México no ha carecido de proyectos de nación. Por el contrario, ha padecido de proyectos que, al llegar al poder, se han concebido como fundacionales. Liberales, revolucionarios, nacionalistas, desarrollistas, tecnócratas, democratizadores y, más recientemente, los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación han intentado responder una misma pregunta: ¿qué tipo de Estado necesita México?

El problema no ha sido la existencia de ideologías. Toda acción de gobierno parte de una concepción del individuo, la sociedad, el mercado y el poder. La dificultad comienza cuando una doctrina deja de ser orientación y pretende convertirse en verdad suficiente para justificar la concentración del poder o la descalificación de lo construido anteriormente.

El liberalismo del siglo XIX aportó una idea decisiva: el Estado debía someterse a una Constitución, reconocer derechos individuales y limitar privilegios corporativos. La Reforma sentó bases del Estado laico, fortaleció el poder civil e impulsó una ciudadanía jurídicamente igual. Sin embargo, esa construcción convivió con enormes desigualdades, debilidad administrativa y un territorio difícil de gobernar. El Porfiriato fortaleció la infraestructura y produjo un crecimiento económico significativo, especialmente mediante los ferrocarriles, la inversión y la incorporación del país a mercados internacionales; pero ese proceso ocurrió dentro de un régimen caracterizado por la concentración política, la desigualdad y la restricción de libertades. El Estado ganó capacidad, pero no suficiente legitimidad.

La Revolución Mexicana intentó corregir esa fractura. La Constitución de 1917 redefinió el papel estatal en materia agraria, laboral, educativa y económica e incorporó derechos sociales novedosos para su tiempo. Con el nacionalismo revolucionario se profundizaron el reparto agrario, la organización de sectores sociales y la intervención del Estado. El nuevo régimen logró construir una arquitectura política capaz de integrar territorios, corporaciones y demandas sociales.

Pero esa fortaleza tuvo una contradicción de origen. El Estado posrevolucionario creó instituciones y, al mismo tiempo, las subordinó durante décadas a un presidencialismo dominante. La estabilidad política fue real, pero descansó también en un sistema de partido hegemónico, corporativismo y mecanismos informales de disciplina. Estudios sobre el presidencialismo mexicano han señalado precisamente la enorme preponderancia que adquirió el Ejecutivo frente al Congreso, el Poder Judicial y los gobiernos locales. La consecuencia fue profunda: durante demasiado tiempo la gobernabilidad pudo confundirse con obediencia y la fortaleza estatal quedó vinculada a la autoridad presidencial.

El desarrollo estabilizador mostró la otra cara del modelo. México combinó inversión pública, industrialización, estabilidad macroeconómica y una fuerte rectoría estatal. Construyó infraestructura y capacidades productivas, pero acumuló también desequilibrios, desigualdades y una estructura política poco receptiva al pluralismo. El movimiento estudiantil de 1968 evidenció una paradoja: un Estado capaz de administrar crecimiento no era necesariamente igualmente capaz de procesar democráticamente el desacuerdo. Las crisis de los años setenta y ochenta abrieron una transformación casi inversa. El Estado dejó de concebirse principalmente como productor y comenzó a verse como regulador. Privatizaciones, apertura comercial, disciplina fiscal e integración internacional redefinieron prioridades.

Sería simplista afirmar que aquella etapa únicamente debilitó al Estado. También produjo instituciones destinadas a proteger decisiones de largo plazo frente al ciclo político. La autonomía constitucional del Banco de México, vigente desde 1994, es uno de los ejemplos más claros. Las reformas electorales de 1990 y, especialmente, la de 1996 fueron separando la organización de las elecciones del control directo del Ejecutivo. Sin embargo, el paradigma liberalizador tuvo insuficiencias. La estabilidad macroeconómica no se tradujo automáticamente en crecimiento elevado, movilidad social suficiente ni fortalecimiento homogéneo de las capacidades públicas. La apertura modernizó sectores productivos y vinculó profundamente a México con América del Norte, pero convivió con informalidad, desigualdad y regiones rezagadas. El error conceptual apareció cuando se asumió que reducir determinadas funciones estatales equivalía necesariamente a construir un Estado más eficiente.

La alternancia presidencial de 2000 confirmó que la democratización electoral había avanzado, pero exhibió otra paradoja: México consiguió limitar al viejo presidencialismo sin consolidar con la misma velocidad un Estado profesional y eficaz en todos sus niveles. La pluralidad aumentó; la capacidad para coordinar políticas públicas de largo plazo no necesariamente lo hizo en la misma proporción. La fragmentación también puede debilitar cuando no existen servicio público robusto, rendición de cuentas efectiva y acuerdos básicos sobre aquello que no debería reinventarse cada seis años.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018 significó un nuevo viraje. Su proyecto reivindicó la centralidad del Estado, la política social, el nacionalismo energético y una crítica frontal al periodo denominado neoliberal. Algunas decisiones reforzaron la capacidad redistributiva directa del gobierno federal y devolvieron al debate una pregunta relegada: ¿para quién debe funcionar el crecimiento? Pero la misma lógica colocó sobre la mesa otra interrogante: ¿puede fortalecerse al Estado debilitando contrapesos considerados obstáculos por la mayoría gobernante?

La reforma judicial publicada en septiembre de 2024, que estableció la elección popular de ministras, ministros, magistraturas y personas juzgadoras federales, sintetiza esa tensión. Sus defensores la presentan como una democratización de un poder históricamente distante; sus críticos advierten riesgos para la independencia judicial y la profesionalización. Más allá de esa disputa, el episodio recupera un problema antiguo: la tendencia de las mayorías políticas mexicanas a considerar que la legitimidad obtenida en las urnas basta para rediseñar instituciones creadas, precisamente, para establecer límites al ejercicio del poder.

La experiencia histórica sugiere que ninguna corriente puede reclamar un balance puro. El liberalismo construyó derechos, pero no resolvió la desigualdad; el nacionalismo revolucionario edificó Estado y cohesión, pero convivió con autoritarismo; el desarrollismo generó infraestructura y crecimiento, pero postergó la apertura política; el paradigma neoliberal aportó estabilidad, apertura y contrapesos institucionales, pero dejó déficits sociales y capacidades estatales desiguales; la nueva orientación estatista ha recuperado la centralidad de la justicia social mientras reabre la discusión sobre concentración de poder e independencia institucional. La madurez del Estado mexicano quizá comenzará cuando dejemos de confundir transformación con demolición.

Un país no se fortalece porque una ideología triunfe definitivamente sobre las demás, sino cuando aprende a conservar lo que funciona, corregir lo que fracasa y limitar al poder incluso cuando ese poder cuenta con respaldo popular. México necesita menos refundaciones y mayor continuidad institucional; menos fe en hombres, partidos o doctrinas providenciales y más confianza en reglas capaces de sobrevivirlos. La ideología es inevitable y necesaria, ofrece dirección, prioridades y sentido. Pero el Estado comienza justamente donde termina la ideología; en aquellas instituciones que deben servir también a quienes piensan distinto y permanecer en pie cuando cambia el gobierno.

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