Fue la característica del régimen morenista la que dislocó el casi silencioso, paulatino y constante estrangulamiento de la autonomía de la autoridad ejecutiva nacional electoral: la corrupción.
El el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se venció la resistencia por la vocación de la liga al poder de la mayoría restante -electos en la concordia del sistema tripartidista real de 2016- al optar la mayoría morenista del Senado en 2023 por no cubrir las vacantes producidas ese año, a raíz del término de dos de siete mandatos.
En el Consejo General del INE la captura y sujeción venían a otro ritmo. Los acuerdos en la pluralidad de 2020 fueron sustituidos por la insaculación de una mayoría de personas afines al régimen en 2023 y la imposición de la mayoría calificada en 2026 -sobre representación excesiva e inconstitucional avalada en 2024 por la mayoría del Consejo General del INE y la Sala Superior. En principio, los alineamientos de la presidencia y, al menos, cinco integrantes del Consejo con las directrices del régimen se hicieron evidentes; un ejemplo, la negativa a establecer reglas para impedir actividades anticipadas de precampaña previsibles y, luego, efectuadas por los partidos de la coalición gobernante. No lo atempera que algunas oposiciones prefirieran hacer lo mismo que la mano.
Más allá de los trascendidos interesados -pero confirmatorios de la voluntad y práctica del control gubernamental- sobre compromisos políticos asumidos por la Sra. Taddei con ambiciones futuras de integrantes de las esferas de mayor altura del morenismo o en torno a errores sobre los intereses del vértice formal, como la auténtica razón de la publicidad dada a sus graves irregularidades administrativas y hechos de corrupción, la realidad es que el escándalo del ejercicio presupuestal regido por el interés patrimonial personal, potenciado por sus aparentes vínculos sentimentales con el particular mayormente beneficiado, ha resultado en un costo político gigantesco. Indicios sólidos de actos presuntamente delictivos que merecen no las investigaciones rápidas e integrales indispensables y las consignaciones ante la autoridad judicial penal, sino la imputación con la falacia del argumento de autoridad (gubernamental) a las gestiones previas del INE y de su antecesor en la función electoral.
Es paradójico: se admite la corrupción presente con el señalamiento sin evidencias de que hubo irregularidades en el pasado al adquirir los materiales electorales, y se aduce que quien habría de estar indiciada no debía su cargo al régimen sino al Consejo General del INE de 2014 y a la suerte.
Hemos ido del escenario de la captura, al del ánimo destructivo y de sustitución en un ambiente ajeno al diálogo y la construcción de entendimientos en la pluralidad. De la inconformidad por la actuación parcial pero dentro de la normativa y los procedimientos del tiempo de la transición democrática, a la amenaza del establecimiento de una normativa y una autoridad comicial con un modelo anclado en la sola la aprobación de la mayoría hoy imperante.
La toma del INE por el régimen tiene ahora otro encuadre, otra perspectiva y otro significado para la ciudadanía.
Primero las diferencias sobre la idea democrática: de un lado, la democracia liberal y la representación incluyente de la diversidad y, del otro, la democracia popular y la mayoría excluyente del pensamiento disidente; de un lado, la autoridad que descansa en la legitimidad electoral y, del otro, la autoridad que descansa en los compromisos de justicia social; de un lado, la sustracción del diálogo sustantivo por carecer de votos suficientes para fundar su necesidad y, del otro, la afirmación del derecho-deber de decidir por tener los asientos, aunque el comportamiento sea contrario al espíritu de reconocer a los otros. Así, para la vertiente de la democracia popular del régimen, el INE y el IFE han sido instrumentos de la democracia liberal. No corresponden a la nueva concepción de democracia que se impulsa, donde el dogmatismo lleva a concluir que pensar diferente cancela el diálogo, previene el reconocimiento como parte del pueblo (la sociedad de nacionales) y proscribe los entendimientos y los acuerdos.
Es polarización extrema en el cogollo del ejercicio de los derechos políticos, que lleva a la exclusión, luego a la descalificación y, más tarde, a la persecución con ánimo sancionatorio para ejemplarizar.
El régimen morenista culminó su fase absolutista o de concentración del poder en la figura presidencial; la división de poderes está reducida al papel que ocupan las 16 palabras del párrafo primero del artículo 49 constitucional, pues no existe deliberación auténtica ni control parlamentario en el Legislativo, y tampoco independencia en el Judicial.
La fase autoritaria del propio régimen avanza sin la forma sencilla de apreciar la absolutista; pero está presente y crece por la ausencia de tolerancia a las ideas distintas y la crítica, la negativa a aceptar la representación de quienes no sufragaron por la coalición gubernamental, el desdén al diálogo amplio para buscar soluciones a los desafíos que enfrenta la Nación en múltiples ámbitos y el rechazo total a la pertinencia de construir acuerdos que requieren -por su naturaleza- la más amplia convergencia de la pluralidad nacional.
Las reglas del acceso al poder estarían en esa categoría, pero hay descalificación y exclusión de lo diverso desde antes del inicio.
La ruta por el control de la autonomía electoral se contempla como la cúspide del pragmatismo del régimen, pero no tiene sustento en los valores y principios democráticos.
Aún con su deterioro por la captura gubernamental, el IFE/INE ha aportado y aporta al sistema político el pilar de confiabilidad para que los votos se expresen libre y auténticamente con base en la ciudadanía participante. Lo hizo a partir de (i) un órgano colegiado con controles políticos y orgánicos; (ii) un servicio profesional electoral reclutado, formado y comprometido con la imparcialidad y el ejercicio libre del voto de la ciudadanía; y (iii) una ciudadanía responsabilizada del deber de asegurar la legalidad y limpieza de las votaciones en las casillas, como servicio cívico a su comunidad más próxima. Uno erosionado y dos en riesgo.
En 2023-2027 el INE no ha presentado buenas cuentas (y no hablo de lo administrativo), pues en 2023-2024 los grandes déficits fueron la falta de equidad y la interpretación que acarreó la sobrerrepresentación excesiva en San Lázaro, en 2025 la incapacidad para hacerse valer en torno a las formas y el resultado de las elecciones judiciales (del acordeón y la escasísima participación) y en 2026 ha repetido la ruta de tres años antes sobre actos anticipados de precampaña y gasto sin fiscalizar.
Sin embargo, el costo de destruirlo para establecer la estructura acorde a la idea de la democracia popular del régimen debilitaría aún más la confianza de la ciudadanía, pues le retiraría su función protagónica; más allá de quienes tengan alguna identidad partidista, generaría un detrimento en la participación cívica y política y promovería indirectamente las corrientes de acción al margen de la ley
Sin acceso democrático al poder se cancelan las vías para exigir cuentas por el desempeño y se diluye el camino para demandar una rendición de cuentas transparente. Al final, las fases absolutista y autoritaria traen consigo los riesgos de la debilidad del gobierno, la pérdida de legitimidad y la propensión a la inestabilidad política.
