Regular los teléfonos celulares en las escuelas puede ser una medida necesaria para proteger el aprendizaje y la convivencia. Pero el verdadero desafío educativo no consiste en mantener las pantallas apagadas, sino en formar ciudadanos capaces de comprender, cuestionar y transformar el mundo digital.
La escuela mexicana enfrenta una paradoja que merece algo más que respuestas administrativas: mientras el país aspira a incorporarse plenamente a la economía del conocimiento, el sistema educativo debate cómo restringir una de las principales puertas de acceso al universo digital. No se trata de defender el uso indiscriminado de teléfonos celulares en las aulas, sino de preguntarnos si estamos construyendo una política educativa para enfrentar los desafíos del siglo XXI o si, ante la complejidad de esos desafíos, hemos optado por privilegiar aquello que resulta más sencillo de controlar.
El Acuerdo 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2026 y cuya entrada en vigor está prevista para el 3 de noviembre, constituye una respuesta institucional a preocupaciones legítimas: la dispersión de la atención, el deterioro de la convivencia, la exposición a contenidos perjudiciales y los riesgos asociados al uso excesivo de dispositivos digitales. Sería irresponsable minimizar estos problemas. La escuela necesita recuperar espacios para la lectura, la conversación, el silencio reflexivo y las relaciones humanas. La educación exige atención sostenida, disciplina intelectual y capacidad de concentración, virtudes que difícilmente prosperan cuando cada notificación compite por apropiarse de la conciencia del estudiante; sin embargo, reconocer la necesidad de establecer límites no equivale a considerar que esos límites constituyan, por sí mismos, una respuesta educativa suficiente. El problema comienza cuando confundimos la regulación de una conducta con la formación de una capacidad.
La disposición federal no establece una prohibición absoluta de la tecnología. En educación básica restringe el uso de dispositivos personales durante la jornada escolar, con excepciones pedagógicas, de salud, inclusión y emergencia. Para la educación media superior prevé mecanismos de deliberación comunitaria y modalidades diferenciadas, mientras que en la educación superior privilegia el uso responsable y los acuerdos institucionales. Este reconocimiento de las diferencias representa un avance respecto de las prohibiciones indiscriminadas. No obstante, también exhibe la dificultad central de toda política educativa nacional; su eficacia depende menos de la claridad de sus propósitos que de las condiciones reales en las que deberá aplicarse. México no tiene una sola escuela ni una sola realidad educativa.
Mientras algunas instituciones disponen de conectividad, plataformas digitales, laboratorios y personal especializado, otras enfrentan carencias elementales de infraestructura, equipamiento y recursos pedagógicos. En determinados contextos, el teléfono celular constituye principalmente una fuente de distracción; en otros, puede ser el único dispositivo disponible para consultar información, acceder a materiales educativos o desarrollar actividades de aprendizaje. Esta desigualdad obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué sucederá cuando una regulación concebida para proteger el derecho a la educación limite, en determinadas comunidades, una de las pocas herramientas disponibles para ejercerlo?
Aunque el Acuerdo contempla excepciones y ajustes según las condiciones escolares, su aplicación exige garantizar que las restricciones no terminen reproduciendo las desigualdades que la educación pública está obligada a combatir. Los estudiantes de familias con mayores recursos podrán continuar desarrollando sus competencias digitales mediante equipos personales, conectividad permanente y oportunidades extracurriculares. Quienes dependen fundamentalmente de la escuela podrían disponer de menos alternativas para apropiarse críticamente de esas mismas herramientas. No se trata de afirmar que el teléfono celular sea indispensable para aprender, sino de reconocer que la igualdad ante una disposición normativa no garantiza igualdad de oportunidades educativas.
Hay, además, una contradicción pedagógica más profunda. Durante décadas, el discurso educativo ha insistido en la necesidad de formar personas autónomas, críticas y responsables. Hemos defendido que educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en desarrollar la capacidad de pensar, discernir y decidir; sin embargo, frente a los riesgos digitales, existe la tentación de sustituir la construcción de criterios por la imposición de límites externos. Desde luego, las restricciones pueden ser necesarias, especialmente durante la infancia. La autonomía no significa ausencia de normas ni puede exigirse de manera idéntica a todas las edades. Pero tampoco se desarrolla automáticamente mediante la obediencia. Requiere experiencias graduales de responsabilidad, acompañamiento pedagógico y oportunidades para comprender las consecuencias de las propias decisiones. Un estudiante puede cumplir rigurosamente las disposiciones escolares y, al regresar a casa, permanecer durante horas expuesto a desinformación, violencia digital, contenidos manipuladores o mecanismos algorítmicos diseñados para capturar su atención. La escuela habrá logrado modificar temporalmente una conducta, pero no necesariamente habrá transformado la relación del estudiante con la tecnología; y esa diferencia es decisiva.
El desafío educativo no termina cuando el dispositivo desaparece del pupitre. Comienza, en buena medida, cuando debemos enseñar a reconocer la manipulación informativa, proteger los datos personales, distinguir conocimiento de entretenimiento, identificar contenidos engañosos y comprender los intereses económicos que gobiernan buena parte del ecosistema digital. La ciudadanía contemporánea exige una nueva forma de alfabetización. Ya no basta con aprender a leer palabras; también resulta indispensable aprender a interpretar imágenes, algoritmos, plataformas y discursos que influyen silenciosamente en nuestras decisiones.
Una educación que protege de los riesgos digitales, pero no enseña a comprenderlos, corre el riesgo de formar usuarios obedientes antes que ciudadanos autónomos.
Esta discusión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se examina el horizonte económico y productivo de México. La inteligencia artificial, la automatización, la robótica y el análisis de datos están modificando las relaciones laborales, los procesos industriales y las formas de producir conocimiento. En este escenario, nuestro país enfrenta el reto histórico de transitar de una competitividad apoyada principalmente en los costos de producción hacia otra sustentada en innovación, desarrollo tecnológico, investigación y talento humano. Pero semejante transformación no puede sostenerse únicamente mediante inversiones industriales o discursos sobre modernización. Requiere una política educativa capaz de desarrollar pensamiento científico, creatividad, competencias digitales y capacidad de adaptación. Sería una contradicción nacional aspirar a convertirnos en una potencia tecnológica sin garantizar que las nuevas generaciones comprendan las tecnologías que definirán su futuro.
Esto no supone equiparar la formación tecnológica con el uso cotidiano del teléfono celular. Desplazarse entre aplicaciones, consumir videos o utilizar redes sociales no equivale a desarrollar competencias digitales. Precisamente por eso, la escuela debe distinguir entre consumo tecnológico y apropiación crítica del conocimiento. La cuestión no es cuántos dispositivos utilizan nuestros estudiantes, sino qué son capaces de comprender, crear y resolver mediante ellos. También conviene evitar que el debate público convierta la regulación en una promesa automática de mejoramiento académico.
La evidencia educativa internacional ha advertido sobre los efectos de las distracciones digitales en el aprendizaje, pero sería metodológicamente incorrecto atribuir a la sola presencia o ausencia de teléfonos celulares los resultados escolares. La calidad de la enseñanza, la preparación docente, las condiciones familiares, el entorno social y la disponibilidad de recursos siguen siendo variables fundamentales. Restringir dispositivos puede contribuir a mejorar el ambiente escolar; demostrar que esa medida produce aprendizajes más sólidos exige algo distinto: seguimiento, indicadores, evaluación y disposición para corregir las decisiones adoptadas.
El propio Acuerdo contempla mecanismos semestrales de revisión y retroalimentación. El verdadero desafío será convertirlos en instrumentos de evaluación sustantiva y no únicamente en ejercicios de cumplimiento administrativo. Porque una escuela sin celulares no es necesariamente una escuela donde se aprende mejor. La pregunta relevante no debería limitarse a comprobar cuántos planteles cumplen la regulación, sino a determinar si mejoraron la comprensión lectora, el razonamiento matemático, la convivencia, el bienestar emocional y las capacidades digitales de los estudiantes. De lo contrario, podríamos terminar celebrando una política por su facilidad de verificación, sin demostrar suficientemente su eficacia educativa.
Existe otro riesgo que merece atención: trasladar a los docentes responsabilidades crecientes sin proporcionarles los medios necesarios para cumplirlas. No podemos exigir que los maestros formen ciudadanos digitales si carecen de conectividad, capacitación continua, recursos tecnológicos y estrategias pedagógicas adecuadas. La transformación educativa no ocurre por decreto. Se construye en la práctica cotidiana, mediante instituciones capaces de acompañar a sus docentes y comunidades. Tampoco es razonable depositar exclusivamente en la escuela la responsabilidad de resolver los problemas derivados del consumo digital. Los hábitos tecnológicos se forman en el hogar, en la convivencia social y dentro de plataformas cuyo funcionamiento responde, con frecuencia, a incentivos comerciales ajenos al bienestar de sus usuarios. Resulta particularmente importante reconocer esta última dimensión. Mientras pedimos a niños y adolescentes que aprendan a controlar su atención, las grandes plataformas tecnológicas invierten enormes recursos en diseñar mecanismos destinados precisamente a retenerla. ¿Es suficiente exigir autorregulación individual cuando buena parte del entorno digital está organizado para dificultarla?
Esta pregunta desplaza el debate hacia una responsabilidad pública más amplia. La protección de la infancia no puede descansar únicamente en restricciones escolares y recomendaciones familiares. También requiere discutir la transparencia algorítmica, la protección de datos personales, el diseño de plataformas y las obligaciones de las empresas que participan en la economía de la atención. Dejar fuera estos factores equivaldría a intervenir sobre las consecuencias sin examinar suficientemente algunas de sus causas. Por ello, el Acuerdo puede constituir un punto de partida razonable, pero no debe confundirse con una política integral de educación digital.
Su instrumentación debería acompañarse de una estrategia nacional de alfabetización digital y mediática, inversión sostenida en infraestructura, formación docente, criterios pedagógicos diferenciados por edad y mecanismos públicos de evaluación. Una estrategia capaz de proteger sin excluir, establecer límites sin renunciar a la innovación y garantizar que el acceso al conocimiento tecnológico no dependa del nivel económico de las familias. La política educativa debe encontrar un equilibrio entre dos responsabilidades igualmente irrenunciables: proteger a las nuevas generaciones frente a riesgos reales y prepararlas para ejercer su libertad en una sociedad que no dejará de ser digital. Ese equilibrio exige reconocer que la disciplina es necesaria, pero insuficiente; que la tecnología ofrece oportunidades, pero también riesgos; y que el pensamiento crítico no se desarrolla mediante la simple eliminación de aquello que debemos aprender a cuestionar.
El futuro educativo de México no se decidirá por la cantidad de teléfonos apagados durante una jornada escolar. Se decidirá por nuestra capacidad para formar ciudadanos que sepan pensar por cuenta propia, distinguir información de manipulación, utilizar responsablemente el conocimiento y participar con autonomía en una sociedad profundamente tecnológica. Educar nunca ha significado aislar a las nuevas generaciones de su tiempo. Significa proporcionarles las herramientas intelectuales, éticas y humanas para comprenderlo y transformarlo.
Una política educativa verdaderamente orientada al futuro no puede conformarse con administrar las prohibiciones del presente. Debe asumir la responsabilidad de desarrollar las capacidades que harán posible la libertad del mañana.
Porque si la escuela consigue enseñar cuándo apagar un dispositivo, pero fracasa en enseñar cómo utilizarlo con inteligencia, responsabilidad y sentido crítico, habremos regulado una conducta sin resolver el desafío de fondo. Y México, nuestra Patria necesita mucho más que estudiantes obedientes frente a una pantalla apagada; necesita ciudadanos capaces de encender su pensamiento ante el mundo que viene.
Referencia normativa: Secretaría de Educación Pública, Acuerdo número 09/09/26, Diario Oficial de la Federación, 22 de septiembre de 2026.
https://sidof.segob.gob.mx/notas/5799247