La educación constituye una de las responsabilidades fundamentales del Estado. De su calidad dependen las oportunidades de millones de mexicanos, la solidez de las instituciones, la competitividad económica y la construcción de una sociedad más equitativa. Sin embargo, México enfrenta una crisis educativa persistente que exige abandonar los discursos complacientes y examinar con rigor los resultados de sus políticas públicas. El problema no se limita a la cantidad de recursos invertidos, sino también a las prioridades establecidas, su distribución y la eficacia de las estrategias implementadas.
Sería injusto atribuir esta situación exclusivamente al gobierno actual. Durante décadas, distintas administraciones han promovido reformas sin garantizar su continuidad, financiamiento adecuado ni seguimiento sistemático. Cada sexenio anuncia una transformación educativa, mientras los problemas estructurales permanecen. Esta discontinuidad evidencia una deficiencia de fondo: la subordinación de la educación a intereses políticos, cuando debería asumirse como una política de Estado sustentada en objetivos nacionales de largo plazo.
Especial preocupación genera el debilitamiento de los mecanismos institucionales de evaluación. La desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el proceso de extinción de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) suscitan interrogantes sobre la independencia técnica y la transparencia del sistema educativo. Evaluar no significa perseguir al magisterio, sino identificar deficiencias y establecer medidas correctivas. Por ello, resulta indispensable contar con un sistema nacional de evaluación dotado de autonomía técnica, participación académica y mecanismos de rendición de cuentas. Ninguna autoridad debería ser juez exclusivo de sus propios resultados.
Los indicadores internacionales confirman la magnitud del desafío. En la evaluación PISA 2025, aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias, resultados inferiores a los promedios del organismo. Apenas tres de cada diez estudiantes alcanzaron el nivel mínimo de competencia matemática. Aunque el desempeño en ciencias se mantuvo relativamente estable, estas cifras evidencian que ampliar la cobertura escolar no garantiza aprendizajes satisfactorios. El éxito educativo no debe medirse únicamente por la asistencia a las aulas, sino por los conocimientos y las capacidades que adquieren los estudiantes.
En este escenario, la Nueva Escuela Mexicana requiere una evaluación objetiva. Sus principios de inclusión, vinculación comunitaria y pensamiento crítico responden a aspiraciones sociales legítimas. No obstante, ninguna reforma puede justificarse exclusivamente por sus propósitos. Su eficacia debe acreditarse mediante resultados verificables en comprensión lectora, razonamiento matemático y formación científica. Sin indicadores claros, resulta difícil determinar si sus estrategias contribuyen a superar los rezagos o se limitan a modificar el enfoque pedagógico.
Las prioridades presupuestales también requieren una revisión rigurosa. Las becas representan instrumentos valiosos para favorecer la permanencia escolar y apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad; sin embargo, el respaldo económico no garantiza, por sí mismo, una educación de calidad. La política pública debe distinguir entre acceso, permanencia y aprendizaje. En consecuencia, resulta fundamental complementar los programas de apoyo con tutorías, fortalecimiento académico y recursos destinados prioritariamente a las escuelas con mayores carencias. La asignación presupuestal debe responder a criterios verificables de rezago educativo, infraestructura y vulnerabilidad social, no a intereses coyunturales.
El magisterio desempeña un papel decisivo en cualquier transformación educativa. Exigir excelencia sin proporcionar condiciones adecuadas constituye una contradicción institucional. México necesita docentes reconocidos profesionalmente, formación continua y acompañamiento pedagógico efectivo. Los programas de actualización deben responder a necesidades detectadas en las aulas y evaluarse conforme a su impacto en el aprendizaje. Asimismo, reducir las cargas administrativas permitiría dedicar más tiempo a la enseñanza. Ninguna reforma prosperará plenamente si quienes deben llevarla a la práctica carecen de las herramientas indispensables.
Las consecuencias del rezago educativo trascienden el ámbito escolar. México enfrenta oportunidades derivadas de la relocalización internacional de cadenas productivas, fenómeno conocido como nearshoring. Sin embargo, atraer inversiones no garantiza desarrollo económico si el país carece de personal técnico especializado, competencias digitales y capacidades científicas. Es indispensable fortalecer la articulación entre la educación media superior, las universidades y los sectores productivos regionales, mediante esquemas de formación dual y actualización curricular. Sin capital humano calificado, México corre el riesgo de incorporarse a nuevas cadenas industriales sin aprovechar plenamente sus beneficios.
La desigualdad educativa representa, además, una manifestación de injusticia estructural. Mientras algunos estudiantes disponen de instalaciones adecuadas, tecnología y acompañamiento académico, otros asisten a escuelas deterioradas, carecen de servicios básicos o enfrentan obstáculos para continuar sus estudios. Esta disparidad contradice uno de los principios esenciales de la educación pública: garantizar oportunidades independientemente del origen social. Su corrección exige políticas diferenciadas que atiendan prioritariamente a las comunidades rurales, indígenas y marginadas.
La situación se agrava donde convergen pobreza, violencia y abandono escolar. La ausencia de oportunidades educativas y laborales profundiza la exclusión de los jóvenes. Por ello, las estrategias educativas deben coordinarse con programas de prevención social, orientación vocacional e inserción laboral. Paralelamente, el avance de la inteligencia artificial plantea desafíos que exigen alfabetización digital, pensamiento crítico y capacidad para distinguir información confiable. Sin embargo, ninguna herramienta tecnológica puede sustituir una formación sólida en lectura, escritura, matemáticas y razonamiento.
Frente a este panorama, México necesita pasar del diagnóstico a una estrategia nacional de recuperación educativa, con objetivos medibles, responsabilidades definidas y plazos de cumplimiento. No se trata de promover otra reforma sexenal ni de sustituir programas únicamente por razones políticas, sino de establecer prioridades que respondan a las necesidades reales del sistema educativo.
El primer paso debe ser la elaboración de un diagnóstico nacional de aprendizajes y condiciones escolares, coordinado por la Secretaría de Educación Pública y las autoridades estatales, con participación de universidades e instituciones académicas independientes. Este ejercicio permitiría identificar los rezagos por región, nivel educativo y condición socioeconómica, así como establecer una línea de referencia para evaluar los avances. Sus resultados deberían hacerse públicos y actualizarse periódicamente, mediante indicadores comparables y metodologías transparentes. A partir de ese diagnóstico, resulta indispensable establecer un programa nacional de recuperación de aprendizajes, concentrado inicialmente en lectura, escritura y matemáticas durante los primeros tres años de implementación. Las escuelas con mayores rezagos deben recibir acompañamiento pedagógico, tutorías focalizadas y materiales pertinentes. Una meta prioritaria sería reducir de manera sostenida la proporción de estudiantes que no alcanzan los niveles mínimos de competencia, mediante objetivos anuales diferenciados y verificables. No basta con identificar dónde están las deficiencias: es necesario intervenir, medir los resultados y corregir oportunamente.
En materia de infraestructura, debe establecerse un plan multianual con financiamiento identificado, inventarios públicos de necesidades y criterios transparentes de asignación. La prioridad corresponde a planteles sin agua potable, sanitarios adecuados, electricidad, conectividad o condiciones mínimas de seguridad. Cada obra debería contar con presupuesto, calendario de ejecución y mecanismos de supervisión ciudadana. La recuperación de los espacios escolares no puede depender de decisiones discrecionales ni de acciones aisladas.
La profesionalización docente requiere compromisos igualmente concretos. La Federación y los estados deben garantizar formación continua pertinente, acompañamiento en las aulas y condiciones laborales que favorezcan la enseñanza. La capacitación no debería medirse únicamente por el número de cursos impartidos o constancias expedidas, sino por su contribución efectiva al desempeño pedagógico y al aprendizaje de los alumnos. Asimismo, la reducción de trámites administrativos tendría que convertirse en una meta verificable de la gestión educativa.
La vinculación entre educación y desarrollo económico exige una agenda regional. Las instituciones de educación media superior y superior, junto con empresas y organismos especializados, deben identificar las competencias técnicas y científicas que demandarán los sectores productivos durante la próxima década. Esta coordinación permitiría ampliar la formación dual, modernizar laboratorios, fortalecer las carreras tecnológicas y mejorar las oportunidades de empleo para los egresados, sin subordinar la formación integral a las necesidades inmediatas del mercado.
La viabilidad de estas medidas depende de un compromiso presupuestal sostenido. El Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deben exigir que los recursos educativos estén vinculados a objetivos definidos y sujetos a fiscalización. Para ello, sería conveniente publicar anualmente un informe nacional que presente, de manera accesible, el avance de los aprendizajes, la permanencia escolar, la capacitación docente, la infraestructura y el ejercicio presupuestal. Este instrumento permitiría distinguir los resultados efectivos de los anuncios gubernamentales.
La estrategia debe incorporar, además, un calendario de ejecución. Durante el primer año corresponde integrar el diagnóstico, definir prioridades y establecer las líneas de referencia. En los siguientes tres años deberán concentrarse las intervenciones académicas y de infraestructura, con evaluaciones anuales y ajustes sustentados en evidencia. Posteriormente, una revisión independiente permitirá determinar qué acciones deben mantenerse, ampliarse o modificarse. Estas etapas requieren acuerdos institucionales que aseguren su continuidad más allá de los cambios de administración. Ante este desafío, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad de impulsar una política educativa capaz de demostrar mejoras concretas. La continuidad de la Nueva Escuela Mexicana, los programas de becas y las acciones de infraestructura debe acompañarse de transparencia, evaluación independiente y disposición para rectificar. Reconocer los esfuerzos gubernamentales no implica aceptar resultados insuficientes. Gobernar también exige identificar errores, asumir responsabilidades y modificar las decisiones cuando la evidencia así lo demanda.
México, nuestra Patria necesita, en consecuencia, un acuerdo nacional por la calidad educativa, construido entre autoridades, docentes, universidades, especialistas, familias y representantes de la sociedad civil. Su finalidad debe ser garantizar la continuidad de las prioridades fundamentales, establecer compromisos presupuestales realistas y asegurar mecanismos públicos de seguimiento. La participación social no puede reducirse a una consulta simbólica: debe traducirse en corresponsabilidad, vigilancia ciudadana y exigencia de resultados. La dimensión del problema impide soluciones inmediatas, pero no justifica la inacción. Recuperar los aprendizajes, dignificar la labor docente, reducir las desigualdades y preparar a las nuevas generaciones para los desafíos científicos y tecnológicos exige voluntad política, disciplina institucional y perseverancia. Las metas deben ser ambiciosas, pero también verificables; los compromisos, duraderos; y los resultados, públicos.
La educación no pertenece a un partido político, a un sindicato ni a una administración: pertenece a la nación. Defender su calidad constituye una exigencia democrática y una responsabilidad colectiva. México aún está a tiempo de corregir el rumbo, pero necesita sustituir la retórica por resultados, las confrontaciones por acuerdos y las promesas por oportunidades reales.
Porque la verdadera transformación educativa no se proclama desde el poder; se demuestra en las aulas.