El nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, presentado conjuntamente por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob), expone tanto avances metodológicos como fuertes críticas por parte de los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos para quienes fue como rociar limón en la herida.

Tras la presentación del nuevo informe conjunto sobre el caso Ayotzinapa, las posturas oficiales del Gobierno y la Fiscalía contrastan drásticamente con las exigencias planteadas por las familias de los 43 estudiantes normalistas.

Organizaciones como Amnistía Internacional advierten con preocupación que el informe vuelve a centrar la responsabilidad del crimen en actores locales (delincuencia organizada y policías municipales). Los familiares acusan que el documento omite deliberadamente la participación de las Fuerzas Armadas y de órganos de seguridad nacionales en la cadena de mando.

Las familias califican como inaceptable la afirmación de que el Ejército ya entregó todo. Exigen activamente el cumplimiento de mandatos judiciales (como un amparo emitido en febrero de 2026) para que se entreguen 853 folios específicos de inteligencia militar que consideran clave para hallar el paradero de los jóvenes.

El núcleo de la discordia legal gira en torno a a esos 853 folios de inteligencia militar generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) con sede en Iguala. Su estatus actual se define por los siguientes puntos:

Un juzgado federal en materia administrativa emitió una sentencia que ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar de forma inmediata los folios faltantes.

El fallo determinó que la discontinuidad numérica en los archivos del Ejército comprueba que la información existe, por lo que el Poder Judicial prohibió reservarla bajo criterios de confidencialidad o seguridad nacional.

La Sedena presentó un recurso de inconformidad judicial impugnando la orden de entrega. Al mismo tiempo, en el terreno administrativo, los mandos militares publicaron un dictamen reportando que, tras exhaustivas búsquedas internas, “no hallaron documentación adicional” a la ya entregada.

Ante la negativa militar, los padres de los 43 normalistas y el abogado suplente de las familias, Isidoro Vicario, acudieron directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solicitaron formalmente a la Corte que ejerza su facultad para atraer y revisar los amparos del caso, buscando obligar jurídicamente al Ejército a romper el hermetismo y acatar las resoluciones

Los voceros de las madres y padres de los 43 normalistas expresaron su frustración tras la presentación, señalando que gran parte de los datos expuestos “ya los conocían” y que el informe no ofrece certezas sustantivas sobre el paradero final de sus hijos.

Denuncian que enfocar la culpa únicamente en el ámbito municipal es un intento del Estado por desvincular a las Fuerzas Armadas de la cadena de mando. Señalan que instituciones federales monitorearon los crímenes en tiempo real y omitieron intervenir deliberadamente.

Los voceros de las familias advierten que, aunque el expediente registre detenciones y movimientos técnicos, ningún hallazgo responde a la pregunta decisiva: dónde están sus hijos. Para ellos, el paso del tiempo y las “nuevas versiones oficiales” no sustituyen la obligación de dar respuestas verificables sobre el paradero.

A pesar de la conformación de un nuevo equipo de expertos, los familiares denunciaron que no se establecieron fechas límites ni compromisos institucionales claros para concretar acciones clave, como la extradición de Tomás Zerón desde Israel.

El anuncio coincidió con un momento de reestructuración interna para las familias debido a la renuncia por motivos de salud de su histórico abogado, Vidulfo Rosales, lo que añade incertidumbre a la continuidad jurídica del caso a pesar del nombramiento de un nuevo representante.

Los padres, madres y sus asesores legales (representados por organizaciones como el Centro Prodh e Isidoro Vicario) rechazan el alcance del informe y denuncian lo que consideran un estancamiento simulado.

El conflicto legal y la agenda de diálogo por el caso Ayotzinapa se concentran en dos frentes clave: la batalla jurídica por los expedientes del Ejército y las reuniones directas entre las familias, sus representantes y el Poder Ejecutivo.

Las mesas de diálogo se mantienen activas pero marcadas por un ambiente de alta tensión y desconfianza institucional.

En los encuentros en Palacio Nacional dirigidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y el subsecretario Arturo Medina Padilla, el Gobierno oficializó la creación de un nuevo grupo interdisciplinario de investigación tecnológica (integrado por especialistas de la SSPC y la FGR). El principal acuerdo operativo de estas reuniones fue intensificar las búsquedas territoriales en seis municipios de Guerrero (donde ya se han intervenido más de mil sitios), además de comprometerse a mantener abiertos canales de atención permanente.

Durante las sesiones informativas con las familias se acordó que, si el reanálisis científico de datos telefónicos arroja pruebas que apunten a cadenas de mando superiores, se llamará a declarar formalmente al expresidente Enrique Peña Nieto.

La ausencia de Enrique Peña Nieto en los tribunales por el caso Ayotzinapa no se debe a una imposibilidad jurídica absoluta, sino a una compleja combinación de mecanismos de defensa procesal, falta de acreditación de pruebas directas y dinámicas de debilidad institucional.

En el sistema penal mexicano, para citar a un exmandatario en calidad de imputado o incluso de testigo clave, la FGR debe justificar penalmente que existen indicios directos de su participación o de que ordenó un acto ilícito.