El verdadero fracaso de una política sanitaria no comienza cuando faltan medicamentos, sino cuando el Estado normaliza que las familias paguen las consecuencias de sus deficiencias.

En México, en nuestra Patria, enfermarse puede significar mucho más que enfrentar un diagnóstico. Para millones de familias representa también una amenaza económica que pone en riesgo sus ahorros, su patrimonio y, en ocasiones, su propia subsistencia. Esta realidad exhibe una contradicción fundamental; mientras el artículo cuarto constitucional reconoce el derecho a la protección de la salud, su ejercicio continúa condicionado por la capacidad económica, el lugar de residencia y la disponibilidad de servicios médicos.

El problema no se reduce a hospitales saturados, medicamentos insuficientes o largas esperas. Es, fundamentalmente, una cuestión de política pública; la distancia entre los derechos reconocidos por el Estado y los resultados que sus instituciones ofrecen a la ciudadanía. Durante los últimos años, México ha experimentado transformaciones importantes en la organización de sus servicios sanitarios. Sin embargo, modificar estructuras administrativas, ampliar registros de beneficiarios o anunciar inversiones no garantiza, por sí mismo, una atención efectiva. Toda reforma debe evaluarse por sus consecuencias, no solamente por sus propósitos. Porque todo siempre tiene  el costo invisible de las decisiones públicas.

Los datos revelan una situación preocupante. Según México Evalúa, entre 2018 y 2024 el gasto trimestral promedio de los hogares en salud aumentó 41.4% en términos reales, al pasar de 1,135 a 1,605 pesos. En 2024, aproximadamente 1.11 millones de hogares enfrentaron gastos médicos catastróficos, 64.5% más que en 2018. Cerca de 287 mil familias experimentaron empobrecimiento asociado al pago de servicios y tratamientos médicos. Estas cifras obligan a formular una pregunta: ¿qué clase de protección ofrece un sistema público cuando una enfermedad puede destruir la estabilidad financiera de quienes debería proteger?

El gasto médico familiar no constituye únicamente una decisión individual de consumo. Cuando surge por la imposibilidad de recibir oportunamente un medicamento, una consulta o un procedimiento, puede representar una transferencia indirecta de responsabilidades financieras desde las instituciones hacia los ciudadanos. Las consecuencias son profundamente desiguales. Mientras los hogares con mayores recursos pueden buscar alternativas privadas, las familias pobres deben elegir entre atender su enfermedad y satisfacer otras necesidades esenciales. Por ello, la protección financiera debería ocupar un lugar central en la evaluación de cualquier política sanitaria; porque la cobertura administrativa no significa atención efectiva.

La medición de pobreza multidimensional del INEGI muestra que, en 2024, el 34.2% de la población presentaba carencia por acceso a los servicios de salud. Aunque representa una mejoría respecto al 39.1% registrado en 2022, continúa muy por encima del 16.2% de 2018. Esta evolución merece una evaluación rigurosa, particularmente sobre la transición institucional posterior a la desaparición del Seguro Popular y las dificultades de consolidación de los mecanismos que lo sustituyeron. No basta, sin embargo, con atribuir automáticamente todos los problemas a una sola reforma. Resulta indispensable distinguir entre insuficiencias históricas, decisiones presupuestarias, problemas de implementación y deficiencias operativas.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria encontró que, en 2024, seis de cada diez personas que recibieron atención médica acudieron a establecimientos privados o consultorios de farmacia. Esto no demuestra que todas hayan sido rechazadas por instituciones públicas. Pero sí plantea una cuestión que las autoridades deben responder: ¿por qué una proporción tan elevada de ciudadanos recurre a servicios particulares, incluso cuando existe afiliación pública?

La respuesta requiere investigar tiempos de espera, disponibilidad de especialistas, continuidad terapéutica y calidad de la atención. Confundir derechohabiencia con atención efectiva equivale a evaluar la educación contando inscripciones, sin preguntarse si los estudiantes realmente aprenden. Porque existe una diferencia entre informar y resolver.

En marzo de 2026, el Gobierno federal informó que el abastecimiento promedio de medicamentos superaba el 97% en las principales instituciones públicas. El avance reportado merece reconocimiento, pero también exige examinar cómo se construye ese indicador. Un porcentaje agregado de suministro no necesariamente refleja la disponibilidad del medicamento específico que necesita cada paciente, en cada unidad médica y en el momento indicado.

Las protestas de trabajadores del IMSS registradas en octubre de 2026, acompañadas de denuncias sobre desabasto, infraestructura y condiciones laborales, muestran la importancia de contrastar los informes institucionales con la experiencia cotidiana de pacientes y profesionales. La política pública debería medir recetas surtidas completamente, interrupciones de tratamientos y tiempos efectivos de entrega, con resultados verificables por hospital y región. Porque para quien necesita insulina, medicamentos oncológicos o tratamientos cardiovasculares, una estadística favorable no sustituye una receta incumplida. Porue nte esta situación una crisis también se mide en vidas.

El informe Panorama de la Salud 2025, de la OCDE, registró en México una mortalidad prevenible de 243 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, frente a un promedio de 145 entre sus países miembros. En mortalidad tratable, la diferencia resulta todavía más significativa: 175 frente a 77 fallecimientos por cada 100 mil habitantes. Estas comparaciones no permiten atribuir cada muerte a una deficiencia hospitalaria. Sin embargo, constituyen señales relevantes sobre la necesidad de fortalecer prevención, diagnóstico oportuno y continuidad asistencial.

Una política sanitaria eficiente no debería concentrar sus esfuerzos exclusivamente en atender enfermedades avanzadas. También necesita evitar que las personas lleguen a esas condiciones mediante prevención, medicina familiar y seguimiento de padecimientos crónicos. Invertir oportunamente en prevención no es solamente una obligación social; porque además, también puede reducir costos futuros y aliviar la presión hospitalaria. Por tal motivo es importante pasar de las promesas a la rendición de cuentas.

México, nuestra Patria necesita abandonar la práctica de evaluar su sistema sanitario principalmente mediante anuncios presupuestarios, inauguraciones o cifras generales de cobertura. La discusión debe concentrarse en resultados comprobables; porque esto exige presupuestos vinculados con necesidades epidemiológicas, mecanismos transparentes de adquisición de medicamentos, estrategias regionales para cubrir vacantes de especialistas y evaluaciones independientes sobre calidad, oportunidad y protección financiera. También demanda reconocer que el personal sanitario necesita condiciones laborales adecuadas. Ninguna transformación puede sostenerse indefinidamente sobre la sobrecarga de médicos, enfermeras y trabajadores hospitalarios.

Las autoridades federales y estatales deben establecer responsabilidades verificables, metas públicas y mecanismos de corrección cuando los resultados sean insuficientes.

La salud requiere continuidad institucional más allá de los cambios de administración. Cada reorganización debe demostrar que mejora la atención, preserva capacidades existentes y evita interrupciones que afecten a los pacientes. El derecho a la salud no puede depender de la capacidad de una familia para pagar lo que las instituciones no consiguen proporcionar.

La pregunta decisiva no es cuántos mexicanos aparecen registrados en el sistema, sino cuántos reciben atención digna, oportuna y sin empobrecerse. Mientras enfermarse siga significando endeudarse para una parte de la población, la universalidad sanitaria continuará siendo una promesa constitucional pendiente de cumplimiento.

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Fuentes de referencia