A dos años de que Claudia Sheinbaum tomó protesta, tiene sentido detenerse a revisar si su gobierno avanza en lo que prometió en campaña y luego plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. No es un ejercicio menor.
La historia reciente de México muestra que el PND, pensado como instrumento rector de la política pública, suele terminar como el cumplimiento de una obligación legal más que como una hoja de ruta que efectivamente se siga. Sus metas ambiciosas chocan con la falta de seguimiento puntual, con la tentación de desviar recursos hacia lo que se vuelve prioritario coyunturalmente —a menudo acciones vistosas, pero de bajo impacto estructural— y con una visión de largo plazo que no siempre se sostiene con voluntad política real.
Vale entonces medir al gobierno con su propia vara, El Plan es un documento amplio que expone las estrategias de manera ordenada según distintos ejes. Destaca el Eje 3, “Economía moral y trabajo”, que agrupa sus compromisos en materia laboral, de desarrollo rural y de competitividad. Para el análisis, conviene concentrarse en dos bloques: trabajo y salarios dignos y prosperidad e infraestructura conectadas.
El salario mínimo es, sin duda, el logro más evidente, si bien es producto de la continuidad de acciones conocido como “segundo piso”. Para 2026 subió 13%, hasta 315.04 pesos diarios y acumula desde 2018 un crecimiento real que ronda 115% en el resto del país y más de 200% en la frontera norte. A eso se suma el acuerdo, todavía incipiente, para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales entre 2027 y 2030 y la incorporación al IMSS de los trabajadores de aplicaciones.
Es un cambio distributivo de fondo, que ha devuelto capacidad de compra a millones de trabajadores, la pobreza laboral en México ha mostrado una tendencia general a la baja. Pero ese avance no demuestra, por sí solo, que el ingreso de todos los hogares haya mejorado en igual proporción ni que se hayan cerrado las brechas laborales que el propio PND diagnostica.
La informalidad sigue siendo el pendiente más visible. Tomando el promedio trimestral que exige la métrica del propio Plan, la tasa de informalidad laboral se ubica en 54.84% entre el cuarto trimestre de 2024 y el segundo de 2026, todavía lejos de la meta de 48.9% para 2030. El reto sigue siendo convertir ocupaciones en empleos estables, con prestaciones y acceso real a la seguridad social, algo que el aumento salarial por sí mismo no resuelve.
El bloque de competitividad, prosperidad e infraestructura ofrece la señal más encontrada. Mientras que la inversión extranjera impone récords en registros y las exportaciones se mantienen en aumento aun con la presión arancelaria de EE.UU.; el problema de aumentar el contenido nacional sigue sin resolverse, de hecho, podría estar empeorando si la inversión solo lleva a ensamblar insumos importados.
El indicador que mide el contenido nacional en las exportaciones manufactureras —aproximado a través del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global del INEGI— llegó a 17.9% en 2024, si bien por encima de la línea base de 16.3% aún está lejos de la meta para 2030.
El crecimiento económico tampoco permite una postura optimista. En lo que va del sexenio, el PIB ha crecido apenas 1.17% anual y el PIB per cápita solo 0.45%, con datos de INEGI. Es una tasa insuficiente para sostener, por sí sola, la mejora salarial y el gasto social del modelo actual durante el resto del sexenio (a lo que habría que agregar el logro de las metas de recaudación tributaria) y contrasta con el repunte puntual del segundo trimestre de 2026, que avanzó 1.4% frente al trimestre previo: una señal alentadora, pero un solo trimestre no basta para hablar de una trayectoria consolidada.
Lo que falta es evidencia de que este modesto crecimiento se traduzca en formalidad laboral, productividad del campo, seguridad alimentaria y convergencia entre regiones. El punto crítico no es negar los avances, sino preguntarse si el modelo de “economía moral” está construyendo la capacidad productiva necesaria para sostenerlos en lo que falta del sexenio.
Conviene en este contexto no perder de vista el calendario político: 2027 traerá elecciones intermedias y 2028, aunque nadie lo solicite formalmente, implicará a una consulta de revocación (ratificación) de mandato. Es previsible que los años que restan del sexenio se administren más con la lógica de garantizar la continuidad del proyecto que con la de completar lo que el propio PND se propuso cumplir.
El autor es Presidente de Consultores Internacionales, S.C.®