Hay una obsesión que atraviesa buena parte de la historia política de México: la necesidad de comenzar de nuevo.

Cada generación gobernante parece descubrir un país equivocado que debe corregirse; cada corriente ideológica llega con la convicción de que sus antecesores no solamente se equivocaron, sino que construyeron un modelo que merece ser sustituido. Así, nuestra historia política puede leerse como una sucesión de proyectos que prometieron fundar, reconstruir, modernizar, democratizar o transformar a la nación. Quizá allí se encuentre una de nuestras mayores contradicciones. México ha tenido grandes proyectos de Estado, pero le ha costado construir un Estado suficientemente fuerte para sobrevivir a los proyectos de quienes temporalmente lo gobiernan.

El liberalismo decimonónico tuvo una tarea formidable: arrancar al país de las estructuras corporativas heredadas de la Colonia. La Reforma ayudó a consolidar un Estado republicano, federal y laico, afirmó derechos y combatió privilegios jurídicos incompatibles con la igualdad ciudadana. Fue una transformación indispensable. Pero ningún proyecto histórico está libre de contradicciones. La igualdad ante la ley no significó igualdad material. El Estado liberal podía proclamar ciudadanos jurídicamente iguales mientras una enorme proporción de la población continuaba viviendo en condiciones profundamente desiguales. Después llegó otra respuesta. Durante el Porfiriato se fortaleció la autoridad central, se extendieron las comunicaciones y los ferrocarriles, aumentaron la inversión y la actividad económica. El país adquirió orden administrativo y una presencia estatal que durante buena parte del siglo XIX había resultado difícil consolidar. Pero el orden tuvo un precio político.

Cuando las instituciones dependen excesivamente de una persona, la estabilidad puede parecer fortaleza cuando, en realidad, contiene fragilidad. Un Estado que funciona porque todos obedecen no necesariamente es un Estado institucionalmente sólido. Puede ser simplemente un poder eficaz mientras permanece intacta la autoridad que lo sostiene. La Revolución Mexicana nació, entre otras razones, de esa contradicción. Su mayor legado institucional fue comprender que la estabilidad política no podía descansar únicamente en el crecimiento económico ni en la autoridad presidencial. La Constitución de 1917 amplió el horizonte del Estado mexicano: ya no bastaba garantizar libertades individuales; era necesario reconocer demandas sociales, laborales, agrarias y educativas. El Estado dejó de concebirse solamente como árbitro y comenzó a presentarse como responsable del desarrollo nacional. Fue una transformación profunda. Sin embargo, el sistema político surgido de la Revolución produjo su propia paradoja: construyó instituciones mientras concentraba una enorme capacidad de decisión alrededor de la Presidencia. Durante décadas, México consiguió algo extraordinariamente difícil en América Latina: estabilidad política y sucesión presidencial regular sin golpes militares. Pero estabilidad no es necesariamente democracia.

La maquinaria política posrevolucionaria integró campesinos, trabajadores, organizaciones populares, empresarios y élites regionales dentro de un sistema capaz de administrar conflictos. Ese diseño permitió gobernabilidad, pero también generó corporativismo, concentración política y una relación profundamente asimétrica entre gobernantes y gobernados. México había construido un Estado fuerte. La pregunta era si había construido instituciones igualmente fuertes. El desarrollismo de mediados del siglo XX profundizó esa confianza en la capacidad gubernamental. La intervención estatal impulsó infraestructura, industrialización, educación, energía y crecimiento económico. Durante años pareció posible conciliar crecimiento, estabilidad y autoridad política. Hasta que las contradicciones comenzaron a mostrarse. El movimiento estudiantil de 1968 reveló algo que las cifras económicas no podían explicar: un Estado podía ser exitoso administrando la economía y profundamente deficiente procesando el desacuerdo político. Aquella fue una lección que México tardaría décadas en asimilar: la eficacia gubernamental no sustituye a la legitimidad institucional.corre

Las crisis económicas posteriores provocaron otro viraje. Desde los años ochenta comenzó a cuestionarse el tamaño, la intervención y la eficiencia del Estado. Privatización, apertura comercial, disciplina fiscal, integración económica internacional y competencia se convirtieron en los nuevos conceptos dominantes. El péndulo había cambiado de dirección. Donde antes se desconfiaba del mercado, ahora comenzó a desconfiarse del gobierno. También sería injusto reducir aquella etapa a una simple retirada del Estado. Durante esos años se desarrollaron instituciones destinadas precisamente a separar determinadas decisiones de las necesidades coyunturales del poder político. La autonomía del Banco de México, efectiva desde 1994, buscó otorgar a la política monetaria una estabilidad que no dependiera directamente de las decisiones del gobierno en turno.  Algo semejante ocurrió en materia electoral. La reforma de 1996 reforzó la autonomía del entonces Instituto Federal Electoral y retiró al Poder Ejecutivo de su integración, uno de los pasos decisivos para construir confianza en las elecciones mexicanas. Había aparecido otra concepción del fortalecimiento estatal: el Estado fuerte ya no sería necesariamente aquel que concentrara más atribuciones, sino aquel capaz de crear instituciones que incluso limitaran al propio gobierno. Pero esa transformación tampoco produjo una respuesta definitiva.

La estabilidad macroeconómica coexistió con desigualdad, informalidad, pobreza persistente y enormes diferencias regionales. La apertura económica creó sectores extraordinariamente competitivos, pero no consiguió integrar con la misma velocidad a todo el territorio ni a toda la población. El mercado tampoco resultó ser una solución automática. Y entonces México volvió a mirar hacia el Estado. El cambio político de 2018 expresó, entre muchas otras cosas, un profundo cuestionamiento al modelo anterior. Regresaron con fuerza conceptos como soberanía, justicia social, programas sociales, rectoría estatal y nacionalismo energético. La pregunta dejó de ser solamente cuánto debía crecer la economía. Volvió a plantearse para quién debía crecer. Esa discusión era necesaria. Pero toda reivindicación del Estado enfrenta una frontera delicada: fortalecer al gobierno no significa necesariamente fortalecer las instituciones.

La reforma constitucional del Poder Judicial publicada el 15 de septiembre de 2024 ilustra con particular claridad esa tensión. La reforma estableció la elección ciudadana de ministras y ministros de la Suprema Corte, magistraturas y personas juzgadoras federales. Quienes defendieron el cambio lo presentaron como una vía para democratizar y renovar al Poder Judicial. Sus críticos advirtieron riesgos para su independencia, profesionalización y equilibrio frente a los demás poderes. La controversia trasciende a un gobierno. Remite a una pregunta mucho más antigua: ¿Qué hace realmente fuerte a un Estado? ¿La capacidad de una mayoría para transformar sus instituciones? ¿O la existencia de instituciones capaces de limitar incluso a una mayoría? La experiencia mexicana muestra que ambas fuerzas necesitan convivir. Un Estado incapaz de transformarse corre el riesgo de proteger privilegios y estructuras obsoletas. Pero un Estado que modifica permanentemente sus instituciones según la voluntad del grupo gobernante difícilmente consigue convertirlas en patrimonio de todos. Ese quizá sea uno de los dilemas que México todavía no resuelve.

Cada corriente ideológica que ha gobernado el país dejó algo valioso y algo pendiente. El liberalismo construyó ciudadanía y secularización, pero no consiguió resolver la desigualdad. El nacionalismo revolucionario construyó cohesión e instituciones, pero toleró una concentración excesiva del poder. El desarrollismo produjo infraestructura y crecimiento, pero postergó la apertura política. Las reformas liberalizadoras promovieron estabilidad económica, competencia y organismos con autonomía frente al Ejecutivo, pero convivieron con insuficiencias sociales y capacidades públicas desiguales. La nueva etapa estatista ha recuperado la centralidad de la redistribución y de la intervención gubernamental, mientras vuelve a colocar en discusión los límites que deben existir entre mayoría política, gobierno e instituciones. Por eso, la verdadera discusión mexicana quizá no debería consistir en determinar qué ideología debe imponerse definitivamente. La pregunta debería ser otra: ¿Qué instituciones queremos conservar independientemente de quién gobierne?

Una nación madura no comienza nuevamente cada seis años. Corrige. Acumula. Aprende. Preserva aquello que funciona y reforma aquello que ha dejado de hacerlo. La alternancia debería cambiar políticas, prioridades y programas; no obligarnos a discutir permanentemente los fundamentos mismos del Estado. Porque un gobierno pertenece a una época; un partido, a sus militantes; una ideología, a quienes la comparten. Pero el Estado pertenece también a quienes perdieron la elección, a quienes disienten y a quienes todavía no han nacido.

Tal vez México termine de construir su Estado cuando ninguna generación política vuelva a sentir que, para hacer historia, necesita borrar primero la historia anterior.

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