COMUNICACIÓN
La reforma constitucional de las telecomunicaciones/IX-XII
Javier Esteinou Madrid
El proceso de cambio del prototipo histórico de la comunicación nacional con la reforma constitucional de las telecomunicaciones sufrió una gran transformación estructural que atravesó por diversas etapas de elaboración, dentro de las cuales destacó la polémica en el Congreso de la Unión.
B.- La primera discusión en la Cámara de Diputados
Después de la firma del Pacto por México, el Poder Ejecutivo dio otro paso trascendental al enviar al Congreso de la Unión el 19 de marzo del 2013 la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, con apoyo de la casi totalidad de la clase política nacional, para modificar la arcaica y desigual realidad comunicativa que reinó en México en las últimas 5 décadas. Tal propuesta fue un hecho sorpresivo, insólito e histórico para el futuro de la sociedad mexicana, pues fue una transformación constitucional que creo jurídicamente un nuevo modelo de comunicación de 180 grados distinto que rescató las principales demandas de apertura, democracia, participación, competencia y pluralidad que la sociedad civil le exigió al Estado mexicano en los últimos 40 años. Así, la reforma constitucional fundamentalmente rescató la rectoría del Estado en esta materia.
Dicha iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados el 21 de marzo del mismo año por el PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza con 414 votos a favor, 50 en contra, 8 abstenciones y 92 reservas al dictamen original enviado por el Poder Ejecutivo Federal, en una sesión maratónica que duró más de 10 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
El contenido de la iniciativa modificó diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política Mexicana, incluyendo 42 temas fundamentales que la sociedad mexicana había demandado durante las últimas cinco décadas en este ámbito y los desarrolló con visión progresista para ser incluidos como norma general en la Carta Magna, con el fin de cumplir con los compromisos básicos establecidos en el Pacto por México en el rubro de las comunicaciones.
Entre los principales aspectos que se aprobaron para cambiar la Constitución figuraron, entre otros, los siguientes:
Reconocimiento del derecho al libre acceso a la información y del derecho a la libertad de difusión como garantías constitucionales. Abordar normativamente la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicio público. Certificar el derecho de libre acceso a la información y derecho a la libertad de difusión. Derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información, los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha. Avalar el acceso universal de las personas a la sociedad de la información y el conocimiento. Garantizar el acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial. Dotar al Congreso de la Unión con facultades expresas para dictar leyes en materia de tecnologías de la información, radiodifusión y telecomunicaciones.
Crear un solo ordenamiento jurídico que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Propiciar la competencia en televisión, telefonía, telefonía y servicios de datos. Determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, y fijar las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia. Regular a los operadores dominantes.
Formación de tribunales especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. Creación de la Comisión Federal de Competencia (CFC) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como órganos constitucionales autónomos, con personalidad jurídica, presupuesto propio y autonomía de gestión. Fortalecer sustancialmente a nivel constitucional las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la de la Comisión Federal de Competencia.
Homologar las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones en una sola figura que distinga las de uso comercial, público, social y privado. Autorizar las concesiones de la banda ancha, de los servicios públicos de radiodifusión y de las telecomunicaciones en condiciones de competencia, pluralidad, calidad, y convergencia, optimizando el espectro radioeléctrico. Otorgar las concesiones mediante licitación pública a fin de asegurar la máxima concurrencia y no por criterios políticos o de presión empresarial. Las concesiones para uso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa, evitando que el factor determinante para definir al ganador sea meramente el criterio económico. Elaborar un Registro Público de Concesiones. Licitar dos nuevas cadenas de televisión abierta.
El must carry y must offer serán gratuitos, salvo en los casos en que los concesionarios de telecomunicaciones o de la televisión radiodifundida que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión o como agentes económicos preponderantes, pues no tendrán derecho a la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita.
Crear una política de inclusión digital universal que abarque objetivos y metas en conectividad para las tecnologías de comunicación e información. Instalar una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo, que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones.
Aprovechar el uso eficiente de la banda de 700 Mhz. Instalar Internet de banda ancha en edificios públicos. Desarrollar una robusta red troncal de telecomunicaciones.
Reconocer a los medios de Estado independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia, rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Crear una cadena de medios públicos. Reglamentar el derecho de réplica. Prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
Dotar de atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones para vigilar que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada y no rebasen los tiempos máximos de transmisión de mensajes comerciales.
El Instituto contará con las facultades suficientes para supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3 de la Constitución, así como las normas en materia de salud estableciendo lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público menor de edad. Las resoluciones jurídicas sobre esta materia únicamente podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, etcétera.
Con dichos avances normativos el Poder Legislativo colocó las bases jurídicas para crear otro modelo electrónico de comunicación colectivo en el país.
jesteinou@gmail.com