Hace unas semanas se inició el proceso mediante el cual se elegirán gran parte de los cargos de representación popular. Vale la pena reflexionar sobre los desafíos que se enfrentarán a partir de este momento y hasta el 6 de junio de 2027, cuando se llevará a cabo la jornada electoral correspondiente.

Quizá una de las fases de mayor complicación sea la selección de candidaturas por parte de cada uno de los partidos políticos, y la siguiente será el despliegue de estrategias para obtener los triunfos necesarios y lograr el control del Congreso de la Unión, de tal manera que se puedan realizar ajustes a la normatividad constitucional y/o legal y así dirigir los órganos de gobierno y de Estado hacia metas propias de las ideologías que pretenden impulsar las fuerzas partidistas en el país.

El paquete de renovación incluye 17 entidades federativas, donde entrarán gobernantes a dirigir los aparatos administrativos y, por lo pronto, nos encontramos en las disputas por las candidaturas, donde ninguno de los partidos está exento de pugnas internas e, inclusive, de divisiones que pueden afectar sus posicionamientos ante la ciudadanía al pedir su voto.

El despliegue de tácticas está en marcha. Llama la atención la promoción ante gobiernos extranjeros que realizan los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

No se ven con claridad las finalidades de estas acciones, aunque, en el caso del PRI, cuyo dirigente nacional promueve y pide apoyos ante el gobierno de Estados Unidos, es posible advertir la intención de que se den fenómenos similares a los que han ocurrido en países como Colombia, Bolivia, Honduras y Argentina, donde se ha señalado la intervención del gobierno norteamericano en asuntos electorales.

Se ve difícil que en México se pueda dar esta influencia de Estados Unidos, aunque por ahora se acuda a ese gobierno pretendiendo influir en la voluntad del electorado mexicano.

El INE y el TEPJF tendrán que evitar el fraude que eventualmente se estaría planeando. No hay duda de que las nuevas tendencias en materia electoral requieren de solidez en los órganos que realizan y conducen las elecciones, así como en los sistemas de partidos imperantes.

En este sentido, los procesos de elección deben reafirmar la convicción de que los partidos actúan en una dirección que lleva al fortalecimiento de la democracia. Y deben cumplir con lo establecido en la Constitución y en la normatividad derivada de esta.

Así se ha invitado a las fuerzas partidistas a unirse a este principio. Tanto el INE como el TEPJF han hecho exhortos, de tal manera que se imponga la directriz de ajustarse a la legalidad durante todo el proceso, que llega hasta junio del año entrante.

Hay, sin embargo, un asunto que llama la atención: la integración del TEPJF, que recientemente sufrió el retiro de una de sus magistradas y aún no ha sido sustituida, aunque se supone que ese tribunal puede funcionar adecuadamente con los magistrados restantes y cumplir con su labor jurisdiccional, de particular relevancia en todo el proceso electoral ya en curso.

En tanto, el Partido Morena, con sus aliados el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aun con las divisiones que se generan internamente, han designado a las y los 17 coordinadores estatales de defensa de la transformación y la soberanía nacional.

Así, se podrá construir e impulsar la democratización del país y evitar retrocesos. En esta fase nos encontramos en el camino de fortalecer hábitos y prácticas que fortalezcan la democracia.

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