En función de su poder duro, suave o ambos (smart), los estados velan por su seguridad nacional y atienden los retos de la coyuntura internacional. En un contexto turbio, donde la polarización y la violencia arriesgan la paz, esa doble tarea condiciona su habilidad para dotar de contenido los valores que proclaman de libertad, justicia y bienestar. Al margen de su orientación político-ideológica, los Estados tratan de consolidar proyectos soberanos y contribuir al establecimiento de un ordenamiento mundial relativamente estable, cierto y predecible. En teoría, esta narrativa va de la mano del sistema liberal establecido después de la Segunda Guerra Mundial y del presunto carácter virtuoso de la sociedad de naciones. No obstante, los hechos dejan ver la evolución negativa del modelo, porque la interdependencia beneficia a pocos y margina a muchos. Tal realidad alerta sobre la pertinencia de revisar la forma en que se toman decisiones políticas y operan los mercados. La idea es que que todas las naciones, en especial las periféricas, remonten insuficiencias estructurales, tengan acceso a tecnologías innovadoras y abracen el desarrollo sostenible. Desafortunadamente, los organismos multilaterales, cuya vocación es impulsar este tipo de agenda, poco pueden hacer para alcanzar dichas metas, porque su legitimidad está menoscabada y adolecen de capacidades para desactivar las tensiones que afectan la gobernanza del mundo.
Frente a este diagnóstico, los gobiernos cuentan con recursos diplomáticos para enderezar la globalización, revertir desencuentros y ofrecer opciones de progreso. El desorden es galopante y la diplomacia podría propiciar un acomodo alternativo, que actualice el idealismo wilsoniano y atempere retóricas populistas, de izquierda y derecha, que invocan soberanía y no intervención para autoexcluir al Estado de su obligación de rendir cuentas en capítulos como democracia, Derechos Humanos y gestión pública asertiva y transparente. Cierto, existe una visión poco esperanzadora de la habilidad de los pueblos para hacer que la interdependencia genere cooperación corresponsable, horizontal y transversal. No obstante, una óptica más constructiva, tendría que calibrar los alcances y límites del poder de cada Estado en función de su simetría con el Derecho Internacional. De ser así, los mismos estados alinearían sus objetivos de seguridad nacional para afrontar, de manera consensuada, a una globalización disfuncional y que amenaza la paz. Los tiempos llaman a detonar un diálogo universal, que atienda las causas estructurales que impiden a la ONU cumplir con su mandato y ofrezca a los estados vías de acceso a las justicias conmutativa, distributiva y social que requieren para hacer del poder instrumento generador de bienestar y no de confrontación. La práctica de ciertas potencias de descalificación compulsiva y unilateral de los intereses colectivos que recoge la Carta de San Francisco, marca una ruta de colisión que es urgente desandar. Quis custodie ipsos custodes? (Juvenal).
El autor es Doctor en Ciencias Políticas e internacionalista.