El 1 de septiembre coincidieron varios acontecimientos capaces de definir el rumbo político e institucional del país. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno; la nueva Suprema Corte (la llamada Corte del acordeón) cumplió un año; el Congreso abrió un periodo ordinario de sesiones y comenzó la cuenta regresiva hacia la elección de 2027. Son hechos distintos, pero atravesados por una pregunta: ¿siguen funcionando los contrapesos democráticos o asistimos a la normalización de un poder cada vez más concentrado?

Durante buena parte del siglo pasado, el informe fue el “Día del Presidente”: la ceremonia anual de un presidencialismo que encontraba en el Congreso aplausos y reverencias, no controles. La pluralidad política resquebrajó aquel ritual y la reforma de 2008 eliminó la obligación del presidente de acudir personalmente. Desde entonces basta con entregar por escrito el documento previsto en el artículo 69 constitucional.

La desaparición de la ceremonia no produjo, sin embargo, una mejor rendición de cuentas. El mensaje se trasladó a Palacio Nacional y se convirtió en un acto diseñado por el gobierno, sin preguntas, réplicas ni contraste. Ya no existe el antiguo “Día del Presidente”, pero sobrevive su lógica: el Ejecutivo controla el escenario, el mensaje y la narrativa.

En su Segundo Informe, Sheinbaum sostuvo que México va bien y tiene rumbo. Destacó la reducción de los homicidios, el aumento del salario mínimo, la estabilidad económica, los programas sociales y los avances de su estrategia de seguridad. Algunos resultados merecen reconocimiento. La disminución de la violencia homicida, si se consolida y es confirmada por las cifras definitivas, sería especialmente relevante para un país que durante años pareció resignado a contar muertos todos los días.

Pero informar no consiste en seleccionar las cifras favorables. También obliga a explicar lo que no funciona, a saber, el crecimiento insuficiente, la incertidumbre ante la revisión del T-MEC, las presiones de Estados Unidos, las deficiencias en los servicios de salud, las desapariciones y el incremento en las regiones donde la delincuencia conserva una capacidad inadmisible para controlar territorios y gobiernos locales. A ello se suman señalamientos de corrupción y privilegios que contradicen el discurso de austeridad.

La afirmación más reveladora quizá no fue una cifra, sino que no existe ruptura con López Obrador y que el movimiento permanece unido. Después de casi dos años, la Presidenta todavía explica su relación con su antecesor. Puede entenderse como estrategia de cohesión, pero también muestra que su autonomía sigue midiéndose frente a él. Sheinbaum tiene legitimidad propia y una responsabilidad constitucional que no puede ejercer como simple continuadora de una voluntad anterior. Es momento de que el gobierno responda por sus propios resultados.

El Informe no concluye con el mensaje presidencial. Después viene la glosa. La Presidenta informa sobre el estado de la administración pública; al Congreso le corresponde analizar el documento, contrastar cifras y pedir explicaciones. Para ello puede llamar a comparecer a secretarios de Estado y otros funcionarios responsables. La glosa no debería reducirse a comparecencias previsibles en las que el oficialismo elogia, la oposición reclama y el funcionario se marcha sin responder lo esencial. Es un mecanismo de control político: debe permitir confrontar los datos oficiales con la realidad y exigir respuestas sobre las omisiones.

Su importancia es todavía mayor cuando el partido de la Presidenta y sus aliados cuentan con amplias mayorías. Compartir un proyecto político no elimina la obligación de vigilar al gobierno ni convierte las preguntas incómodas en actos de deslealtad. La división de poderes no se demuestra sólo cuando la oposición critica. También se demuestra cuando las mayorías preguntan, cuestionan y exigen cuentas.

Ese mismo día se cumplió un año de la nueva Suprema Corte, la primera surgida de una elección popular y la primera en funcionar con nueve integrantes, sin Salas. La reforma fue presentada como la democratización de la justicia. Se prometió una Corte cercana, menos costosa y más eficiente. Un año después, esas promesas deben contrastarse con resultados, no con discursos.

El balance provoca inquietud. La Corte ha resuelto menos asuntos que su antecesora en periodos comparables. La desaparición de las Salas concentró el trabajo en el Pleno y redujo la atención especializada. Persisten, además, dudas sobre la transparencia de sus deliberaciones, la calidad de algunas sentencias y la cercanía pública de varios de sus integrantes con el proyecto que impulsó la reforma. Y a eso se le suman los cada vez más evidentes roces entre sus integrantes.

Haber recibido votos no vuelve democráticas, por sí mismas, las decisiones judiciales. La legitimidad de un tribunal constitucional se construye con independencia, sentencias sólidas, protección de las minorías y disposición para limitar al poder. Una Corte que se presenta como representante de la mayoría corre el riesgo de olvidar su función principal, la de proteger la Constitución precisamente cuando la mayoría pretende ignorarla. No está para acompañar al gobierno, sino para controlar los actos de todos los poderes, incluido el que obtuvo más votos.

También el 1 de septiembre, el Congreso inauguró un nuevo periodo ordinario de sesiones. Lo hizo con una mayoría oficialista que ha reformado la Constitución y las leyes a una velocidad que rara vez favorece la deliberación. Morena, el Verde y el PT reúnen 364 diputaciones, treinta más de las necesarias para alcanzar por sí solos la mayoría calificada.

Por eso el Congreso tiene frente a sí algo más que una agenda legislativa. Debe demostrar si todavía es un espacio de deliberación o si se ha convertido en una extensión de la voluntad presidencial, como hasta ahora se ha comportado. Una mayoría parlamentaria no es un permiso para cancelar el debate ni para transformar las iniciativas del Ejecutivo en decretos previamente aprobados. Si el Congreso se limita a ratificar lo que decida el gobierno, el periodo ordinario habrá comenzado sólo en el calendario.

A esta concentración institucional se suma la cercanía del proceso electoral de 2027. No será una elección intermedia más. Estará en disputa la integración de la Cámara de Diputados y, con ella, la posibilidad de que el oficialismo conserve la mayoría necesaria para seguir modificando la Constitución sin negociar con la oposición.

Las dimensiones son enormes, se renovarán las 500 diputaciones federales; habrá elecciones legislativas en 31 entidades, con alrededor de 1,098 curules en juego; se elegirán autoridades en 2,227 ayuntamientos y se disputarán 17 gubernaturas. Morena, que gobierna 23 entidades, deberá defender doce. El mapa pondrá a prueba tanto la competitividad de las oposiciones como la capacidad del oficialismo para extender su predominio territorial.

La elección será, además, la primera evaluación nacional del gobierno de Sheinbaum y una prueba decisiva para el Instituto Nacional Electoral.

El INE deberá coordinar comicios concurrentes en casi todo el país, entre polarización, violencia política, intervención gubernamental y riesgo de infiltración criminal en las candidaturas. La competencia no puede comenzar con autoridades debilitadas ni reglas inciertas. La certeza jurídica exige normas previas, autoridades independientes y condiciones equitativas. Modificar las reglas desde el poder para obtener ventajas no es una transformación democrática, sino una regresión.

Septiembre comenzó con el informe del Ejecutivo, el aniversario de la Corte, la apertura del Congreso y la cercanía de una elección que renovará buena parte del poder político. En teoría, son expresiones distintas del sistema constitucional. En la práctica, habrá que ver si actúan con autonomía o terminan orbitando alrededor de una sola fuerza.

La democracia no se mantiene sólo porque haya elecciones o porque los gobernantes repitan que representan al pueblo. Se conserva cuando el Ejecutivo rinde cuentas, el Congreso delibera, la Corte impone límites y la autoridad electoral garantiza que el poder pueda cambiar de manos. El 1 de septiembre reunió a esas instituciones en una misma página del calendario. Falta saber si estarán a la altura. Cuando la injerencia del Ejecutivo se vuelve costumbre y la pérdida de contrapesos deja de indignarnos, lo que normalizamos es la erosión de la democracia.

 

Fe de Erratas

En la colaboración de Claudia Aguilar del número 3820, páginas 34 a 37, titulada ¿La Constitución no se interpreta? ¿Entonces qué hace el Tribunal Electoral Constitucional?, se registró un error. Debió titularse ¿La Constitución no se interpreta? ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Por ello ofrecemos una disculpa a nuestra colaboradora y a nuestros lectores.