Todo indica que el Congreso habrá aprobado la Ley de Ingresos de 2027 y las leyes acompañantes, en especial de la ISR y la Ley de Derechos, tal como llegó del Ejecutivo con los votos a favor de la aplanadora de Morena, PT y PVEM y la contra de la oposición; retomando la propuesta de Hacienda y los dictámenes elaborados que circularon sin modificaciones sustanciales respecto a lo enviado por la presidenta. Con mayoría asegurada y un Senado con plazo hasta el 31 de octubre, el debate legislativo será un trámite. La discusión de fondo empezará en enero, cuando la recaudación real se compare con las metas.

Ante estimaciones positivas la realidad suele ser inoportuna. De enero a agosto de 2026, la recaudación por ISR cayó 5.6% real, su mayor retroceso para un período similar desde 2009 y quedó en 94.1% de lo programado. Aun así, el proyecto para 2027 busca un crecimiento real de 7.2% dentro de un esfuerzo que llevaría los ingresos tributarios a 15.9% del PIB, con una economía que Hacienda estima que crecerá entre 1.5% y 2.5%. Frente a las expectativas de propios y extraños de no crecer más de 1.8% si bien nos va, esta meta de recaudación no cuadra con el crecimiento, si acaso, la haría por una mayor base gravable y por algunos cambios fiscales que tienen claro espíritu recaudatorio.

Las reformas aprobadas ciertamente no tocan las tasas, pero sí impactan en cuánto se paga. Las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos no podrán deducir más de 96.67% de sus ingresos acumulables y la amortización de pérdidas se limita a 50% de la utilidad, si bien el plazo para aplicarlas se amplía de 10 a 20 años, el argumento es combatir a las “factureras”; sin embargo, se puede afectar a las cumplidas. La deducción de intereses netos baja de 30% a 20% de la utilidad fiscal. El primer tope equivale, en la práctica, a una base mínima gravable de 3.33% de los ingresos: una empresa con un margen menor pagaría impuesto sobre una utilidad que no tuvo. Con márgenes comprimidos, el efecto es sobre todo de flujo de efectivo.

La mecánica de cobro solo agrava la discusión. La postura de la oposición y de los analistas ha sido señalar que la lógica de las nuevas reglas implica pagar primero y ver después si el SAT devuelve. Con pagos provisionales más pesados y sin un calendario claro de devoluciones, el contribuyente termina financiando al fisco y a los programas sociales. Lo resiente más la empresa mediana, con liquidez más estrecha que los grandes grupos y menos capacidad de planeación fiscal. La oposición lo calificó de fiscalización punitiva con cargas administrativas excesivas. Puede que el debate sea político, pero la preocupación por la liquidez es técnica y con sentido operativo.

En contraparte hay temas favorables. El Resico amplía su tope de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para morales y se prevé que puedan regresar quienes salieron por rebasar los límites, si están al corriente. Es un alivio genuino para los negocios pequeños y la señal más clara de que Hacienda reconoce el riesgo de llevar a más contribuyentes fuera de la formalidad. Empero, tiene dos límites: no resuelve la carga de las medianas empresas que quedan por encima del umbral, justo las que más empleo concentran y deja dudas sobre quienes salieron voluntariamente o fueron reclasificados de oficio.

El riesgo no es inmaterial. El padrón de patrones registrados ante el IMSS acumula 24 meses de caída y su menor nivel en cinco años, y el salario mínimo subió 13% en 2026 y volverá a hacerlo en 2027. No hay evidencia de que las nuevas reglas del ISR vayan a provocar cierres, pero si se suman a una acumulación de costos sobre un tejido empresarial que ya se achica y debilita. Si el SAT intensifica la vigilancia para compensar una recaudación menor a lo planeado, el círculo es conocido: menos inversión, menos empleo formal, menor base, metas incumplidas y, como ya se ha convertido en la válvula de escape de la política económica, mayor deuda.

De ahí surge la cuestión de fondo, que es más política que técnica. El gobierno recauda poco para sus necesidades y lo hace de forma concentrada: la carga recae sobre un padrón cautivo de contribuyentes formales, mientras la informalidad y la elusión erosionan la base. Una reforma fiscal integral, que ampliara la base de manera estructural, simplificara el sistema y diera certeza sobre devoluciones e incentivos a la inversión, exigiría un capital político que ningún gobierno ha querido gastar, menos aún en vísperas de las elecciones intermedias de 2027.

El resultado es una política de ajustes anuales: un tope aquí, una restricción allá, un alivio focalizado para compensar. Cada paquete puede justificarse por separado, pero en conjunto erosionan la previsibilidad que la inversión privada demanda y que ninguna meta de recaudación puede sustituir. El coeficiente de recaudación sobre PIB seguirá lejos de lo deseable y el ambiente de negocios pagará un año más la factura de no haber hecho la reforma que todos saben que se requiere, pero nadie propone.

El autor es Presidente de Consultores Internacionales, S.C.®