Joaquín Pérez Sánchez

Un barco con cerca de 500 personas se hundió en las cercanías de la isla italiana de Lampedusa, produciéndose una tragedia más en el constante drama de los inmigrantes. El hecho provocó la indignación y la crítica hacia las políticas migratorias de la Unión Europea, pero como en anteriores ocasiones, no importa el número de muertos, la retórica del poder sigue su curso.

Al cierre de este material, el número de personas fallecidas llegaba a 195, pero de acuerdo con testimonios de los 155 sobrevivientes, en la embarcación que naufragó el tres de octubre pasado frente a la isla italiana, viajaban más de 500 indocumentados, por lo tanto la suma de víctimas ascenderá a más de 200.

La tragedia fue calificada por el Papa Francisco como una “vergüenza” y suscitó amplias condenas, sobre todo en las redes sociales. Quizá por ello los ministros del interior de la Unión Europea (UE) se aprestaban para reunirse e intentar ponerse de acuerdo sobre qué se puede hacer al respecto, pero desde ya se vislumbraba la imposibilidad de “medidas concretas” para solucionar esta problemática.

No es la primera vez que ocurre una tragedia como ésta, pero el elevado número de víctimas puso de nuevo la cuestión sobre la mesa. La Unión Europea no tiene una política definida sobre la migración, por el contrario, lo que existe es una maraña legaloide que mezcla legislaciones nacionales y comunitarias, así como instrumentos internacionales que, en la práctica, de acuerdo con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos de los migrantes, Francois Crépeau, “ha creado una realidad en la que los migrantes de países no europeos, y en particular aquellos procedentes de países en desarrollo sin programas de facilitación de visados con la UE, se ven imposibilitados cada vez más para poder entrar en la UE de manera legal, con el fin de buscar trabajo en persona”.

Es decir, nada nuevo, políticas migratorias que segregan y tratan de controlar los flujos de personas, de acuerdo a los intereses de los estados, pero que en la práctica favorecen el tráfico ilegal, la servidumbre, la explotación y el racismo.

Las políticas migratorias de la Unión Europea y de sus Estados miembros siempre han sido segregacionistas, sin embargo, la Europa rica aceptó avanzar en políticas migratorias con los países de Europa del Este. De esta manera, migrantes rumanos, albaneses, búlgaros y eslovenos, entre otros, ahora pueden obtener visas de trabajo en los países “ricos”, pero se ve muy lejano que tomen una decisión similar con los inmigrantes del sur.

Mientras tanto, miles de africanos seguirán intentando llegar a Europa, el hambre y la guerra que les rodea, los obliga a buscar un mejor futuro. Los estados europeos representan un componente más de aquellos que se han beneficiado económicamente de las riquezas de ese continente. Mucha responsabilidad les compete para detener tragedias como las de Lampedusa.