia visible, sino cuando reduce significativamente a la delincuencia que tiene sometida a la población y logra revertir la impunidad porque investiga y sanciona para que haya no sólo paz, sino también justicia.