En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado el 30 de agosto, familiares de personas desaparecidas y colectivos de madres buscadoras realizaron movilizaciones en Acapulco, Chilpancingo e Iguala para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno que transiten de los registros administrativos, protocolos burocráticos y acciones institucionales de carácter reactivo hacia estrategias efectivas de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
El problema no es solamente la cantidad de personas desaparecidas, sino la creciente externalización de funciones estatales hacia las familias, lo que produce simultáneamente déficit de confianza, riesgos para las buscadoras y una percepción de impunidad.
Durante 2026, la dimensión del problema se ha reflejado en el crecimiento del registro de personas desaparecidas en Guerrero, que, de acuerdo con las cifras referidas por los colectivos, pasó de 3 mil 247 casos activos en 2025 a 4 mil 685 durante el presente año, equivalente a un incremento de 44.3 por ciento.
La concentración de casos mantiene a Acapulco como uno de los principales focos de atención. Organizaciones como la Asociación de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos señalan que el municipio concentra el mayor número de registros, al tiempo que persisten elevados niveles de desconfianza hacia las instituciones encargadas de investigar y buscar a las víctimas.
Las movilizaciones evidenciaron una creciente percepción de pasividad gubernamental, insuficiencia operativa y falta de resultados verificables, particularmente entre los familiares que participan directamente en las labores de búsqueda.
Desde la perspectiva de los colectivos, la responsabilidad de investigar, localizar e identificar a las víctimas está siendo trasladada de facto hacia las propias familias, quienes han tenido que desarrollar capacidades de búsqueda en campo, difusión, documentación, litigio estratégico e incluso incorporar herramientas tecnológicas ante la limitada respuesta institucional.
En este contexto, las organizaciones exigieron que las autoridades reconozcan que la búsqueda de personas desaparecidas constituye una obligación del Estado y no una responsabilidad que deba recaer en sus familiares. Asimismo, demandaron mecanismos efectivos de protección para las familias y activistas que participan en estas labores, al considerar que su actividad se desarrolla en un entorno caracterizado por la presencia de grupos delictivos, amenazas y violencia contra quienes buscan información sobre el paradero de sus seres queridos.
Las manifestaciones también tuvieron un componente de disputa por la memoria y el espacio público. Los colectivos reclamaron respeto a los monumentos, antimonumentos, lonas y fichas de búsqueda instalados para visibilizar los casos, luego de que en algunas zonas estos materiales fueran retirados por personal gubernamental. Para las organizaciones, la eliminación de estos elementos no sólo representa una afectación a sus acciones de difusión, sino que contribuye a invisibilizar una problemática que continúa teniendo impacto en la seguridad y la gobernabilidad del estado.
Desde una perspectiva de seguridad pública, esta situación representa un doble desafío: por un lado, la desaparición de personas constituye una expresión de violencia que afecta directamente a las familias; por otro, la ausencia de resultados en las investigaciones profundiza la percepción de impunidad y debilidad institucional, particularmente cuando los familiares deben asumir funciones que corresponden a las autoridades.
Desconfianza hacia los registros oficiales y judicialización de la búsqueda
Uno de los principales puntos de conflicto entre los colectivos y las instituciones gubernamentales se encuentra en la administración de los registros oficiales de personas desaparecidas.
Colectivos como Lupita Rodríguez Narciso han cuestionado el funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la que acusan de mantener una actitud de “cerrazón” frente a las familias. Las organizaciones sostienen que los censos domiciliarios y los mecanismos de actualización de registros pueden estar generando una reducción artificial de las cifras oficiales, al modificar el estatus de personas cuyo paradero continúa sin esclarecerse.
La inconformidad ha derivado en una estrategia de judicialización de la búsqueda, mediante la promoción de los denominados “amparos buscadores”. Estos recursos se han convertido durante 2026 en uno de los principales instrumentos utilizados por familiares y colectivos para intentar impedir que las autoridades modifiquen, reclasifiquen o eliminen fichas de búsqueda sin elementos suficientes que acrediten de manera fehaciente la localización de la persona.
De acuerdo con los colectivos, la implementación de censos y de la nueva Plataforma Única de Identidad habría provocado que diversos registros del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) fueran reclasificados o dejaran de aparecer públicamente. Ante ello, las familias han recurrido a jueces federales para solicitar medidas cautelares que impidan la modificación de los registros mientras no exista evidencia suficiente sobre la localización y condición de la persona.
Los colectivos han construido el concepto de una “segunda desaparición”, entendida como aquella que ocurre en el ámbito burocrático cuando una persona deja de figurar en los registros oficiales sin que exista certeza sobre su paradero. Desde esta perspectiva, la disputa por las cifras no constituye únicamente un conflicto estadístico, sino una controversia sobre la asignación de recursos, la continuidad de las investigaciones y la obligación del Estado de mantener activa la búsqueda.
Para los familiares, una modificación incorrecta del estatus de una víctima puede tener consecuencias operativas directas, debido a que una persona registrada como “localizada” o fuera de la categoría de desaparición podría dejar de recibir la misma prioridad en las acciones de búsqueda.
El principal desafío para las autoridades, por tanto, no consiste únicamente en incrementar el número de denuncias atendidas o actualizar los registros, sino en transformar esa capacidad administrativa en resultados concretos de localización, identificación, investigación y esclarecimiento, acompañados de garantías de seguridad para quienes participan en las labores de búsqueda.