La educación que renuncia a formar ciudadanos capaces de cuestionar al poder termina por convertirse en una amenaza para la democracia.
Una de las manifestaciones más preocupantes del deterioro democrático ocurre cuando el poder político deja de concebir la educación como un instrumento de emancipación intelectual y comienza a utilizarla como mecanismo de permanencia. Cuando un gobierno pretende determinar no sólo lo que las nuevas generaciones deben aprender, sino también cómo interpretar la realidad, comprender la historia y valorar el ejercicio del poder, la escuela corre el riesgo de abandonar su misión formativa para convertirse en un espacio de reproducción ideológica.
En México, la política educativa impulsada por la denominada Cuarta Transformación, iniciada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuada por la administración de Claudia Sheinbaum, obliga a examinar críticamente ese riesgo. No se trata de descalificar toda iniciativa gubernamental, sino de determinar hasta qué punto sus fundamentos, contenidos y mecanismos institucionales garantizan la libertad intelectual o favorecen la construcción de una hegemonía política y cultural.
La Nueva Escuela Mexicana reivindica principios legítimos: inclusión, justicia social, reconocimiento de la diversidad, participación comunitaria y pensamiento crítico. Sin embargo, la legitimidad de estos propósitos no exime al modelo educativo del escrutinio público. La contradicción surgiría si el pensamiento crítico que pretende fomentar encontrara sus límites precisamente en aquello que resulta incómodo para el gobierno que lo promueve.
¿Puede considerarse verdaderamente crítica una educación que cuestiona las estructuras económicas, sociales y políticas del pasado, pero no propicia con igual rigor el análisis de las contradicciones, insuficiencias y decisiones del poder contemporáneo?
El problema no radica en incorporar la dimensión política a la educación. Toda formación ciudadana implica valores, responsabilidades y referentes históricos. El peligro surge cuando una interpretación particular de la realidad adquiere categoría de verdad oficial y la pluralidad intelectual queda subordinada a los intereses gubernamentales. Existe una diferencia fundamental entre educar para comprender el poder y utilizar la educación para legitimarlo.
La narrativa gubernamental que contrapone un pasado marcado por la corrupción y los privilegios a un presente supuestamente reivindicador de la justicia social constituye una simplificación que merece especial vigilancia cuando se traslada al ámbito escolar. La historia de México no comenzó en 2018 ni sus aspiraciones democráticas son patrimonio exclusivo de una fuerza política.
La enseñanza de la historia debe permitir comprender la complejidad de los acontecimientos, reconocer avances y retrocesos, contrastar interpretaciones y examinar críticamente a todos los gobiernos, sin excepción. Reducir el pasado a una sucesión de culpables y redentores empobrece el conocimiento histórico y favorece una cultura política sustentada en adhesiones emocionales, antes que en juicios razonados.
Particularmente preocupante resulta la concentración de atribuciones educativas en el Ejecutivo federal. La desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2019 y la posterior supresión de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) representan un debilitamiento de los contrapesos institucionales encargados de examinar el desempeño del sistema educativo con independencia técnica.
Cuando un gobierno diseña, ejecuta y evalúa su propia política sin contrapesos suficientes, corre el riesgo de convertirse en juez de sus propias decisiones. La falta de instancias independientes dificulta identificar deficiencias, corregir errores y distinguir entre resultados tangibles y propaganda institucional.
Esta discusión adquiere especial gravedad ante la realidad del aprendizaje en México. Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) de 2022 revelaron que apenas el 34 por ciento de los estudiantes mexicanos evaluados alcanzó o superó el nivel mínimo de competencia matemática, frente al 69 por ciento del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Si bien estos resultados anteceden a la implementación generalizada del nuevo modelo educativo y no pueden atribuirse directamente a él, evidencian una deuda estructural que ninguna narrativa transformadora puede ocultar.
¿Cómo formar ciudadanos capaces de cuestionar discursos gubernamentales, interpretar estadísticas, identificar manipulaciones informativas y evaluar decisiones públicas si el sistema educativo no garantiza la adquisición de herramientas intelectuales elementales?
La precariedad del conocimiento favorece también la dependencia política. Una ciudadanía con capacidades limitadas de análisis resulta más vulnerable a la desinformación, al populismo, al clientelismo y a los discursos que sustituyen la argumentación por la exaltación emocional.
Frente a esta realidad, México necesita reivindicar la educación como política de Estado, no como patrimonio ideológico de una administración. Es indispensable establecer una instancia nacional de evaluación educativa dotada de independencia técnica, suficiencia presupuestaria y mecanismos transparentes de rendición de cuentas, cuyos resultados permitan valorar objetivamente la eficacia de las políticas públicas.
Asimismo, la elaboración de los libros de texto debe someterse a procedimientos públicos de revisión académica, con la participación plural de especialistas, universidades, docentes y representantes de las familias. Sus contenidos deben responder al conocimiento científico, al rigor histórico y a la diversidad de interpretaciones, no a las exigencias de legitimación de un proyecto sexenal.
La autonomía pedagógica del magisterio merece igualmente una protección efectiva. El docente debe ser un profesional capaz de suscitar interrogantes, contrastar argumentos y ampliar perspectivas, nunca un intermediario obligado a reproducir consignas gubernamentales. Para ello se requieren formación continua, condiciones laborales dignas y libertad intelectual acompañada de responsabilidad académica.
Es necesario, además, fortalecer la enseñanza de la lógica, la filosofía, la comprensión lectora, las matemáticas, la investigación científica y la formación cívica sustentada en los principios constitucionales. Estos saberes no sólo contribuyen al desarrollo profesional: constituyen herramientas indispensables para la defensa de la libertad individual y colectiva.
El artículo 3.º constitucional consagra una concepción de la democracia que trasciende su dimensión electoral y la reconoce como un sistema de vida orientado al mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Honrar ese mandato implica formar ciudadanos libres para disentir, capaces de exigir responsabilidades y preparados para decidir sin tutelas ideológicas.
La verdadera transformación educativa no debería medirse por la capacidad de un gobierno para transmitir su interpretación del mundo, sino por su disposición a formar generaciones capaces de cuestionarla, corregirla e, incluso, rechazarla.
La niñez mexicana no pertenece a un partido, a un movimiento político ni a un proyecto de poder. Su conciencia no puede convertirse en territorio de conquista ideológica ni su futuro quedar subordinado a las aspiraciones de permanencia de quienes circunstancialmente ejercen la autoridad.
La mayor prueba de vocación democrática de un gobierno consiste en educar ciudadanos capaces de contradecirlo.
Un régimen empeñado en perpetuarse necesita seguidores; una república comprometida con su futuro necesita ciudadanos. Confundir ambas aspiraciones no sólo traiciona el sentido de la educación: compromete la supervivencia misma de la democracia.
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