Joaquín Pérez Sánchez
Sin duda fue histórico el fallo contra el ex dictador guatemalteco, general Efraín Ríos Montt, uno de los principales ejecutores de las políticas contrainsurgentes implementadas en Guatemala durante el enfrentamiento armado interno.
Un hito, es cierto ¿el fin de la impunidad? No, en todo caso, apenas una pausa y un precedente muy importante en una de las regiones más castigadas por la barbarie, asolada por el militarismo, el narcotráfico, la corrupción, pero sobre todo, por la violación sistemática a los derechos humanos.
El pasado 10 de mayo, un tribunal guatemalteco condenó a 80 años de cárcel por “genocidio y crímenes contra la humanidad” al ex dictador Ríos Montt, quien tras encabezar un golpe de Estado, “gobernó” Guatemala con “puño de hierro” entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
Ríos Montt es uno de los “generales” del ejército de Guatemala, que impulsaron las políticas contrainsurgentes más sanguinarias y crueles que se han aplicado en el orbe.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), entidad formada tras los Acuerdo de Paz de 1996, que pusieron fin a más de 30 años de enfrentamiento armado, la guerra en el país centroamericano provocó más de 200 mil muertos.
Las violaciones a los derechos humanos, particularmente las cometidas en contra de la población indígena, que es la mayoría en Guatemala, fueron atroces y más del 90 por ciento fueron cometidas por el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado.
El ejército guatemalteco y Ríos Montt, como uno de sus principales ejecutores, aplicó la “política de tierra arrasada” que provocó la desaparición del mapa de más de 400 aldeas, el éxodo a México de más de 45 mil refugiados, más de 100 mil desplazados internos y por supuesto un número escalofriante de desaparecidos y asesinados (200 mil víctimas).
Sin embargo, la justicia guatemalteca sólo juzgó a Ríos Montt por mil 700 casos. No obstante, el fallo sienta un precedente importante, porque se trata del primer caso en el que la justicia condena a un ex gobernante por los delitos de genocidio y de lesa humanidad en América Latina y, además, por tratarse de Guatemala, uno de los países de Centroamérica, donde más duramente se ha practicado la contrainsurgencia.
En este contexto, la condena contra Ríos Montt es muy importante, pero está muy lejos de ser el fin de la impunidad en Guatemala y en toda Centroamérica, ya que los secuestros, asesinatos y amenazas contra activistas políticos, dirigentes indígenas, sindicalistas, periodistas o defensores de los derechos humanos, no han cesado.
La impunidad sigue siendo un objetivo principal a erradicar en la región, pero sin duda, el fallo de la justicia guatemalteca contra Ríos Montt, es un paso esperanzador.